La propuesta del Plan Marshall para Centroamérica, presentada ayer por el gobierno mexicano y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) representa la apuesta más ambiciosa y arriesgada que realiza la administración de Andrés Manuel López Obrador en materia de política internacional, en busca de un efecto que también pretende incidir en la política interna, para lograr el control de la desbordada y descontrolada migración ilegal por la frontera sur de nuestro país.
En su intención de contribuir al desarrollo centroamericano, como una forma de apostar a lograr “el arraigo” de la gente de Guatemala, Honduras, San Salvador y Nicaragua en sus territorios y hacerlos abandonar la migración obligada, López Obrador, de la mano de su canciller Marcelo Ebrard, también realizan una doble apuesta para llevar recursos a la región Sur-Sureste de México, la que más parece importarle apoyar al presidente no sólo por ser su lugar de origen, sino porque también es la que mayores rezagos y desigualdades acumula en México, con una disparidad histórica y estructural en relación al Norte del país.
AMLO decide así, renunciar al millonario apoyo de Estados Unidos en materia de seguridad y armamento y canjea el Plan Mérida del que se beneficiaron económica y tecnológicamente sus antecesores Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto en su “Guerra contra las Drogas”, por una estrategia de colaboración y ayuda económica para la región centroamericana, comprendida no sólo desde el Suchiate, sino iniciando desde los límites de los Estados mexicanos de Guerrero, Oaxaca y Tabasco hasta la Frontera con Costa Rica.
El documento presentado ayer en Conferencia de Prensa conjunta entre el presidente López Obrador y la embajadora de la CEPAL, Alicia Bárcena, fue elaborado en su mayor parte por el organismo regional, aunque el mérito de la idea es totalmente del gobierno lopezobradorista y del canciller Ebrard. La propuesta de aplicar los 10 mil millones de dólares que Washington se comprometió a invertir en diciembre pasado en la región centroamericana en la aplicación de 30 políticas públicas es, de entrada, una estrategia impecable desde el punto de vista económico y el razonamiento mexicano de que “no será con violencia ni por la fuerza, sino con desarrollo y oportunidades”, como se logrará frenar la incontrolable migración desde Centroamérica a los Estados Unidos, utilizando como tránsito obligado al territorio nacional.
Sólo que los recursos comprometidos por Estados Unidos dependerán de momento de la estrategia electoral de USA, tanto de Donald Trump como del Congreso, en el marco de la elección del 2020. Y por otro lado, aún cuando comenzarán a fluir esos recursos, los presidentes de Centroamérica son producto del descontento popular, igual que aquí, y carecen de experiencia y estructuras partidarias y equipos profesionales de gobierno que garanticen el avance de un plan de política económica tan ambicioso.
Y quizás esa sea otra de las deficiencias no menores del llamado “Plan Marshall”: que de los temas de inseguridad y violencia que azotan a toda la región centroamericana y que son parte directa del fenómeno de expulsión de migrantes, no dice absolutamente nada y se concreta a ser un plan completamente economicista, con sólo “buenas intenciones” en materia de pacificación y estabilidad de la seguridad y la violencia en la región. Para el crimen organizado este no dejará de ser un programa más y ellos seguirán con lo suyo y por tanto las miles de personas que están llegando a México y que pretenden llegar a Estados Unidos huyendo de la violencia en sus países, qued
a la duda de si los logrará arraigar la “ilusión del progreso” o los expulsará la violencia del crimen organizado?
Por el momento ya está el plan de López Obrador, Ebrard y la CEPAL para frenar la migración e impulsar el desarrollo del complicado sureste mexicano y de Centroamérica; sólo falta el dinero.
