Septiembre arranca en 10 días con una agenda saturada de sucesos y eventos políticos y económicos de la mayor trascendencia para el país. De entrada, el 1 de septiembre, habrá tres hechos del alto impacto: el Quinto Informe de Gobierno del presidente Peña Nieto, la Segunda Ronda de Negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte con la presencia en la Ciudad de México de las delegaciones de los tres países, y también ese día comienza el penúltimo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión de la actual LXII Legislatura que concluye el próximo año.
Peña llega su penúltimo informe en la soledad del quinto año y en la antesala de la sucesión presidencial que se anticipa complicada por la presión de grupos priistas que rechazan la “imposición” de un candidato sin consenso. 20% de aprobación en las encuestas y el fracaso de su estrategia de seguridad, por cifras record como los 12 mil 155 asesinatos en el primer semestre de este año y delitos de “alto impacto” en tendencia creciente, serán saldos negativos para el presidente en este informe.
La propaganda oficial se centra en un Peña Nieto grabado en calles y plazas del país mostrando cifras optimistas de empleo, obra pública y programas sociales, pero nada dirá de la corrupción y escándalos no resueltos como el de Odebrecht, donde además de la falta de castigo a los responsables (México es el único país donde el caso sigue en la impunidad) también ronda la sospecha de que los sobornos de 10 millones de dólares de la compañía brasileña fueran a su campaña en 2012, ante la afirmación de Emilio Lozoya y sus abogados de que ellos no recibieron ni retiraron ese dinero que ingresó a cuentas de paraísos fiscales.
México, como país, tampoco llega en la mejor condición a la segunda fase de negociación del TLC, que inicia también el 1 de septiembre. Si bien seremos anfitriones, el ambiente con el que inicia esta segunda vuelta está marcado por las presiones de Washington para imponer su agenda y sus condiciones, además de la premura que hay para apurar el calendario de la renegociación para evitar “contaminación política” con las elecciones presidenciales de México y las del Congreso de Estados Unidos en el 2018.
También el primer día de septiembre inicia en el Congreso el penúltimo periodo ordinario de sesiones que será, en los hechos, el último llamado para los acuerdos ante la cercanía de la disputa presidencial. Leyes como la de Seguridad Interior y el Mando Mixto podrían tener en este periodo su última oportunidad, además de decisiones largamente pospuestas en el Senado como elección de un Fiscal Anticorrupción, de 18 Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que sancionarán también la corrupción, y la elección aplazada de un nuevo Fiscal General de la República que sigue pendiente en medio de la probada ineficacia de la actual PGR.
El 8 de septiembre habrá otros dos eventos importantes: la Secretaría de Hacienda entregará a la Cámara de Diputados el Proyecto de Presupuesto Federal para 2018, junto con los criterios de política económica, que determinarán las metas y variables económicas: PIB, déficit público, inflación, precio del dólar y precio del petróleo que regirán la política económica y financiera del país en el año de la sucesión presidencial.
Porque el mismo 8 de septiembre inicia oficialmente el proceso electoral federal 2018, con lo que el INE dará inicio a los trabajos de organización de las elecciones en las que se renovará la Presidencia de la República, las dos Cámaras del Congreso de la Unión y 9 elecciones estatales para elegir gobernador, diputados locales y alcaldías, para un total de 3 mil 326 cargos que se renovarán el 1 de julio del 2018, en la jornada de votaciones más grande que haya tenido lugar en la historia democrática del país.
El inicio del proceso electoral federal, en el contexto de un INE cuestionado y cuya autoridad ha sido puesta en duda por algunos actores, supone para el organismo electoral lo mismo echar a andar toda la maquinaria profesional y ciudadana para organizar los comicios, que también aplicar medidas correctivas y reglamentos estrictos, como el de prohibición de contratación de publicidad pagada a aspirantes o el de uno próximo que impida el uso de programas sociales y tarjetas monetarias y de prepago, con los que los consejeros del Instituto Nacional Electoral buscarían no sólo mandar un mensaje de fuerza y autoridad, sino evitar las fallas y cuestionamientos por debilidades y errores cometidos en las elecciones del Estado de México y Coahuila.
A todo eso súmele usted el grito de Independencia, que suele ser un termómetro político poco favorable para los presidentes en su quinto año, y tendremos una agenda política y económica recargada en este septiembre, un mes donde puede pasar todo, aunque tal vez, como siempre en este país, no pase nada.
