En un país donde los partidos gastan miles de millones de pesos, donde priva el financiamiento ilegal y oscuro de dinero de dudosa procedencia a candidatos y fuerzas políticas, que el Tribunal Electoral federal, máxima autoridad judicial de nuestro sistema democrático, pierda tiempo y recursos discutiendo si es o no infracción electoral utilizar una playera de un equipo de futbol y obtener un supuesto beneficio de la “marca” de ese equipo por “identificación con lo votantes”, parece un ejercicio inútil e intrascendente para la vida democrática de un país.
Se entiende que los partidos, en su lucha por el poder, se quejen de que un candidato use un jersey futbolero; eso está al bajo nivel de nuestros políticos sin argumentos, pero que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial federal dedique tiempo a sesudos razonamientos jurídicos, sofisticadas interpretaciones legales y hasta conspiraciones de sus magistrados en un pleito tan banal, parece más propio del Tribunal electoral de la República de Arepa (de las novelas del gran Jorge Ibargüengoitia) que de una institución que nos cuesta tanto a los mexicanos.
Tan absurda y extraña fue esa resolución del TEPJF adoptada el pasado 19 de agosto, que ordenó sancionar al ganador de la elección de senador por MC en Nuevo León, Samuel García, por supuesto “rebase de gastos de campaña” (porque contabilizaron como gasto las marcas que patrocinan las prendas) que ni siquiera el INE la tomó en serio y, corrigiendo la rara resolución del Tribunal, los consejeros contabilizaron el “financiamiento de marcas” pero no el rebase de gastos de campaña que denunciaba el PRI, dejando en ridículo a los magistrados federales.
En aquella sesión, a la que destinaron varios días previos de análisis, hubo reclamos y denuncias de “conspiraciones” para cambiar el voto de los magistrados, hechas por el magistrado José Luis Vargas, quien le reclamó primero a su compañero Indalfer Infante que en privado hubiera anunciado que votaría en contra de esa resolución y luego, extrañamente, en la sesión pública cambió su voto a favor de sancionar al candidato de MC.
“Me llaman la atención el pronunciamiento que acaba de hacer el magistrado Indalfer Infante porque hasta casi las 11 de la noche, saliendo de la sesión privada, me quedé con la visión de que venía exactamente con argumentos contrarios porque usted dijo que el tema (de la sanción por usar las playeras) no era electoral porque era un tema de adquisición de marcas y patentes y que entrar a analizar eso habría afectación a la libertad de expresión, y ahora dice que sí hay infracción electoral…me llama la atención un cambio de criterio en unas cuantas horas”, se quejó Vargas.
Y es que Vargas lo que sugería es que en las sesiones privadas del Tribunal la magistrada presidente Janine Otalora preguntaba el sentido del voto de cada magistrado y luego, al parecer había presiones para que algunos cambiaran su voto en la sesión pública y votaran en bloque con ella. “Entiendo el concepto de las sesiones privadas, pero debieran hacerse públicas también porque no generan transparencia…no se puede explicar como alguien cambia tan radicalmente su forma de ser o de pensar en lo que implica bajar del quinto piso a la sala de plenos”, insistió el magistrado Vargas, quien responsabilizó a Otálora de esos “cambios de voto” y de no avisar de ellos a todos los magistrados para evitar suspicacias cuando algunos de ellos cambiaban en cuestión de horas el sentido del voto que habían anunciado en privado.
¿O sea que a la magistrada presidenta la acusan de estar tirando “línea” a otros magistrados y de aprovechar las sesiones privadas para conocer cómo votarán sus compañeros para después “convencerlos” o presionarlos para que cambien su voto según le convenga a ella y a su bloque?
NOTAS INDISCRETAS…A propósito del senador Samuel García, a pesar de que libró la queja del PRI, ahora el PES presentó un nuevo recurso de impugnación ante el OPLE del INE en Nuevo León, por financiamiento ilícito, donde afirman que el candidato de MC utilizó “recursos de procedencia ilícita por recibir aportaciones de entes prohibidos”, de las que dicen tener pruebas. Si pueden probarlo y la queja del PES prospera, la sanción podría ser cancelarle la senaduría a García, pero el efecto para Movimiento Ciudadano sería que si pierde esa votación en Nuevo Léon su dirigente nacional, Dante Delgado, también se caería de su senaduría pluri y por tanto de la coordinación. Así que Dante debe tener veladoras prendidas para que le tiren a Samuelito…Lanzamos los dados. Escalera doble.
