Este 1 de febrero se cumplió un año de que empezó el proceso constitucional para aprobar la Guardia Nacional. Tres meses después, en mayo, el Congreso de la Unión aprobó por unanimidad la creación del nuevo cuerpo civil con todo y sus leyes reglamentarias y para el 30 de junio de 2019 se inició su despliegue en el territorio nacional con 52 mil elementos; hoy en toda la República hay 76 mil elementos de la Guardia Nacional asignados a los estados. Pero ¿de qué ha servido tanto despliegue, incluso en una número que ya duplica a la extinta Policía Federal? No para mucho. Las cifras oficiales de asesinatos violentos ocurridos en 2019, que en el segundo semestre ya contó con la operación del nuevo cuerpo nacional de Policía, con 35, 588 homicidios dolosos y feminicidios, son el indicador más claro del inicio fallido de la Guardia Nacional.
Hoy la crisis de seguridad y violencia sigue creciendo en la mayor parte del territorio nacional y la falta de resultados de la Guardia Nacional en 7 meses de operación hace que se cuestione si la estrategia de seguridad del gobierno de López Obrador realmente funciona o, incluso, si realmente hay una estrategia. Pero, en la complacencia y ausencia de autocrítica de esta administración, mientras la descomposición y la impunidad crecen en casi todas las entidades y en la Ciudad de México se les fugan narcos extraditables, el presidente se niega a reconocer que la incapacidad de su gabinete de seguridad y dice que “vamos muy bien”, mientras su secretario Alfonso Durazo, que da más discursos que resultados, cantinflea en el Senado y les reprocha a todos los escépticos que no le ven pies ni cabeza a la política de seguridad de este gobierno: “Pueden estar o no de acuerdo con la estrategia, pero nadie puede negar que hay estrategia. La primera línea de la estrategia de seguridad es el combate a la corrupción”.
El problema para el secretario Durazo es que el escepticismo que pone en duda la efectividad de su estrategia, carente no sólo de indicadores medibles que la respalden si no de manuales de operación o protocolos básicos de actuación, empieza a transformarse en “pesimismo” ya no sólo de ciudadanos asolados por la inseguridad o de analistas expertos que cuestionan los nulos resultados, sino también de las mismas autoridades que, se supone, son parte de la “estratégica estrategia” de la Federación. Entre varios gobernadores de los estados, que en teoría son parte del esquema operativo de la Guardia Nacional, a través de las “Mesas de Seguridad” en sus entidades, hay comentarios bastante negativos sobre la forma en que funciona en los hechos el esquema de actuación de los guardias federales, que más que al poder civil del secretario o de los mandatarios estatales, sólo obedecen órdenes del mando militar de la Secretaría de la Defensa Nacional.
A pesar de que la Constitución y las leyes secundarias hablan de un cuerpo “civil”, los comandantes de la Guardia Nacional que están mandando a los estados, no sólo provienen todos del Ejército y sus distintas corporaciones, sino que no toman ninguna decisión sin consultar a los mandos castrenses, incluso por encima de las autoridades civiles. Los encargados del cuerpo civil de policía están, en los hechos, supeditados al comandante de la Zona Militar de cada estado y son removidos o asignados siempre a propuesta del secretario de la Defensa Nacional.
A pesar de que hay reuniones todos los días muy temprano, las mismas a las que el presidente les reclama a algunos gobernadores “que no se levantan temprano”, en esas “Mesas de Seguridad” en cada entidad se supone que el gobernador es la máxima autoridad y quien debe decidir y ordenar que acciones u operativos de seguridad son prioritarios y urgentes en el territorio de su estado; pero en los hechos, según comentan varios gobernadores, la Guardia Nacional no toma ninguna acción sin tener antes la autorización de los mandos del Ejército y del comandante de Zona y en casos en que algunos comandantes en los estados han actuado sin ese consentimiento y atendiendo sólo al mando civil, se les recrimina y en algunos casos hasta se les mueve de estados con el argumento de que tienen demasiada cercanía con los civiles.
Y ¿entonces? La Guardia Nacional está actuando como un cuerpo civil o como un cuerpo militar. Porque si sólo sigue ordenes y rinde cuentas al Ejército y a sus altos mandos y si los militares han mostrado como política en este sexenio evitar confrontaciones y choques frontales con los grupos del crimen organizado, entonces ahí puede haber una razón de porqué los números de asesinatos violentos no han disminuido en 7 meses de despliegue de la Guardia por casi todo el territorio nacional. ¿No será que, después del “Culiacanazo” y del enorme desgaste que sufrieron las fuerzas armadas en esa incursión fallida y mal planeada en la que fueron sometidos, amenazados y obligados a devolver al detenido Ovidio Guzmán, los militares decidieron bajar la guardia y no ir a fondo en el combate a la inseguridad y al crimen organizado? Y cuando decimos militares, estamos diciendo también, a juzgar por como se conducen y a quién obedecen, a la fallida Guardia Nacional que resultó más efectiva para detener y someter a migrantes que a delincuentes.
