Un presidente más en Latinoamérica, el de Perú, Pedro Pablo Kuczinsky, dimitió ayer por el escándalo de los sobornos de Odebrecht, la compañía que corrompió políticos por todo el continente y que ha llevado a la cárcel a varios ex mandatarios y políticos en casi toda la región, menos en México.
Porque aunque aquí hubo evidencias y declaraciones directas de directivos de la constructora brasileña que afirmaron haber hecho transferencias por 10 millones de dólares a cuentas vinculadas al ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, a cambio de que los acercara al entonces candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, y a que después les asignaran obras desde el gobierno federal. Pero a diferencia de todo el continente, en México no pasa nada y la investigación fue “congelada” por la Procuraduría General de la República por los vínculos directos entre Lozoya y el presidente Peña. Y al único fiscal que se atrevió a investigar un posible destino de los sobornos de Odebrecht al financiamiento de la campaña priista de 2012, Santiago Nieto, lo intentaron sobornar para callarlo, luego lo corrieron del cargo y amenazaron a él y a su familia, según denunció al Wall Street Journal el ex fiscal de delitos electorales.
¿Cuál es la diferencia entre México y el resto de países latinoamericanos donde los sobornos de Odebrecht a cambio de obras y contratos públicos sí han tenido consecuencias y le han costado cárcel y carreras políticas a presidentes y políticos del más alto nivel? Básicamente dos: La primera y principal es la impunidad. Aquí sigue siendo práctica generalizada cuando se trata de investigar y perseguir la corrupción política al más alto nivel, sobre en delitos que involucren o vinculen a la figura del presidente, aún intocable para las leyes e instituciones mexicanas. La segunda es el sometimiento del sistema inoperante de procuración de justicia al poder presidencial. La PGR no funciona en general y menos cuando se trata de investigar y perseguir delitos que involucren a funcionarios del régimen o allegados directos al presidente y, sí en cambio es utilizada con total impudicia para acosar y acusar a disidentes y opositores políticos.
A Kuczinsky la presión política y social lo obligó a presentar su renuncia al cargo, luego de que se difundieran videos en los que operadores de su gobierno intentaban comprar votos de los diputados del Congreso del Perú para evitar que prosperara el nuevo pedido de “vacancia” que los congresistas presentaron contra el presidente el pasado 8 de marzo.
Kuzcinsky duró 1 año 7 meses en el cargo y aún cuando ganó popularidad al comienzo de su mandato con medidas de seguridad y combate a la corrupción, sus vínculos con el ex presidente Toledo, encarcelado en febrero de 2016 por corrupción vinculada a Odebrecht, lo metieron en el escándalo por haber sido primer ministro y ministro de Economía en su gobierno. Un año después, en marzo de 2017, la Procuraduría anticorrupción de Perú pidió la primera investigación contra el presidente por “irregularidades en la financiación de su partido”, y para noviembre de ese año, un medio peruano denunció que Kuczinsky fue contratado como “asesor” de Odebrecht en 2006, después de dejar el gobierno de Toledo y que recibió financiamiento para su campaña en 2011, algo que él negó, hasta que el 13 de diciembre de 2017 Odebrecht confirmó que pago 782 mil dólares a la consultora Westfield Capital, propiedad del presidente, entre 2004 y 2007.
Ahí comenzó su debacle. El Congreso peruano aprobó debatir una primera moción para destituirlo el 15 de diciembre pasado por “incapacidad moral permanente”, pero ganó la votación y superó la moción el 21 de diciembre, con el apoyo del diputado Kenji Fujimori. Tres días después le concedió el indulto al ex presidente Fujimori, el 24 de diciembre, lo que desat+o protestas sociales. Sobrevivió al fin de año, hasta que llegó el nuevo pedido de destitución que ayer terminó con su dimisión obligada.
Y volvemos a la pregunta ¿hasta cuándo México será la vergüenza de Latinoamérica por su impunidad en el caso Odebrecht y su inoperante sistema de justicia?
NOTAS INDISCRETAS…A una semana del arranque de las campañas, la magistrada Janine Otálora, presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial federal, demandó frenar “la ola de violencia política” y garantizar elecciones democráticas. Exigió a las autoridades dar con los responsables de 31 asesinatos de candidatos y dirigentes ocurridos en el actual proceso. “No porque son políticos, sino porque en un estado de derecho no se puede permitir que existan formas alternas, ilegales e inaceptables de determinar quienes apareen en las boletas”, sostuvo la magistrada en el evento del martes donde se firmó una “Declaración por la Democracia y Legalidad” en las elecciones, en la que las autoridades electorales y los gobernadores se comprometen a hacer lo que ya están obligados por la Constitución…Los dados mandan Serpiente doble. Mala señal.
