Después de la votación contundente de 9 ministros que invalidaron las primeras dos iniciativas del Plan B electoral de López Obrador, a estas alturas ya nadie duda que en los próximos días, cuando llegue al pleno de la Corte el proyecto de sentencia del ministro Javier Laynes sobre las otras 4 leyes en materia electoral reformadas por la mayoría de Morena, que fueron impugnadas por la oposición, el fallo sería exactamente el mismo y una mayoría de ministros votaría por la invalidación también del segundo paquete, con lo que el intento de reforma política y electoral del Presidente quedaría muerto en su totalidad.
Falta ver cuál es el planteamiento que hace Laynes para declarar la ilegalidad o nulidad de las cuatro reformas restantes y si opta por anteponer las fallas y violaciones en el proceso legislativo —tal y como lo hizo en su proyecto Juan Luis González Alcántara— o si en esta ocasión el ministro decide entrar al fondo del asunto y revisar la constitucionalidad de las reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, La Ley Orgánica del Poder Judicial y la sustitución de una nueva Ley de Medios de Impugnación. Pero sea como sea, se da por hecho que el fallo mayoritario de la Corte será también adverso a ese segundo paquete de reformas lopezobradoristas.
En teoría, los planes del Presidente para modificar y debilitar el funcionamiento del INE, incluida la disminución de salarios a consejeros y funcionarios electorales, además de dar ventajas a los partidos políticos y a sus candidatos para realizar actos de campaña anticipada, al mismo tiempo que se disminuyen y desaparecen las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y se le quitan facultades al órgano jurisdiccional para sancionar las violaciones de los partido, estarían completamente desechados una vez que en la Corte se vote el segundo paquete del Plan B, lo cual ocurrirá a más tardar en unas semanas.
Pero aunque ya el propio López Obrador reconoció la imposibilidad de llevar a cabo sus planes electorales, acusando a la Suprema Corte de aliarse con los intereses de quienes se oponen a su “transformación”, además de llamarles “podridos, corruptos, casta privilegiada” y toda clase de adjetivos descalificatorios para los ministros, e incluso habló de esperar hasta el primer periodo de la próxima legislatura que empieza en septiembre de 2024, donde espera tener mayoría calificada para insistir en su Reforma Electoral pero ahora por la vía de cambios a la Constitución, hay quienes dicen que las reformas secundarias que desecharía la Corte por vicios y violaciones de procedimiento, podrían volver a discutirse en el Congreso en el próximo periodo legislativo que inicia en septiembre de este año.
Porque el paquete de reformas electorales que está revisando la Corte, si bien son idénticas, no son las iniciativas que envió personalmente el presidente López Obrador, sino son “reformas espejo” de las propuestas presidenciales que fueron presentadas por una diputada de Morena, que hizo suyas las propuestas del Presidente, las copió íntegras y las presentó a la Cámara de Diputados. A esas 6 iniciativas de reforma a leyes secundarias, fue a las que se les mandó a debate y votación en el pleno el 6 de diciembre, sin turnarlas a Comisiones legislativas, porque se les catalogó como “de urgente y obvia resolución”, por lo que se les dispensaron los trámites, tal como permite la Ley Orgánica de Diputados. Las iniciativas originales, las que envió el Poder Ejecutivo, esas sí fueron turnadas a comisiones para su discusión y ahí estarían todavía pendientes de ser dictaminadas.
Esta duplicidad del Plan B, que haría que lo que está analizando y votando la Corte no fueran en sentido estricto las iniciativas del Presidente, la explicó muy bien en la posición que leyó, antes de emitir su voto, la ministra Margarita Ríos Farjat: “En diciembre de 2022 el titular del Poder Ejecutivo presentó en la Cámara de Diputados dos iniciativas de reforma. La primera recaía en la Ley General de Comunicación Social y en la de Responsabilidades Administrativas. La segunda iniciativa propuso reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la de Partidos Políticos y demás normativa electoral. Ambas iniciativas fueron turnadas a comisiones en la Cámara de Diputados a las diez de la noche del 6 de diciembre de 2022, cuando el Presidente de la Mesa Directiva dio cuenta de ellas. Una hora más tarde, a las 11 y luego de un receso, una diputada anunció que su grupo parlamentario, Morena, presentaría dos iniciativas, haciendo suyas las que había enviado el Presidente de la República (las del Presidente, de todos modos ya se habían enviado a comisiones y entiendo que ahí siguen). La diputada solicitó trato de urgencia para las iniciativas de Morena, de forma que se le dispensaron trámites y no pasaron a comisiones, sino a discusión y votación directa tres horas después, y de ahí, al Senado”.
Si, como señaló la ministra, las dos iniciativas que fueron aprobadas en fast track por la mayoría de Morena, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados no son estrictamente las que mandó el Presidente a San Lázaro, y más bien fueron una copia idéntica elaborada por la bancada de Morena y enviada al pleno con dispensa de trámites, eso significaría que lo que invalidó la Corte no fueron estrictamente las iniciativas de reforma que mandó López Obrador y que esas seguirían en poder de las Comisiones legislativas sin ser aún dictaminadas.
Suena un poco absurdo, pero de ser así, en el próximo periodo ordinario de sesiones, que empieza en septiembre, Morena podría retomar su análisis y discusiones en las Comisiones y, eventualmente, volver a llevarlas al votación al pleno; eso podría aplicar para las seis leyes que fueron reformadas al vapor y entonces se reviviría, en un segundo intento, el Plan B. Claro que eso depende de que en el segundo paquete que discutirá la Corte, a partir del proyecto del ministro Javier Laynes, no se proponga la inconstitucionalidad de las 4 reformas pendientes, porque de ser así, no tendría caso volver a discutir y a votar un tema que ya fue declarado inconstitucional por el pleno de la Suprema Corte.
En todo caso, en medio de enredos legislativos y confrontaciones de poderes, lo que va quedando cada vez más claro es que detrás del llamado Plan B de López Obrador hay en realidad una estrategia perversa en la que, quizás más que modificar al INE o cambiar las reglas del juego electoral en este momento, lo que querían el Presidente y Morena era mandarle a la Corte una “bola envenenada”, una reforma que era a todas luces ilegal y anulable para que los ministros, inevitablemente, la invalidaran y así dar pie al discurso de descalificación, ataque y estigmatización del Poder Judicial como un “poder conservador, prohibido y enemigo de la transformación”, tal y como lo ha hecho durante toda una semana el Presidente.
Casi podría decirse que más que el Plan B, a López Obrador lo que le interesaba era que vinieran los fallos adversos en la Corte, porque de esa manera él podría victimizarse y decir que gracias a los “ministros corruptos y conservadores” que se oponen a su transformación del país, no podrá terminar su proyecto y necesitará, forzosamente, que el pueblo lo apoye con su voto en 2024 para continuar en el poder y terminar los cambios que necesita el país.
Es claro que hay detrás de todo este juego de choque y confrontación con la Corte, una estrategia perversa en la que el Presidente y su 4T buscan desgastar y estigmatizar a todo aquello que se les opone u obstaculiza sus planes de continuidad. Por eso la embestida a la Corte, a los órganos autónomos, a la prensa crítica. Se trata de identificar a todos como “culpables de impedir la transformación por proteger intereses”, y a él como la víctima inocente de conspiraciones perversas para así poder decir en campaña, como ya empezó desde ahora, que necesita el voto completo e incondicional del electorado, no sólo para Presidente sino también para el Congreso en 2024, porque solo así podrá concluir la transformación; aunque en realidad lo que busca López es afianzar su nuevo régimen político con el control total de los tres Poderes y de la República, para poder modificar la Constitución a su antojo y así, eternizar a su partido y su proyecto en el poder.
NOTAS INDISCRETAS…
Queriendo o no y sin llamar a las cosas por su nombre, el gobierno de López Obrador está repitiendo con Joe Biden exactamente el mismo esquema migratorio que México aceptó desde el gobierno de Donald Trump. Por un lado, seguiremos recibiendo a los migrantes que deporte Estados Unidos, aunque dice Marcelo Ebrard que sólo aceptaran 1000 deportados a la vez, con el compromiso de que será México el que los lleve hasta la frontera sur o incluso los mande a sus países de origen; y por otro lado, volvemos a mandar a la Guardia Nacional a sellar militarmente la frontera sur con Guatemala para frenar e impedir el avance de más migrantes hacia el territorio de Estados Unidos. Y de paso, para que no queden dudas de que seguimos siendo la policía migratoria o el muro de Washington, como se le quiera llamar, justo ayer, que terminó el Titulo 42, el Instituto Nacional de Migración suspendió el otorgamiento de permisos de internamiento al territorio mexicano que se estaban dando a los migrantes indocumentados. ¿Entonces, qué cambió en 4 años en la política migratoria de México sometida a las órdenes de la Casa Blanca? Lo único que cambió fueron los 40 migrantes muertos por negligencia criminal del Estado mexicano en Ciudad Juárez, lo demás sigue exactamente igual…Se baten los dados. Capicúa. Se repite el tiro.
