Haberse confrontado con la Corte y emprender una campaña de ataques contra sus ministros y juzgadores, a partir de acusaciones genéricas de corrupción y señalamientos personales a la ministra presidenta, serán sin duda una de las estrategias políticas más costosas para el presidente López Obrador en la recta final de su sexenio. Porque el titular del Ejecutivo atizó tanto sus diferencias con el Poder Judicial, sobre todo a partir de la salida de Arturo Zaldívar de la presidencia, que terminó logrando que los ministros se acuerparan en defensa de lo que claramente ha sido un intento de avasallamiento y sometimiento a su autonomía e independencia.
Los resultados de la soberbia presidencial y de la invasión de poderes en que ha incurrido el Presidente se han visto ya en varios fallos adversos de la Suprema Corte, sobre todo en los temas recientes de la militarización de la Guardia Nacional; pero lejos de amainar en sus críticas y señalamientos públicos, desde Palacio Nacional se ordenó interrumpir toda forma de diálogo con los ministros (“que no les contesten ni el teléfono”) y se declaró una suerte de ruptura en el necesario intercambio e interacción entre poderes, en una actitud que altera y afecta el equilibrio y la división de poderes en la que funciona el sistema constitucional y republicano.
En ese ambiente hostil y de tensión en la relación entre poderes, es que vienen dos discusiones trascendentes para el sistema electoral y democrático del país. La Corte ha comenzado ya el análisis del llamado Plan B, que son el paquete de reformas políticas y electorales que a nivel de leyes secundarias llevó a cabo el Congreso de la Unión para modificar sustancialmente al Instituto Nacional Electoral, las reglas de competencia democrática y el sistema de sanciones y facultades de los organismos electorales para regular la equidad y legalidad en la contienda por los cargos de elección.
La discusión en la Corte de las acciones de inconstitucionalidad y controversias interpuestas por los partidos de oposición en el Congreso se ha dividido en dos partes, según se aprobaron en el Congreso. El primer paquete, que incluye las reformas a las leyes de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas será el primero en ser discutido y votado en los próximos días y el proyecto de sentencia ya ha sido presentado por el ministro Alberto Pérez Dayan, quien propone anular e invalidar dichos cambios legislativos, a partir de vicios y violaciones que sustenta a diversos artículos que regulan el proceso parlamentario.
La aprobación de esas iniciativas en la Cámara de Diputados, destaca Pérez Dayán, se realizó ahí el mismo día en que fueron presentadas por el presidente López Obrador, sin discusión ni análisis del contenido, a pesar de que se trataba de una reforma amplia al sistema electoral. “La gravedad de tales infracciones en conjunto permite concluir con la invalidez del decreto cuestionado, por violación directa a los artículos 71 y 72 de la Constitución federal, esto porque la iniciativa no se conoció a tiempo, ni se publicó con la anticipación debida para su discusión en la Cámara de origen, dada la inobservancia a las disposiciones contenidas en el Reglamento de cada Cámara, desconociéndose con ello el principio de deliberación informada y democrática, así como los derechos que asisten a la representación popular”, afirma el proyecto del ministro que ya fue presentado para su análisis entres sus pares de la Corte.
Destaca también en el proyecto que los diputados de Morena le dieron un tratamiento indebido a dichas reformas al considerarlas “de urgente y obvia resolución”, cuando el presidente López Obrador ya no tenía posibilidad ni facultad constitucional de presentar iniciativas de carácter “preferente” porque solo puede hacerlo el primer día de apertura de cada periodo ordinario de sesiones. “A pesar de ello, el Grupo Parlamentario de Morena, con un mínimo ajuste, las hizo suyas y solicitó su trámite urgente”, indica Pérez Dayán en su texto, en el que considera fundados los argumentos de la oposición por los llamados “vicios de procedimiento”.
Bajo ese mismo criterio de violaciones y vicios al procedimiento legislativo, la segunda parte del llamado Plan B, que son los cambios y reformas a las leyes que rigen directamente el sistema electoral, también podría ser anulado, aunque ese proyecto le toca presentarlo al ministro Javier Laynez Potisek, lo cual ocurrirá en las próximas semanas, porque esos cambios fueron aprobados por la mayoría de Morena hasta el mes de marzo pasado. Considerando los proyectos recientes de Laynez y los razonamientos y argumentos esgrimidos por Pérez Dayan, es de esperar que el siguiente proyecto también venga adverso para la reforma política de López Obrador.
Así que, en espera de que se discutan y voten los controvertidos cambios electorales en la Corte y a juzgar por los recientes fallos en los que una mayoría de 8 ministros ha invalidado constitucionalmente reformas legales propuestas por el Presidente y aprobadas por la mayoría de Morena, es muy probable que en el caso del Plan B electoral le esperen a López Obrador un par de reveses que echarían para atrás todos los cambios con los que se propuso debilitar al INE, disminuirlo y beneficiar a los candidatos, sobre todo a los de su partido Morena, con la realización de actos anticipados de campaña, como los que desde hace tiempo realizan, sin la posibilidad de ser sancionados por una autoridad electoral a la que se le restaron facultades y se le limitaron las sanciones.
Veremos pues cómo reacciona el Presidente en caso de que se concreten esos dos nuevos reveses a un tema que para él fue prioritario y que, tal y como lo hizo con la Guardia Nacional, que ya le fue declarado inconstitucional, trató de burlar a la Constitución, ante la falta de votos para mandar una reforma constitucional, y modificó al INE y al sistema electoral a través de leyes secundarias aprobadas al vapor y sin respetar los procesos legislativos por sus borregos de Morena en el Congreso.
NOTAS INDISCRETAS…
Mientras el señor Ignacio Ovalle sigue protegido y muy tranquilo, cobrando del erario en la Secretaría de Gobernación, ayer un juez de control ordenó la liberación de Oscar Navarro Garate, exdirector de Administración de Segalmex, a quien la FGR había detenido y mantenido en prisión preventiva desde el pasado 25 de marzo. La detención de Navarro generó polémica porque se trata del primer funcionario que informó y alertó al área jurídica de Segalmex que había detectado convenios y contratos firmados con empresas que no cumplían con la legalidad y resultaban sospechosos. Fue a partir de sus denuncias que se comenzó a investigar y que se jaló el hilo de una madeja que hoy está clasificada como el mayor desfalco de dinero público documentado en la historia reciente del país. No deja de ser una paradoja que mientras a Navarro Garate, que dio la voz de alerta sobre la corrupción en el sistema alimentario, lo hayan detenido y le iniciaran un proceso, que ahora podrá seguir en libertad, mientras a Ovalle, que es amigo, mecenas y protegido del Presidente (“porque yo lo considero una buena persona”) se le premie y se le dé impunidad con un cargo en la Segob. Pero después de escuchar ayer a López Obrador, que en su conferencia mañanera culpó de la masacre de 40 migrantes que murieron calcinados y asfixiados en el centro migratorio de Ciudad Juárez, el pasado 27 de marzo, al señor “que tenía la llave” de las rejas, con tal de exculpar a su también amigo Francisco Garduño, se puede entender que para este gobierno y este Presidente que decía ser diferente, sigue habiendo dos varas para medir la justicia, la negligencia y la corrupción: una feroz e implacable con la que mide a sus opositores, críticos y a cualquiera que disienta de su forma de gobernar, y otra suave, blanda y comprensiva con la que se juzga a sus amigos, compadres y colaboradores cercanos… Se tropiezan los dados. Serpiente doble y descendemos.
