• La FGR negó contar con pruebas directas que vinculen a los hermanos Farías Laguna con asesinatos de marinos y una funcionaria.
• Investigaciones y reportes de inteligencia relacionan a la red con operaciones de huachicol fiscal y posibles actos de intimidación.
• Claudia Sheinbaum respaldó la postura de la fiscalía y calificó como falsa la versión sobre imputaciones por homicidio.
Fiscalía rechaza acusaciones directas por homicidio
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que, hasta el momento, no existe una imputación formal ni pruebas directas que vinculen a los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna con el asesinato de tres integrantes de la Secretaría de Marina y una trabajadora de la delegación de la FGR en Colima.
La aclaración surgió luego de versiones periodísticas que señalaban que la organización presuntamente encabezada por ambos mandos navales retirados estaría relacionada con ejecuciones vinculadas a una red de huachicol fiscal.
Mediante una tarjeta informativa, la FGR precisó que el Ministerio Público Federal no cuenta con elementos concluyentes que acrediten la participación de los señalados en los homicidios mencionados.
“La institución reitera que, hasta este momento, no se cuenta con datos directos que establezcan la posible participación de las personas mencionadas en la privación de la vida de diversas personas civiles y servidoras públicas”, indicó la dependencia.
Investigación apunta a una red de huachicol fiscal
De acuerdo con documentos judiciales relacionados con solicitudes de órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y contrabando, las investigaciones federales describen la existencia de una estructura criminal dedicada al ingreso ilegal de hidrocarburos al país mediante redes de corrupción en aduanas.
En las indagatorias se menciona que dicha organización operaba con mecanismos de protección e intimidación para evitar denuncias y mantener control sobre actividades ilícitas vinculadas al tráfico de combustibles.
Los expedientes también señalan que el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, actualmente preso en el penal de El Altiplano, y el contralmirante Fernando Farías Laguna, detenido en Argentina en espera de un proceso de extradición, habrían mantenido influencia en diversas aduanas estratégicas del país.
Casos de marinos y funcionaria asesinados
Dentro de las investigaciones se menciona la muerte del contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, asesinado en noviembre de 2024 en Manzanillo, Colima, luego de presuntamente denunciar irregularidades relacionadas con operaciones de huachicol fiscal.
También aparecen los casos de Magali Janet Nava Ramos, trabajadora de la FGR en Colima; el capitán de navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez, localizado sin vida en Tamaulipas en 2025; y Adrián Omar del Ángel Zúñiga, cuya muerte igualmente es mencionada dentro de las líneas de investigación.
Según los documentos revisados por autoridades, algunas de estas víctimas habrían tenido conocimiento de presuntas operaciones ilegales relacionadas con el ingreso ilícito de hidrocarburos y redes de corrupción portuaria.
Sheinbaum respalda postura de la FGR
Durante su conferencia matutina de este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que consultó el tema con autoridades federales y sostuvo que la información sobre una investigación directa por homicidio contra los hermanos Farías Laguna “es falsa”.
La mandataria señaló que la fiscalía ya aclaró públicamente que no existen imputaciones formales por esos delitos y criticó la difusión de información sin sustento confirmado.
Además, adelantó que el gobierno federal prepara un programa para desmentir noticias falsas y reforzar el derecho a la información.
Continúan investigaciones por delincuencia organizada
Aunque la FGR negó imputaciones por homicidio, las investigaciones sobre la presunta red de huachicol fiscal continúan abiertas. Las autoridades federales mantienen procesos relacionados con delincuencia organizada, contrabando y operaciones ilícitas en aduanas marítimas.
La fiscalía sostiene que la organización investigada contaba con capacidad operativa, acceso a información estratégica y una estructura jerárquica que le permitía operar en distintos puntos del país.
