- La Comisión Permanente recibió la solicitud del PAN para analizar la desaparición de poderes en Sinaloa.
- Acción Nacional argumenta que existen señalamientos graves contra funcionarios estatales por presuntos vínculos con el crimen organizado.
- El Senado podría ser convocado a un periodo extraordinario para discutir el caso.
PAN presenta solicitud formal contra poderes de Sinaloa
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión recibió una solicitud del Partido Acción Nacional (PAN) para declarar la desaparición de poderes constitucionales en el estado de Sinaloa, tras las acusaciones realizadas por autoridades estadounidenses contra el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.
El documento fue entregado por legisladores panistas y plantea que el Senado de la República sea convocado a sesiones extraordinarias para analizar la situación política y de seguridad que enfrenta la entidad.
La presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, Laura Itzel Castillo Juárez, informó que la petición permanecerá bajo resguardo mientras se integran las comisiones de trabajo correspondientes.
Acción Nacional argumenta “grave crisis institucional”
En la solicitud difundida en la Gaceta Parlamentaria, el PAN sostiene que en Sinaloa no existe únicamente una crisis de inseguridad, sino una situación de “extrema gravedad institucional”.
Los legisladores aseguran que las acusaciones formuladas desde Estados Unidos apuntan a presuntos nexos entre funcionarios estatales y el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción conocida como “Los Chapitos”.
Según el escrito, los señalamientos no solo involucran al gobernador con licencia, sino también a estructuras relacionadas con seguridad pública, procuración de justicia y otras áreas del aparato gubernamental.
Senado tendría facultades para intervenir
El PAN argumenta que el artículo 76 de la Constitución faculta al Senado para declarar la desaparición de poderes cuando las autoridades de una entidad dejan de operar conforme al orden constitucional.
La bancada explicó que esta figura jurídica no representa una sanción penal ni una medida política ordinaria, sino un mecanismo excepcional para restablecer la legalidad y garantizar el funcionamiento institucional de un estado.
Además, señaló que el objetivo sería proteger a la población y evitar que instituciones públicas permanezcan bajo sospechas de favorecer intereses criminales.
Señalamientos alcanzan proceso electoral de 2021
El documento panista también hace referencia a presuntas irregularidades durante la elección de 2021 en Sinaloa, proceso en el que Rubén Rocha Moya obtuvo la gubernatura.
De acuerdo con las acusaciones citadas por el PAN, integrantes del crimen organizado habrían intimidado y secuestrado a adversarios políticos para favorecer determinados resultados electorales.
Los legisladores consideran que, de confirmarse estos hechos, existiría una afectación directa al orden democrático y constitucional del estado.
Ricardo Anaya acusa infiltración del crimen organizado
El coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya, aseguró que la presunta influencia del crimen organizado no se limita al Poder Ejecutivo estatal.
El legislador afirmó que también existirían señales de infiltración en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial de Sinaloa.
Anaya señaló que algunos hechos registrados durante el proceso electoral y posteriores decisiones judiciales reflejan una posible intervención del crimen organizado en distintas áreas institucionales.
PAN afirma que no busca anticipar condenas
Los legisladores panistas aclararon que la solicitud presentada ante el Congreso no pretende sustituir investigaciones penales ni emitir juicios anticipados sobre los funcionarios señalados.
Indicaron que la intención es restablecer el orden constitucional y garantizar el correcto funcionamiento de las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia en Sinaloa.
También señalaron que la medida busca preservar la estabilidad institucional y la vigencia del pacto federal.
Comisión Permanente analizará el procedimiento
La solicitud permanecerá en análisis dentro de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente mientras se define el procedimiento legislativo correspondiente.
En caso de avanzar, el Senado podría ser convocado a un periodo extraordinario para discutir si procede o no la desaparición de poderes en la entidad.
El caso ocurre en medio de un ambiente de tensión política y de investigaciones internacionales relacionadas con presuntos vínculos entre autoridades mexicanas y organizaciones criminales.
