Tras el anuncio de la cancelación del Aeropuerto de Texcoco y la rescisión que se daría de los contratos de construcción de los grandes empresarios (Carlos Slim de CICSA, Olegario Vázquez de Prodemex, Bernardo Quintana de ICA, Hipólito Gerard de GIA y Héctor Ovalle de Coconal, entre otros), el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador podría usar dos “salidas legales” para disminuir los montos de las indemnizaciones o de plano negarse a pagarlas e irse a tribunales, si invoca dos cláusulas contenida en todos los contratos otorgados por el gobierno federal que establecen que el Grupo Aeroportuario de la CDMX (GACM) puede dar por terminados esos contratos de obra cuando “existan causas de interés general” o “daños y perjuicios al Estado” o al erario que justifiquen la cancelación de forma anticipada.
Los cinco grandes contratos de obra del NAIM en Texcoco se firmaron tres años antes de la elección presidencial, y ambas partes, tanto Peña Nieto como los empresarios que los firmaron aceptaron las cláusulas, al parecer por la confianza de que habría una “continuidad transexenal” en la obra, es decir que el candidato del PRI y del presidente podría garantizarles esa continuidad, pero ni los contratistas ni sus abogados advirtieron, entonces, del riesgo de un gobierno distinto que decidiera revisar o cancelar la obra. ¿Todos creyeron que iban a trascender al sexenio?
Porque todos los empresarios que participan en la construcción del NAIM firmaron, en sus respectivos contratos con el gobierno, una Sección de “Mecanismos de Terminación anticipada de los Contratos de Obra”, en el que aceptaron dar al GACM “un amplio margen discrecional para dar por terminados los contratos de obra”, y dependiendo del supuesto de terminación utilizado, los contratistas aceptaban tener derecho a recibir pago sólo por “trabajos ejecutados a la fecha en que se declara la terminación” y no necesariamente por el monto total del contrato que obtuvieron, lo que de aplicarse a la cancelación, a partir del 1 de diciembre, reduciría significativamente los montos de las indemnizaciones que el gobierno de López Obrador tendría que pagar a los contratistas, si se aplicará la cláusula del “interés general” y se demuestran “causas justificadas de que la continuación de las obras y de las obligaciones pactadas causaría un daño o perjuicio al Estado”.
Un análisis jurídico y legal de los contratos de obra del Aeropuerto de Texcoco, que realizó la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, advierte que el Grupo Aeroportuario de la CDMX, organismo del Gobierno federal que a partir del 1 de diciembre podría tener un nuevo titular nombrado por López Obrador, tiene un gran margen discrecional transexenal que le otorgaron los empresarios constructores, a partir de la aparente confianza que tenían en que la obra seguiría con un gobierno priista en el siguiente sexenio.
Sobre las “Causales de Terminación”, se establece en los contratos que “el GACM podrá dar la terminación anticipada de los Contratos de Obra cuando: (i) Existan razones de interés general”, señala textual el documento del análisis de los abogados en poder de esta columna. Y luego añaden: “Ese supuesto representa el escenario más adverso para los contratistas, dado que el GACM gozaría –en principio— de un alto grado de discrecionalidad para aplicar este supuesto; ello, toda vez que no existen los parámetros judiciales o en la ley que definan el alcance o elementos que componen el interés general”, reconocen en el análisis de la Presidencia de de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados.
Para que se aplique ese supuesto, añade, el Grupo Aeroportuario tendría que fundar y justificar la existencia del “interés general” y construir un argumento de causalidad entre éste y la necesidad de dar por terminados los contratos, y entra las “causas justificadas” que pueden impedir la continuación de los trabajos, los mismos juristas mencionan la demostración de que “de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio al Estado”.
El problema que tienen ahora los empresarios es que si Andrés Manuel López Obrador decide utilizar su consulta y su resultado, que hasta ahora no ha sido declarada “ilegal” por ningún tribunal, para invocar el “interés general”, podría sólo pagar la parte parcial de las indemnizaciones correspondientes al avance que llevaban los trabajos. Incluso, si el nuevo gobierno demuestra “colmillo” puede usar los reportes de la Auditoría Superior de la Federación sobre posible corrupción en las licitaciones, para argumentar un “daño al erario” y ahí sí ¿quién quiere alegar?
Todo indica, pues, según la redacción de los contratos, que se durmieron los jurídicos de las empresas porque no ponderaron ni lo transexenal ni lo político como un riesgo, ni tampoco pidieron especificar en los contratos cuáles serían las causas del “interés general”, un concepto abstracto que se puede invocar para rescindir un contrato, según la ley que rige este tipo de contrataciones como las del aeropuerto.
Bastaría que en diciembre próximo el nuevo titular del Grupo Aeroportuario de la CDMX, ya nombrado por López Obrador, indicara que “por causas de interés general se rescinden todos los contratos”, para que las empresas se vieran obligadas a iniciar pláticas y negociaciones en las que el gobierno podría pagarles sólo la parte que habían realizado y no toda la que realizarían según el contrato. El tema se iría a Tribunales para definir si existieron las causas de “interés general” y el monto de las indemnizaciones.
Tal vez por eso ayer el secretario Ildefonso Guajardo decía que no había problema si se cancela Texcoco ni habría tal crisis ¿se referiría el titular de Economía a las cláusulas que le pueden dar sustento legal a la cancelación de Texcoco anunciada por López Obrador?
