La cifra histórica de un dólar a 20 pesos, algo que nunca habíamos visto los mexicanos, tal vez se deba a presiones externas por la revisión de tasas de interés de la FED y el ascenso de Donald Trump en la carrera presidencial de Estados Unidos, pero lo externo se combina con el manejo interno de un presupuesto ahogado y recortado por la creciente deuda pública, la carga onerosa de pensiones en paraestatales como CFE y Pemex, y la mala política de gasto de los primeros años de esta administración. La combinación de lo interno y lo externo dibuja un panorama preocupante para la economía mexicana que, a unas horas de la decisión de la Reserva Federal de EU, se ve tan vulnerable, que podríamos ser de los países más golpeados si hay un aumento en las tasas de interés.
A eso se añade que la situación interna del país, en materia de seguridad también está en crisis; y se refleja en las cifras oficiales, tanto del INEGI como del Sistema Nacional de seguridad Pública, que confirman un repunte sostenido de la violencia en casi toda la República en los últimos meses. Con el crecimiento de los homicidios dolosos en lo que va del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto –un promedio de 1,800 homicidios cada mes, 21 mil 600 al año y casi 60 asesinatos violentos cada día— no sólo se confirma el fracaso rotundo de la estrategia de seguridad, sino que el actual sexenio apunta para convertirse en el más violento en la historia reciente de México, superando incluso al de Felipe Calderón que es hasta ahora el gobierno más violento y sanguinario de la historia reciente. Tan solo el mes de julio pasado rompió todos los parámetros con 2 mil 77 homicidios y marcó, a decir de los expertos, una tendencia al alza en violencia.
Lo más preocupante es que a los estados donde tradicionalmente se concentraban las mayores tasas de homicidios, Tamaulipas, Chihuahua, Guerrero y Sinaloa, se suman ahora entidades donde los índices de violencia eran menores y hoy presentan incrementos que los colocan en los primeros lugares como “focos rojos”. Es el caso de Colima y Baja California Sur que hoy ocupan los lugares cuarto y quinto en homicidios dolosos. A esa lista de estados que se descomponen se suma Guanajuato, donde tan solo ayer se reportaron 6 homicidios en 24 horas, y en lo que va del año se habla de más de 700 asesinatos violentos en el estado que estaría siendo disputado por grupos del narcotráfico.
Otro caso que confirma la fallida estrategia de seguridad en el sexenio es Michoacán. El repunte de la violencia y las disputas territoriales entre cárteles en la región de Tierra Caliente, es el fracaso de los operativos realizados en 2014 y 2015 por el gobierno federal con la coordinación del entonces comisionado Federal, Alfredo Castillo, hoy ratificado director de la Conade. Los apuros que hoy pasa el gobernador Silvano Aureoles para ocultar una descomposición evidente en esa región, se deben a que Castillo, con la confianza personal del presidente, simplemente cambió el negocio de las metanfetaminas de manos, se lo quitó a los Templarios –a los que desplazó con ayuda de las autodefensas– para dejarlo en manos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de nuevas células que hoy han crecido protegidos por placas oficiales de la “fuerza rural” que creó el ex comisionado, que así oficializó, armó y metió a la nómina estatal lo mismo a sicarios, ex templarios que a autodefensas o a grupos afines al CJNG.
Y un estado se da por descontado es el de Veracruz, donde la permanencia de Javier Duarte, protegido del gobierno federal, acentúa cada día la descomposición social, política y de seguridad en el estado. Ayer dos sacerdotes de Poza Rica, que habían sido secuestrados en la víspera, aparecieron ejecutados. Los dos curas, de nombre Alejo Naborí y José Alfredo Jiménez Juárez, fueron reconocidos por la Conferencia del Episcopado Mexicano como párrocos de Nuestra señora de Fátima. Su muerte viene a refirmar que en Veracruz ya no hay actividad, profesión o nivel social que se salve de la violencia y lo mismo te mueres por hacer periodismo que por oficiar misa.
Ayer, Peña Nieto estaba en Nueva York, a donde acudió a exponer en la ONU sobre migrantes para los que pidió “derechos y reconocimiento” –mientras miles de centroamericanos siguen siendo maltratados, explotados, secuestrados y violados todos los días en México por autoridades de todos los niveles y por criminales–. Y por la noche Peña se aprestaba a recibir el premio como “Estadista”, otorgado por la Asociación de Política Exterior de aquella ciudad. Pero aquí, el dólar a 20 pesos, la economía recortada y la seguridad y la violencia al alza en el país nos dicen con certeza que nuestro presidente podrá ser muchas cosas, menos “estadista”.
