• La Fiscalía concluye que el descarrilamiento fue causado por exceso de velocidad y fallas operativas
• La empresa ferroviaria queda sin responsabilidad penal tras auditorías y peritajes
• 145 víctimas recibieron indemnización; operadores siguen bajo proceso judicial
La Fiscalía General de la República (FGR) cerró la investigación sobre el descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido en diciembre, que dejó un saldo de 14 personas fallecidas y cerca de 100 lesionadas. Tras un análisis integral, determinó que no hubo fallas en la infraestructura ni en los equipos, y que la causa principal fue un error humano.
Determinación de las causas
Según informó la fiscal Ernestina Godoy, el accidente se originó por el exceso de velocidad con el que era conducido el tren, lo que calificó como una acción negligente. A ello se sumaron omisiones en la supervisión por parte del jefe de despacho, lo que contribuyó a que no se corrigiera la maniobra a tiempo.
Los estudios técnicos confirmaron que las vías, los sistemas ferroviarios y el material rodante se encontraban en condiciones adecuadas y cumplían con todas las normas aplicables, descartando cualquier responsabilidad relacionada con fallas mecánicas o estructurales.
Sin cargos contra la empresa operadora
La investigación también descartó irregularidades en la actuación de la empresa Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, adscrita a la Secretaría de Marina. La FGR concluyó que no existen elementos para imputar delitos como uso indebido de atribuciones o deficiencias en el servicio público.
Esta conclusión se sustentó en múltiples auditorías realizadas por instancias fiscalizadoras, así como en revisiones técnicas que no detectaron anomalías en la construcción, mantenimiento ni operación del sistema ferroviario.
Responsabilidad de los operadores
En contraste, la Fiscalía mantiene el proceso penal contra el maquinista, el conductor y el jefe de despacho, quienes están vinculados a proceso por los delitos de homicidio y lesiones culposas. Las autoridades consideran que su actuación fue determinante en el desarrollo del accidente.
En el caso de los daños materiales, la empresa decidió otorgar el perdón legal, lo que permitió cerrar ese componente del proceso.
Indemnización a las víctimas
Como parte de la resolución del caso, 145 personas afectadas —entre ellas 31 menores de edad— accedieron a acuerdos de reparación integral del daño. Este mecanismo permitió compensar a las víctimas de forma más ágil y derivó en la extinción de la acción penal contra la empresa.
La Fiscalía destacó que estos acuerdos buscan garantizar justicia efectiva sin prolongar los procesos judiciales.
Cierre de la investigación
Con base en los peritajes, auditorías y diligencias ministeriales, la FGR informó que no quedan líneas de investigación pendientes. El caso queda concluido en lo que respecta a la responsabilidad institucional, mientras que el proceso judicial continuará únicamente contra los operadores involucrados.
