• Departamento de Justicia de EU acusa a 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por narcotráfico y delitos con armas
• Entre los señalados destacan el gobernador Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza
• Las imputaciones podrían derivar en cadena perpetua o penas mínimas de 40 años de prisión
El Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer este 29 de abril acusaciones formales contra 10 funcionarios y exfuncionarios del estado de Sinaloa, a quienes vincula con delitos de narcotráfico, uso de armas de alto poder y presunta colaboración con el Cártel de Sinaloa.
Entre los señalados se encuentran el gobernador Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázarez y autoridades de distintos niveles de seguridad y administración pública. Las autoridades estadounidenses indicaron que, de ser encontrados culpables, podrían enfrentar penas que van desde 40 años de prisión hasta cadena perpetua.
Funcionarios señalados y delitos imputados
De acuerdo con la acusación, todos los implicados enfrentan cargos similares relacionados con conspiración para importar estupefacientes a Estados Unidos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como conspiración para el uso de este tipo de armamento.
La lista incluye a:
Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa
Enrique Inzunza Cázarez, senador de Morena
Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas
Dámaso Castro Saavedra, fiscal general adjunto estatal
Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación
Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”, exmando policial
Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública
José Antonio Dionisio Hipólito, “Tornado”, exsubdirector policial
Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán
Juan Valenzuela Millán, “Juanito”, excomandante policial
En el caso de Juan Valenzuela Millán, además de los delitos anteriores, enfrenta cargos por secuestro que derivó en la muerte, lo que implica una condena obligatoria de cadena perpetua.
Señalamientos sobre apoyo electoral y acuerdos con “Los Chapitos”
La acusación estadounidense detalla presuntos vínculos entre funcionarios sinaloenses y la facción criminal conocida como “Los Chapitos”. Según el documento, en 2021, durante el proceso electoral en Sinaloa, Rubén Rocha Moya habría sostenido reuniones con líderes del grupo criminal.
En dichos encuentros, se señala que integrantes del cártel habrían ofrecido apoyo para asegurar su triunfo electoral, a cambio de facilitar el control de instituciones de seguridad y permitir operaciones de tráfico de drogas sin interferencia.
Asimismo, se menciona que otros funcionarios habrían colaborado proporcionando información de adversarios políticos, lo que habría derivado en actos de intimidación, secuestros y manipulación del proceso electoral mediante robo de urnas y amenazas a votantes.
Reacciones políticas y tensión en el Congreso
El caso provocó confrontaciones en el Congreso de la Unión durante la instalación de la Comisión Permanente. Legisladores de Morena impidieron que la oposición abordara el tema en tribuna, lo que derivó en un intercambio de acusaciones.
Desde la oposición se afirmó que existen solicitudes de detención con fines de extradición, mientras que legisladores oficialistas evitaron el debate directo sobre el tema.
Postura de Enrique Inzunza y ausencia en el Senado
Tras darse a conocer las acusaciones, el senador Enrique Inzunza acudió inicialmente al Senado, pero posteriormente abandonó el recinto. Más tarde, rechazó los señalamientos a través de redes sociales, calificándolos como “falsos y dolosos”.
El legislador aseguró que las imputaciones responden a su postura en defensa de la soberanía nacional y negó cualquier vínculo con actividades ilícitas. También sostuvo que se le estigmatiza por su origen en Badiraguato, Sinaloa.
Investigación en México y proceso de extradición
La Fiscalía General de la República confirmó que recibió solicitudes de extradición por parte del gobierno estadounidense, mismas que serán analizadas conforme a la legislación mexicana.
El organismo indicó que iniciará una investigación para determinar si existen elementos suficientes que sustenten las acusaciones. Además, aclaró que las solicitudes no incluyen, hasta ahora, pruebas concluyentes.
En el caso de funcionarios con fuero, como el gobernador y el senador, será necesario un proceso legislativo para retirar la inmunidad antes de cualquier acción judicial.
Contexto y antecedentes
Las acusaciones se suman a otros señalamientos previos relacionados con presuntos vínculos entre autoridades de Sinaloa y el crimen organizado, así como investigaciones sobre posibles filtraciones dentro de corporaciones de seguridad.
También se enmarcan en un contexto de violencia en la entidad, marcada por disputas internas del Cártel de Sinaloa.
