Cada año, por estas fechas, hay un debate público que se recicla, casi con las mismas expresiones de hartazgo y condena, con idénticas explicaciones y justificaciones y, lo que es peor, con la misma actitud y respuesta de cinismo –rayano en valemadrismo— de los acusados en toda esta polémica: los desgastados y poco confiables partidos políticos. Nos referimos por supuesto al financiamiento público que el Instituto Nacional Electoral propone al Congreso para definir el monto de dinero que los contribuyentes destinarán a las actividades y campañas de los partidos y candidatos independientes, que esta vez será de 6 mil 788 millones de pesos para el año electoral 2018.
El 99% de ese monto (6, 702 mdp) se lo llevarán los partidos y menos de 1% (42 mdp) será para candidatos independientes. La cifra aprobada el viernes pasado por el Consejo General del INE ha vuelto a desatar el mismo debate. Y es que, en medio del hartazgo ciudadano por el dispendio gubernamental, los escándalos de corrupción y el descrédito y desconfianza a la política y los políticos, percibidos como “mafias”, otra vez en nuestra cara –“in your face”, dirían los gringos— se vuelve a proponer, y así lo aprobará por el Congreso, un gasto mayor para los partidos, que en 2018 se incrementa casi 40% más con relación al gasto de 2017, que fue de 4 mil 256 mdp, y 25% más si se le compara con los 5 mil 292 mdp gastados en las elecciones de 2012.
La paradoja es que mientras los recursos a programas sociales, educativos y de inversión pública disminuirán en el Presupuesto 2018, por los “ajustes y recortes al gasto” anunciados por Hacienda, el gasto a partidos nunca se reduce; por el contrario, se incrementa cada año y en cada elección presidencial ¿Dónde queda la austeridad y “disciplina fiscal” cuando a los partidos políticos se les sigue dando “magna ancha”?
Las críticas repetidas dirán que los partidos “no tienen llenadera”, que “son un barril sin fondo” y que “seguimos pagando una democracia cara e ineficiente para el ciudadano”. También vuelven los cuestionamientos al INE por proponer carretadas de dinero público a los partidos y los consejeros vuelven a defenderse justificando que ellos “no aprueban la fórmula y sólo la aplican”, mientras reiteran las “bondades” de mantener el financiamiento público para evitar que “oscuro dinero privado y de origen incierto” domine nuestras elecciones.
Como si no acabáramos de ver en el Edomex y Coahuila, que todos los partidos –desde el gobernante hasta los opositores más “puros”– se meten cantidades exorbitantes de dinero de origen incierto, privado o público, y gastan en campaña mucho más dinero del legalmente autorizado.
La dichosa fórmula de cálculo, del artículo 41 constitucional, dice el dinero público a los partidos se decide por el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral multiplicado por 65% “del valor diario de medida y actualización”; así se calcula el 30% del monto total a repartir en cantidades iguales a los partidos, y el 70% restante se define por los votos que cada fuerza obtuvo en la última elección de diputados federales. Por eso los partidos nunca pierden: aún cuando su votación baje y disminuyan sus ingresos por esa vía, siempre tendrán garantizado el fondo del padrón electoral que crece cada año.
Contra esa fórmula, que se niegan a modificar los mismos partidos en el Congreso, hay iniciativas como la del diputado independiente de Jalisco, Pedro Kumamoto, que plantean un cambio radical en la fórmula: que los recursos públicos a los partidos se calculen con base en la votación total emitida en una elección. Es decir, que si sólo vota 50% del padrón, sobre ese porcentaje se calcule la fórmula y no sobre el total del padrón. Con eso, afirma Kumamoto, el estado de Jalisco, que ya aprobó su iniciativa, ahorrará hasta 40% menos en el gasto a los partidos a partir de 2018.
A riesgo de caer en la misma repetición que criticamos, ¿no llegó el momento, en medio del descrédito actual de la política y la poca eficiencia pública, de aplicar a los partidos un criterio de racionalidad que disminuya su costo? Si los seguimos engordando con nuestros impuestos no habrá dinero que alcance. Porque ellos, visto está, no tienen llenadera.
NOTAS INDISCRETAS…Mientras aquí y en Toluca lo apuntaban para la Secretaría de Gobierno del gabinete de Alfredo del Mazo, Roberto Campa sigue con su intensa agenda como subsecretario de Derechos Humanos y niega cualquier interés de dejar Bucareli. De hecho, el viernes que su nombre era mencionado, Campa estaba reunido con los líderes de San Salvador Atenco encabezados por Ignacio y América del Valle, con quienes dialogaba sobre las afectaciones del nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México. “Yo sigo trabajando en la agenda de derechos humanos y no voy a ningún lado”, dice seguro el subsecretario a los que le buscan “chamba” en tierras mexiquenses…Los dados abren con Escalera. Pinta bien la semana.