- El padrón busca frenar fraudes y extorsiones, pero el delito ya migró a plataformas digitales
- Especialistas alertan por suplantación de identidad, robo de datos y posibles abusos
- Operadores deberán registrar más de 130 millones de líneas antes de junio de 2026
Arranque del padrón nacional de líneas móviles
Este 9 de enero de 2026 comenzó en México el registro obligatorio de líneas de telefonía móvil, una medida que vincula cada número con la identidad de una persona física o moral. El objetivo oficial es reducir delitos como extorsión, fraude y secuestro mediante la trazabilidad de las comunicaciones.
La obligación aplica tanto para nuevas contrataciones como para líneas ya activas, que deberán regularizarse a más tardar el 30 de junio de 2026. El incumplimiento podrá derivar en la suspensión temporal del servicio.
Eficacia bajo cuestionamiento
Especialistas en ciberseguridad señalan que el impacto del registro será reducido, ya que la mayor parte de los fraudes actuales no se cometen por llamadas tradicionales. Víctor Ruiz, director de la empresa Silikn, explicó que más del 90% de estas estafas se realizan hoy mediante aplicaciones de mensajería y voz sobre internet, como WhatsApp o Telegram, fuera del alcance directo de la regulación.
Advirtió que, sin una estrategia integral contra el fraude digital, el padrón corre el riesgo de convertirse en una carga administrativa que no ataca el núcleo del problema, ahora alojado en entornos digitales.
Riesgos de suplantación y procesos legales
Otro foco de preocupación es la suplantación de identidad. Aunque los operadores deberán validar documentos contra bases oficiales, la circulación de datos robados y credenciales falsas podría provocar que personas queden vinculadas a líneas que nunca usaron.
En esos casos, deslindar responsabilidades implicaría procesos largos ante fiscalías y unidades cibernéticas, con investigaciones que incluyen rastreos de IMEI, revisión de videos de activación y solicitudes a comercios, procedimientos que suelen ser lentos.
Alertas por privacidad y vigilancia
Organizaciones defensoras de derechos digitales, como la Red en Defensa de los Derechos Digitales, advirtieron que el padrón puede fortalecer esquemas de vigilancia con escasas salvaguardas. Su director interino, Pepe Flores, señaló que el consentimiento es forzado, ya que la alternativa para los usuarios es quedar excluidos del servicio.
La organización alertó que la entrega de datos personales —y eventualmente biométricos— podría afectar de forma desproporcionada a periodistas, activistas, opositores y personas migrantes, especialmente ante requerimientos de información sin orden judicial.
Postura de las empresas telefónicas
Operadores como Telcel y AT&T confirmaron que el proceso será gratuito y podrá realizarse de forma remota o presencial. Telcel indicó que deberá registrar alrededor de 80 millones de líneas y subrayó que se trata de una disposición legal obligatoria, no de una iniciativa empresarial.
AT&T precisó que cada identidad podrá vincular hasta 10 líneas telefónicas y que el registro aplicará también a personas extranjeras. Ambas compañías informaron que, a partir de febrero de 2026, se habilitarán mecanismos para aclaraciones o desvinculación de líneas no reconocidas.
Marco legal y antecedentes
El registro obligatorio está contemplado en la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, aprobada en julio de 2025. La medida revive el debate tras el fracaso del RENAUT en 2009 y la invalidez del PANAUT en 2022, cuando la Suprema Corte determinó que ese padrón vulneraba derechos fundamentales.
Especialistas coinciden en que el desafío central será proteger los datos personales y evitar que la medida derive en mayor vigilancia o en nuevos abusos, sin lograr una reducción real del delito.
