- Afirma que no procede la baja ni suspensión sin sentencia firme o resolución administrativa definitiva
- Señala que medidas cautelares no son castigo y no cancelan derechos laborales
- Sostiene que el pago de prestaciones es legal mientras se resuelve la situación jurídica
Postura legal frente a los procesos en curso
La defensa del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y del contraalmirante Fernando Farías Laguna, integrantes de la Secretaría de Marina, solicitó que se respeten plenamente la presunción de inocencia, el debido proceso y los derechos laborales de ambos mandos mientras continúan las investigaciones penales.
El despacho Epigmenio Mendieta & Asociados indicó que se trata de militares de carrera pertenecientes a la milicia permanente, con una trayectoria profesional construida durante décadas, por lo que su situación jurídica no puede equipararse a un empleo civil ni resolverse mediante decisiones anticipadas.
Alcances de la presunción de inocencia
La defensa recordó que la presunción de inocencia, prevista en el artículo 20 constitucional, tiene efectos no solo en el ámbito penal, sino también en los ámbitos administrativo y laboral. En consecuencia, ninguna persona puede ser considerada culpable ni privada automáticamente de derechos sin una sentencia condenatoria firme.
Precisó que la prisión preventiva y otras medidas cautelares tienen carácter procesal y no punitivo, por lo que no equivalen a una condena ni implican la pérdida automática de derechos laborales, administrativos o patrimoniales, criterio reiterado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Baja y suspensión: solo con resolución definitiva
De acuerdo con el posicionamiento, en el caso del personal de las Fuerzas Armadas, la baja, la separación definitiva del servicio o la suspensión de haberes únicamente pueden derivarse de una sentencia ejecutoriada o de un procedimiento administrativo debidamente instaurado y resuelto, con pleno respeto a los artículos 14 y 16 constitucionales.
La defensa subrayó que la existencia de una investigación penal, una vinculación a proceso o incluso una orden de aprehensión no constituye una sanción ni autoriza legalmente a privar a una persona de derechos adquiridos sin una resolución firme, fundada y motivada.
Prestaciones y marco normativo
En este contexto, se indicó que no es irregular que los elementos que permanecen en servicio activo reciban las prestaciones que la ley establece. Además, se recordó que la normativa castrense contempla el pago de un porcentaje del salario durante los procesos, con el objetivo de garantizar el sustento familiar mientras se define la situación jurídica.
Contexto del caso y llamado a prudencia
El pronunciamiento ocurre en el marco del caso de huachicol fiscal, que ha generado debate público por la presunta participación de mandos navales en redes de contrabando de combustible. Frente a ello, la defensa pidió evitar juicios mediáticos y no anticipar culpabilidades, insistiendo en que el Estado de Derecho exige que las decisiones se adopten solo mediante resoluciones firmes emitidas por autoridades competentes.
