El cheque de 2 mil millones de pesos, con el que el fiscal Alejandro Gertz quiso congraciarse con el presidente López Obrador –después de sus desencuentros y confrontaciones con el gabinete por la Reforma Judicial– no fue en realidad producto de ningún decomiso o aseguramiento judicial, como lo anunció el titular de la FGR. Se trata sí de un dinero recuperado vía un expediente de corrupción en el pasado sexenio de Peña Nieto, pero para obtener esos recursos ni Gertz ni su equipo tuvieron que hacer grandes proezas en materia judicial o de investigación: basto la amenaza de una indagatoria federal para que empresarios de origen judío, del sector inmobiliario, acudieran a la FGR a “devolver” 5 mil millones de pesos, de los que ya entregaron 2 mil millones.
El caso tiene que ver con una investigación abierta en el Infonavit en el sexenio peñista. Siendo director Alejandro Murat, por instrucciones de la Presidencia de la República, se otorgó a el grupo Terla Realty, de los hermanos Rafael y Téofilo Zaga Tawil, un contrato millonario para manejar no sólo las marcas registradas de Infonavit/Hogares con valor, La Casa Infonavit, Tuya Infonavit y otras nueve marcas nuevas, sino también para desarrollar proyectos para remodelar y rehabilitart desarrollos urbanos e inmobiliarios abandonados del Infonavit en diferentes estados del país y construidos por distintos grupos inmobiliarios como Urbi, Geo, Homex y otros.
El contrato firmado el 2 de marzo de 2015 con presencia de Luis Videgaray, secretario de Hacienda, Alejadnro Murat, director de Infonavit, y el secretario de Desarrollo Urbano y Territorial, Jorge Carlos Ramírez, otorgaba una mina de oro a los dos hermanos empresarios judíos, que tenían una cercana relación de amistad con el presidente Enrique Peña Nieto. Pero fuentes de primer nivel en el Infonavit aseguran que, más que los hermanos Zaga Tawil, que en realidad eran prestanombres, el verdadero beneficiario del multimillonario contrato era el empresario más poderoso del sector inmobiliario mexicano, el también judío Moisés El-Mann, director del exitoso fondo de Fibra Uno.
Los beneficios del contrato, tanto en la promoción y explotación de las marcas registradas del Infonavit como en la rehabilitación de unidades habitacionales abandonadas se calculaba en más de 10 mil millones de pesos, sumado al contrato previo que habían recibido los hermanos Zaga Tawil para operar el programa de “Movilidad Hipotecaria”, en la que por cada vivienda que ayudaran a recuperar cobrarían 10% del valor de la casa, pagaderos por el beneficiario o por el Infonavit, era un negocio redondo. Pero en mayo de 2015, Alejandro Murat renunció al Infonavit para irse como candidato del PRI al gobierno de Oaxaca y a la llegada de David Penchyna al instituto, el hidalguense fue informado de diversas irregularidades graves detectadas en los contratos otorgados a los Zaga Tawil y a través de ellos a Moisés El-Mann.
Ante los riesgos graves de inurrir en responsabilidades administrativas y hasta de violaciones de derechos humanos, Penchyna le pidió al Consejo de Administración del Infonavit su autorización para dar por terminados los contratos con Terla Realty, lo que le fue concedido el 25 de mayo de 2016. Y para “compensar” a los empresarios Zaga y a sus vedaderos socios los El-Mann por la terminación anticipada de contratos, se acordó otorgarles un generoso pago del Infonavit por 5 mil millones de pesos que les fueron entregados a los titulares del contrato.
A la llegada del gobierno del presidente López Obrador, en diciembre de 2018, el expediente de este pago millonario brincó de inmediato en el Infonavit, cuyo director Carlos Martínez Velázquez dio aviso de inmediato al presidente y éste a su vez solicitó a la Fiscalía General de la República abrir un expediente sobre el pago de los 5 mil millones de pesos a los empresarios judíos. Cuando el grupo de Moisés El-Mann supo de la investigación, de inmediato pidió a sus “socios” los Zaga Tawil acercarse al fiscal Alejandro Gertz Manero y ofrecer que ellos “no querían ningún escándalo” y mucho menos una investigación judicial que afectara a sus empresas, y que proponían regresar, íntegros los 5 mil millones de pesos que les había pagado el Infonavit.
Así fue que, hace un par de semanas, los hermanos Zaga se presentaron en la FGR para entregar, voluntariamente y sin ningún tipo de coerción judicial de por medio, los 2 mil millones de pesos, mismos que el lunes pasado llevó el fiscal Alejandro Gertz Manero como “ofrenda de conciliación” al presidente López Obrador, que a su vez dijo que los destinaría a apoyar hospitales y clínicas que no tienen insumos, pero hasta agosto de 2020. Faltan 3 mil millones de pesos que los empresarios del sector inmobiliario se comprometieron a entregar a los próximos meses al fiscal Gertz. ¿Será que cuando tenga la parte restante también irá a entregárselos al presidente y montarán otro show mediático como el del lunes? Es muy posible.
