• La Cámara baja aprobó por unanimidad que las tarjetas enviadas sin consentimiento puedan cancelarse por apps, teléfono o en sucursal.
• La reforma prohíbe comisiones, intereses o recargos por productos no autorizados.
• Las instituciones deberán resolver la cancelación en máximo cinco días hábiles y entregar comprobante.
La Cámara de Diputados aprobó una reforma para que cualquier tarjeta de crédito o débito enviada sin autorización pueda cancelarse de forma rápida y gratuita mediante teléfono, aplicaciones móviles o banca en línea. La iniciativa, presentada por el diputado Ricardo Monreal Ávila, modifica la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y obtuvo 467 votos a favor. El dictamen fue enviado al Senado.
Cancelación inmediata y sin costos
Las instituciones financieras deberán ofrecer mecanismos presenciales, telefónicos y digitales para que los usuarios cancelen tarjetas no solicitadas las 24 horas del día. Las plataformas digitales deberán incluir un botón visible y de acceso directo. La cancelación deberá completarse en un plazo máximo de cinco días hábiles y sin cobros, comisiones o penalizaciones. El banco deberá entregar un comprobante digital o físico que confirme la terminación del contrato.
Prohibiciones a bancos y comercios
La reforma establece que los bancos no podrán cobrar anualidades, recargos, intereses o servicios adicionales que no hayan sido autorizados por el usuario. También se prohíbe que el historial crediticio resulte afectado por la falta de uso o cancelación de tarjetas no solicitadas. En caso de cobros indebidos, las instituciones deberán reembolsar el monto en máximo cinco días hábiles.
Protección al usuario ante prácticas abusivas
Monreal destacó que las instituciones suelen enviar plásticos sin solicitud previa, generando cargos automáticos después de un año. Muchos usuarios son reportados al Buró de Crédito pese a no haber aceptado el servicio. La legislación ahora define como nula la emisión de tarjetas sin consentimiento expreso, lo que garantiza mayor protección a los consumidores.
