De la incultura del presidente Enrique Peña Nieto se ha hablado y escrito mucho, pero nada tan claro como lo dicho por Carlos Fuentes, meses antes de su muerte, cuando el entonces precandidato presidencial del PRI se tropezó con la lectura y los libros, en plena campaña en la Fil de Guadalajara: “Es un hombre muy endeble…Peña Nieto quizá conoce su oficio político, pero a mí me asusta un hombre que demuestra tan abiertamente su ignorancia…El puede leer o no, pero no tiene derecho es a ser presidente a partir de la ignorancia”.
La cita de Fuentes viene a colación por la crisis que vive la cultura en el actual sexenio. A pesar de que Peña Nieto quiso revertir su imagen de presidente inculto, creando por decreto en diciembre de 2015 una “Secretaría de Cultura”, en los hechos, esa dependencia no termina de consolidarse y carece hasta de un reglamento interno y de un programa claro, al grado de que su mayor logro, desde su creación hace 9 meses, ha sido el concurrido homenaje-funeral de Juan Gabriel en el Palacio de Bellas Artes; fuera de eso, ni la secretaría ni su titular, Rafael Tovar y de Teresa, con desapariciones intermitentes por motivos de salud, gravitan en el panorama cultural del país.
Y para documentar el optimismo en este que puede considerarse un “sexenio perdido” en materia de cultura, en el Presupuesto 2017 la promoción de la cultura es de las áreas más castigadas con un recorte de 30% a los recursos de por sí insuficientes que se destinan a esos programas. De 15 mil millones destinados este año a la Secretaría de Cultura, se reduce a 10 mil millones para el próximo año y hay fondos que aparecen en “cero” en el PEF 2017, como el de Apoyo a Festivales Culturales y artísticos (Profest), destinado a apoyar y promover actividades culturales y festivales en estados y municipios del país, que este año no recibirán subsidio para la cultura.
Al recorte, calificado de “brutal” por el presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, Santiago Taboada, se suman inconsistencias e irregularidades en la flamante “Secretaría de Cultura”. A pesar de que Peña Nieto la anunció con bombo y platillo en su tercer informe de Gobierno, en septiembre de 2015, y de que se publicó en el Diario Oficial su creación el 21 de diciembre, casi un año después no se ha expedido el Reglamento Interior de la dependencia porque la Secretaría de Hacienda lo ha rechazado en varias ocasiones por estar mal redactado y ahora, según el último pretexto esgrimido por su titular, el 18 de agosto pasado, “porque no lo ha firmado el presidente”.
Desde que es “secretario”, Tovar y de Teresa ha estado más ausente no sólo de la actividad pública sino de una real y visible política pública en materia de cultura. Nombrado el 21 de diciembre, unos días después el flamante secretario desapareció de la actividad pública por un par de meses; el 10 de marzo reapareció visiblemente delgado e informó que se realizó un “cheque médico”. Su vocero dijo que había sido intervenido. En esas fechas declaró que el reglamento de la nueva secretaría, que permitiría su funcionamiento financiero y administrativo estaba “casi listo” y saldría en abril o mayo. En junio de este año la Secretaría de Hacienda lo regresó nuevamente “por fallas en su diseño”.
Parece que Tovar y de Teresa no tenía un diseño claro y un plan aterrizado para la secretaría que tanto promovió. Y para su mala suerte, siguieron sus problemas de salud. En julio pasado fue operado de un ojo y sufrió parálisis en la mitad del cuerpo que lo tuvo dos semanas fuera de actividad. En su oficina sólo decían que estaba “de comisión”. En ese ambiente se produjo el 15 de agosto la renuncia de Teresa Franco a la dirección el INAH, luego de fuertes diferencias con el secretario. A la fecha, Rafael Tovar no ha nombrado a un nuevo director de un área tan sensible en la cultura mexicana y, para colmo, dejó como “encargado de despacho” a Diego Franco, quien para mayores señas es sobrino de Teresa Franco, validando así el nepotismo de la ex directora.
Según Tovar y de Teresa él no tiene facultades para nombrar al nuevo director del INAH, pero eso no es lo que dice el decreto presidencial que creó la Secretaría, con el que se reformó el funcionamiento de antropología, y textualmente, en el Artículo 6º, señala: “El Instituto estará a cargo de un Director General, nombrado y removido libremente por el Secretario de Cultura”. ¿Y entonces, el secretario de Cultura tampoco ha leído el documento por el que se creó la secretaría que él tanto pidió?
A un año de su aprobación y a nueve meses y medio de su creación legal, su reglamento aún no ha sido firmado por el presidente y todo apunta a que la Secretaría de Cultura, como muchas otras cosas en este sexenio, fue una ocurrencia más decidida sobre las rodillas.