Cuando anuncie hoy al mando de la Guardia Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador podrá ejercer, como ya lo anticipó, su facultad constitucional de designar a quién él decida al frente del nuevo cuerpo policíaco, incluido un militar del Ejército mexicano; pero también estará obligado a respetar lo que la misma Constitución le mandata, en el artículo 21 de respetar primero el carácter civil de la Guardia y luego el requisito expreso que se contendrá en la próxima Ley de la Guardia Nacional, en la que según los acuerdos firmados por todos los coordinadores parlamentarios para las leyes secundarias, “los elementos provenientes de las fuerzas armadas requerirán haber obtenido licencia para separarse del servicio activo”.
Ese texto, que obligaría a que el militar que hoy designe el presidente ya no esté en activo porque ya tramitó su licencia ante la Secretaría de la Defensa o la Secretaría de Marina, es de observancia obligatoria para López Obrador si no quiere que, desde el origen, su Guardia comience mal o su nombramiento resulte impugnado o controvertido constitucionalmente por los partidos de oposición, lo que no sólo abriría un litigio entre Poderes ante la Corte, sino que le restaría la legitimidad que el nuevo cuerpo de seguridad ganó cuando todas las fracciones del Senado aprobaron por unanimidad la reforma constitucional que le dio origen y establecieron compromisos firmados para las leyes secundarias.
Justo en el documento que consigna esos compromisos, elaborado por la Comisión de Puntos Constitucionales y fechado el 25 de febrero, se enumeran todas y cada una de “las consideraciones que justifican las modificaciones aprobadas por el pleno (el 21 de febrero)” y en el aparecen al calce las firmas de cada uno de los coordinadores parlamentarios, que aceptaron y acordaron honrar dichos compromisos, y entre las firmas se encuentra la del coordinador de Morena, Ricardo Monreal Avila.
Ese documento oficial, del que está columna tiene copia, está en papel membretado del Senado y fue enviado al presidente del órgano Legislativo, Martí Batres Guadarrama por el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, senador Eduardo Ramírez de Aguilar para que obrara en el expediente relativo a lo que acordó el pleno senatorial por unanimidad en la sesión ordinaria del jueves 21 de feberoro, cuando se aprobó el dictamen de reformas a la Constitución en materia de Guardia Nacional, y en él se lee textualmente, en el apartado VI. Otras disposiciones transitorias, en la parte final de la tercera cuartilla:
“Entre los contenidos que habrán de integrarse a ese orden normativo deseamos destacar el acuerdo alcanzado para que en la Ley de la Guardia Nacional se establezcan los requisitos que deberán cumplir sus integrantes, entre los cuales, si se trata de elementos provenientes de la Fuerza Armada permanente, se requiera haber obtenido licencia para separarse del servicio activo en los términos de las leyes aplicables”.
Luego entonces, cuando el presidente dice e insiste que hoy nombrara a un “militar en activo” se refiere sí a un miembro de las fuerzas armadas que puede estar dado de alta y en funciones en la Defensa o la Marina, y que incluso, según el artículo Tercero Transitorio, señalado en ese mismo documento, podrá conservar su rango militar y sus prestaciones; pero en ningún caso, al momento que López Obrador lo nombre y le de posesión como jefe de la Guardia Nacional, podrá seguir activo y tendrá que ya haber solicitado y recibido la licencia respectiva que haga constar que ya está separado del servicio activo de las fuerzas militares.
De no hacerlo así, cumpliendo ese requisito, el presidente no sólo deshonraría la palabra empeñada por sus senadores y su coordinador Ricardo Monreal, sino que representaría una provocación absurda y una mancha de origen a la Guardia que es vital para que su gobierno pueda enfrentar y controlar la crisis de seguridad que se ha agravado en todos los delitos graves y ha llegado a los peores niveles y cifras de la historia en el primer trimestre del gobierno de la Cuarta Transformación.
López Obrador ya ha dado varias muestras de irrespeto, desaire y menosprecio al Poder Legislativo ¿lo volverá a hacer hoy al nombrar al titular de la Guardia Nacional?
NOTAS INDISCRETAS…El éxito en la reciente visita de Michel Bachelette y en la firma de los convenios en los que la Alta Comisionada de la ONU apoyará al gobierno de México en materia de Derechos Humanos, radica no sólo en esos instrumentos sino en el personaje. Bachelette, izquierdista y dos veces presidenta de Chile, tiene una autoridad moral que ayudará a garantizar y a reforzar el respeto a los derechos humanos y el carácter de fuerza civil de la Guardia Nacional, primero porque ella sabe muy bien de lo que habla cuando se trata de abusos de los militares, porque vivió en carne propia, la represión de la dictadura militar de Pinochet a su familia y a su padre, y segundo porque doña Michelle también es la primera y la única mujer que ha sido Ministra de Defensa en toda Latinoamérica y como civil aprendió a lidiar, a cambiar y a contener a un Ejército golpista como el chileno. Así que bien por la embajadora Martha Barcena, que fue la que hizo el primer contacto en Nueva York y la primera invitación a que Bachelette viniera a México y apoyar al gobierno de López Obrador en esos temas, y bien también por el canciller Marcelo Ebrard y por la subsecretaria Martha Delgado, que se encargaron de cerrar el apoyo y la visita de la ex presidenta de Chile en la pasada Conferencia Mundial sobre Migración de la ONU celebrada en Marruecos en diciembre del 2018…Se lanza el tiro. Capicúa de los dados.
