• La acusación está relacionada con una pensión vitalicia otorgada tras la muerte de su esposo en 2004
• La FGR imputa el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades
• La audiencia inicial fue fijada para el 16 de diciembre
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó ante un juez una carpeta de investigación contra María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción, para que sea imputada por su presunta responsabilidad en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, vinculado con una pensión vitalicia pagada por Petróleos Mexicanos (Pemex).
Antecedentes del caso
La investigación se origina en la pensión posmortem que Casar comenzó a recibir tras la muerte de su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla, ocurrida el 7 de octubre de 2004. Márquez Padilla ingresó a Pemex el 1 de junio de ese mismo año como coordinador ejecutivo de la dirección corporativa de administración y falleció tras haber ocupado el cargo durante 129 días.
Autoridades informaron que Márquez Padilla murió al caer desde una ventana del piso 12 del edificio A de la sede central de Pemex. Aunque los peritajes concluyeron que se trató de un suicidio, esta determinación no quedó asentada de manera explícita en los documentos difundidos.
La pensión y el presunto daño patrimonial
De acuerdo con la información presentada, el 19 de octubre de 2004 se solicitó el pago de la pensión posmortem para los beneficiarios, con efectos a partir del 8 de octubre, un día después del fallecimiento. La FGR sostiene que, mediante este mecanismo, Casar recibió una pensión mensual cercana a los 125 mil pesos.
Según lo expuesto por Pemex en 2024, el monto total de los recursos pagados alcanzaría aproximadamente 31 millones de pesos, cifra que las autoridades consideran como un posible daño patrimonial a la empresa productiva del Estado.
El delito que se le imputa
Documentos del Poder Judicial de la Federación señalan que la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción solicitó audiencia inicial para imputar a Casar y a otras dos personas por el delito previsto en el artículo 217, fracción II, del Código Penal Federal.
Este ilícito puede ser atribuido tanto a servidores públicos como a particulares y contempla sanciones de seis meses a 12 años de prisión, además de multas económicas. No se trata de un delito catalogado como grave, por lo que, en caso de ser vinculados a proceso, los imputados podrían enfrentar el juicio en libertad.
Audiencia y situación legal
La audiencia inicial fue programada para el 16 de diciembre, fecha en la que se darán a conocer formalmente las imputaciones y los resultados de la investigación. Cabe recordar que Pemex suspendió el pago de la pensión en febrero de 2024; sin embargo, Casar promovió un juicio de amparo y un juzgado federal en materia laboral ordenó restablecer los pagos.
