- El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó demandas para retirar la ciudadanía a 17 personas naturalizadas acusadas de fraude migratorio y otros delitos graves.
- Entre los señalados se encuentran los mexicanos María Lourdes Montoya y Armando Mendoza, quienes presuntamente ocultaron información durante sus trámites migratorios.
- Si los tribunales fallan a favor del gobierno estadounidense, los implicados perderían su ciudadanía y podrían quedar sujetos a procesos de deportación.
Gobierno de Trump impulsa nuevas acciones contra presunto fraude migratorio
La administración del presidente Donald Trump inició una serie de procedimientos judiciales para revocar la ciudadanía estadounidense de 17 personas naturalizadas que, según las autoridades, obtuvieron ese estatus mediante información falsa u ocultando antecedentes relevantes durante sus procesos migratorios.
El Departamento de Justicia informó que las demandas fueron presentadas ante tribunales federales y forman parte de una política enfocada en sancionar presuntas irregularidades detectadas en los procesos de naturalización.
De acuerdo con la dependencia, los casos involucran delitos como abuso sexual infantil, narcotráfico, fraude financiero, lavado de dinero y falsificación de información migratoria.
Dos ciudadanos de origen mexicano están entre los señalados
Entre las personas incluidas en los procesos judiciales figuran María Lourdes Montoya, de 63 años, y Armando Mendoza, de 39 años.
Según la acusación presentada contra Montoya, la mujer habría obtenido la residencia permanente y posteriormente la ciudadanía estadounidense mediante información falsa relacionada con la identidad de su esposo.
Las autoridades sostienen que declaró estar casada con un ciudadano estadounidense identificado como Gilberto Montoya, aunque en realidad mantenía una relación con Ernesto Orozco-Viramontes, un ciudadano mexicano que presuntamente utilizó de manera fraudulenta la identidad de dicha persona.
En el caso de Mendoza, el gobierno estadounidense afirma que ocultó antecedentes relacionados con la recepción de material de abuso sexual infantil cuando presentó su solicitud de naturalización en 2011. Dos años después, se declaró culpable de ese delito ante las autoridades federales.
La pérdida de la ciudadanía dependerá de la decisión de los tribunales
El Departamento de Justicia explicó que las acciones legales se sustentan en la Ley de Inmigración y Nacionalidad, la cual permite anular una naturalización cuando se demuestra que fue obtenida mediante fraude, engaño o la omisión de información relevante.
Los procedimientos de desnaturalización son de carácter civil y deberán ser resueltos por jueces federales, quienes evaluarán las pruebas presentadas por el gobierno.
En caso de que las demandas prosperen, las personas involucradas perderán todos los derechos asociados a la ciudadanía estadounidense, incluida la protección frente a una posible deportación.
Autoridades defienden política de “tolerancia cero”
El fiscal general interino, Todd Blanche, afirmó que la ciudadanía estadounidense representa un privilegio que debe obtenerse de manera legal y transparente.
Asimismo, señaló que el gobierno mantendrá una política de “tolerancia cero” frente a quienes hayan mentido o proporcionado información falsa durante sus procesos migratorios.
Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, aseguró que la administración continuará utilizando todos los mecanismos legales disponibles para retirar beneficios migratorios obtenidos de manera irregular.
Endurecen vigilancia sobre procesos de naturalización
La medida forma parte del endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por la administración Trump desde su regreso a la Casa Blanca en 2025.
Las autoridades estadounidenses sostienen que reforzarán la revisión de casos donde existan indicios de fraude migratorio o delitos graves cometidos por ciudadanos naturalizados.
Mientras tanto, los 17 casos continuarán su curso en los tribunales federales, donde se determinará si existen elementos suficientes para retirar la ciudadanía a los implicados.
