En medio de la agitada discusión pública desatada por el candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, con sus cuestionamientos a la viabilidad técnica, financiera y de transparencia de una obra ya en plena construcción, como el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, surge información sobre otro gran negocio multimillonario que se teje en torno a la nueva terminal aérea en el lecho del antiguo Lago de Texcoco. Se trata de Aetotrópolis, como se denomina a todo el ambicioso proyecto urbano y logístico que proyecta construir, en 4 mil 431 hectáreas de los municipios de Atenco y Texcoco un nueva “ciudad” que abastezca de infraestructura, logística de transportación y carga, servicios urbanos, comercio y vivienda de nivel medio y alto al Hub Internacional que se pretende construir en torno al nuevo aeropuerto.
Se trata de un gran proyecto de desarrollo que vale hasta 20 veces más el costo del nuevo aeropuerto y cuyas inversiones y desarrollos significan negocios multimillonarios y continuos para los próximos 50 o 100 años para construir y desarrollar desde centros comerciales, hoteles, autopistas urbanas, parques industriales y empresariales, áreas exclusivas de vivienda de nivel alto, zonas de libre comercio, clubes deportivos y de golf, hasta un parque de diversiones de la franquicia más rentable a nivel internacional.
Todo para hacer de los terrenos que rodean al nuevo aeropuerto –buena parte de ellos propiedad de políticos y empresarios cercanos al Edomex– un “centro de negocios gigantesco” y el Hub más grande de América Latina, que a su vez se conectará a la obra del Nuevo Puerto de Veracruz, que quintuplicó su capacidad este sexenio, para construir un enorme corredor logístico de carga y transporte de mercancías y productos de exportación. Para eso construyeron y terminaron este sexenio varios tramos de la autopista que conecta la zona de Texcoco con las Pirámides y ésta a su vez con el estado de Veracruz, con inversiones federales millonarias que conectan el Estado de México con el Nuevo Puerto veracruzano y completan ese corredor.
“Ese es el verdadero negocio del grupo Atlacomulco”, revela un colaborador cercano de uno de los jefes del grupo político mexiquense que solicita el anonimato. “Por eso quieren el aeropuerto ahí y por eso lo defenderán a toda costa, más allá de cuestiones de viabilidad técnica o financiera, porque ahí tienen planeada toda una ciudad y un corredor logístico y de servicios que, junto con el Nuevo Puerto de Veracruz, les dará la posibilidad de negocios e inversiones por los próximos 50 o 100 años”, sostiene la fuente.
Eso es lo que está en juego para el Grupo Atlacomulco y para empresarios involucrados en el prouecto, cuando un candidato como López Obrador plantea cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto, más allá de las afectaciones que también pueda provocar a la confianza del país. Varias cabezas importantes del grupo político mexiquense, que rodea y controla al presidente Peña Nieto, están detrás de ese ambicioso plan de negocios a futuro.
Por eso en la construcción del aeropuerto el gobierno federal fue cuidadoso y repartió las licitaciones entre los grandes empresarios del país como Carlos Slim, Carlos Hank Rhon, Lorenzo Zambrano y a constructoras como ICA, Pinfra, Cicsa, entre otras beneficiadas. Los negocios que importan para el grupo mexiquense son los que vendrán en el proyecto urbano y logístico que rodeará a la nueva terminal y que significa contratos millonarios de obras de infraestructura comercio y vivienda para los que ya hay una relación de empresas, que incluye los dueños reales de esas empresas, con proyectos y licitaciones futuras de aquí a 50 años. Esa carpeta existe y estaba en propiedad de uno de los miembros hidelaguenses del gabinete que salieron de su cargo a medio sexenio.
El plan incluyó la compra de empresas, muchas de ellas extranjeras y quebradas y que han sido compradas por empresarios o prestanombres de políticos mexiquenses, que adquirieron el 49% de varias constructoras españolas, polacas y portuguesas entre las que figuran Caltia, Mota Engil, entre otras.
Justo ayer el ex procurador fiscal de la Federación, Gabriel Reyes Orona, llamó a que el próximo gobierno haga un análisis de quiénes son los dueños de los terrenos colindantes al NAIM. “El negocio quien lo puede hacer es quien haya adquirido terrenos colindantes. Si los intereses, si las relaciones gubernamentales te llevan a que tiene que ser ahí porque ahí es donde mis amigos compraron, tiene que ser a fuerza donde la prusvalía se va a generar”, expuso.