La máxima universal dice que en la política nada es casualidad y eso aplica también para la política exterior de México. En los últimos días una serie de hechos concatenados han confirmado que nuestro país volvió a ceder en materia migratoria y que, igual que lo hizo en 2018, el canciller Marcelo Ebrard negoció políticamente con su contraparte de Estados Unidos, el canciller Anthony Blinken, que el territorio mexicano se convierta en un “tercer país seguro” y reciba, en una nueva versión del “Quédate en México”, a decenas de miles de venezolanos expulsados del territorio estadunidense, a cambio de que Washington retrase o modere sus quejas en el TMEC y en otros temas de la relación bilateral.
No puede ser casualidad que justo un día después del jueves 13 de octubre, cuando se llevó a cabo en Washington el Diálogo de Alto nivel en materia de Seguridad entre México y Estados Unidos, encabezado por los secretarios Ebrard de México y Blinken de Estados Unidos, el presidente López Obrador haya declarado públicamente que el gobierno estadunidense no solicitaría la instalación de paneles dentro del TMEC para discutir la política energética mexicana que ha sido impugnada por Washington y por Canadá por considerarla estatista, monopólica y contraria a las inversiones privadas dentro del acuerdo comercial trilateral.
Esa declaración del presidente mexicano – cuyo pecho, dice el mismo, no es bodega— se refería a los entendimientos alcanzados un día antes en la capital estadunidense en la que la delegación estadunidense ofreció frenar momentáneamente sus procedimientos y quejas dentro del TMEC, por el tema energético, a cambio de que México aceptara recibir en su territorio a por lo menos 24 mil migrantes venezolanos indocumentados que serían expulsados por la administración Biden. Marcelo Ebrard, acompañado de Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y del Fiscal Alejandro Gertz Manero, habían aceptado que, de nueva cuenta, el territorio mexicano se convirtiera en el “patio trasero” de Washington para que nos mandaran, vía fast track y sin acuerdos formales de por medio, a todos aquellos venezolanos que ingresaron ilegalmente a su país y que no podían o no querían manejar en el territorio estadunidense.
Tampoco fue casual que ese mismo día jueves, comenzaran a llegar a México, enviados en autobuses desde la frontera norte, miles y miles de familias de venezolanos que fueron depositados en centrales camioneras de la Ciudad de México, Monterrey, Ciudad Juárez y Tijuana, a donde llegaron sin un plan del gobierno federal para procesar su estancia en México ni una estrategia sobre cuál sería su situación en territorio mexicano una vez que fueron literalmente echados de los Estados Unidos y abandonados a su suerte en varias ciudades mexicanas.
Hay estimaciones no oficiales, como la del ex titular del Instituto Nacional de Migración, Tonatiuh Guillén, de que tan solo ese jueves arribaron al territorio mexicano 30 mil venezolanos entre hombres, mujeres y niños, que no tienen un sustento, ni un techo ni mucho menos ningún tipo de ayuda humanitaria del gobierno mexicano y que están literalmente varados y abandonados a su suerte en varias ciudades mexicanas. Es decir, que el gobierno de López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard no sólo mintieron al informar por qué aceptaron recibir a los indocumentados venezolanos, al decir que fue a cambio de 65 mil visas de trabajo, sino también engañaron a los mexicanos y a los propios sudamericanos al decirles que vendrían a México en condiciones de ayuda y apoyo, algo que no ha existido para ellos hasta el momento.
Lo más penoso es que, cuando Marcelo y López Obrador pensaban que con agacharse y recibir sin chistar a las hordas de venezolanos que expulsan por hambre y miseria el régimen dictatorial de Nicolás Maduro y rechazan en los Estados Unidos, iban a calmar las quejas de la administración Biden contra la política energética que favorece a la CFE y a Pemex en detrimento de los inversionistas privados, la jugada les falló de nuevo, pues unas horas después de las afirmaciones sobre un “desistimiento” estadunidense sobre los paneles del TMEC, fue el mismo embajador Ken Salazar quien le corrigió la plana al presidente mexicano, a quien desmintió diciendo que su país no ha cancelado ni se ha desistido de la posibilidad de solicitar las mesas de discusión sobre la política energética mexicana.
Lo más grave del asunto, es que de confirmarse que México volvió a ceder en materia migratoria y a negociar políticamente un tema tan sensible y humano como recibir a decenas de miles de venezolanos en nuestro territorio, sin estar preparados para ello ni tener un plan para ayudar a los migrantes sudamericanos, no sería la primera vez que el gobierno de López Obrador incurre en tamaña aberración política y diplomática. En noviembre de 2018, el mismo Marcelo Ebrard, aún sin rendir protesta como canciller, estuvo negociando con el gobierno de Donald Trump un acuerdo migratorio en el que, ante las amenazas de Mike Pompeo, secretario de Estado de “cerrar la frontera” o imponer aranceles a exportaciones mexicanas, Ebrard y su equipo de operadores terminaron aceptando recibir en territorio mexicano a cientos de miles de migrantes centroamericanos que Estados Unidos expulsó de su territorio en aquellas fechas.
De acuerdo con el libro Borders Wars: Inside Trump’s Assault on Inmigration, publicado por los periodistas Julie Hirschfeld y Michael D. Shear, corresponsales del New York Times en Washington, fue un colaborador de Marcelo Ebrard, que se presentó entonces como “asesor”, sin tener un cargo oficial, quien fue el principal negociador del aquel acuerdo migratorio que el gobierno mexicano inició con la administración de Donald Trump desde el periodo de transición, en noviembre de 2018, y que cerró semanas después de haber tomado posesión.
En el capítulo 30, de ese libro, publicado el pasado 6 de octubre, se narra cómo Javier López Casarín, actual diputado federal por e el PVEM y descrito por los autores como “la mano derecha de Marcelo Ebrard”, se hizo cargo de negociar a nombre del gobierno mexicano los detalles del acuerdo migratorio en el que se decidió que Estados Unidos regresaría a México a los solicitantes de asilo y que el país los recibiría, sin objeción, con el compromiso de otorgarles visas humanitarias.
Al parecer esa misma fórmula, que le costó a México recibir a cientos de miles de centroamericanos que ocasionaron una crisis humanitaria en territorio mexicano y en los centros de detención migratoria, se repitió ahora con los venezolanos. El gobierno de López Obrador volvió a aceptar recibir a decenas de miles de migrantes sudamericanos sin tener un plan ni una estrategia para procesarlos ni atenderlos en el territorio nacional y a cambio de promesas y compromisos que, claramente Washington no va a cumplir, al menos en lo que respecta a las impugnaciones y los paneles en el TMEC contra la política energética lopezobradorista.
Se ve claro que, tras cuatro años de tratar con Washington, en la 4T no solo no han aprendido, sino que siguen actuando improvisadamente y desde una lógica ingenua e inmediatista. Por resolver un tema técnico y que es de prioridad y convicciones profundas para Washington, como es la defensa de sus inversionistas, de las energías limpias y de la transición energética por el cambio climático, aceptan un acuerdo migratorio que ni evitará los paneles en el TMEC ni resolverá la crisis migratoria venezolana que solo se traslada del territorio estadunidense al mexicano, donde los pobres venezolanos solo vendrán a sufrir carencias, rechazo, abandono y en no pocos casos a caer en las garras del crimen organizado, mientras el gobierno de López Obrador ni siquiera se atreve a condenar al régimen dictatorial de Nicolás Maduro, que expulsa y orilla a millones de venezolanos de los más pobres –se estima ya en 7 millones el éxodo venezolano en los últimos meses— mientras el país se enfrenta al riesgo de una crisis humanitaria por la llegada masiva de los venezolanos al territorio nacional.
