- Infiltración tecnológica en México comprometió a testigos del FBI
- El cártel accedió a llamadas y ubicación de un alto funcionario estadounidense
- Informe urge al FBI a reforzar seguridad y capacitación interna
Vigilancia criminal y fallas de seguridad en el FBI
Un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que un hacker al servicio del Cártel de Sinaloa utilizó cámaras de vigilancia pública en la Ciudad de México y herramientas tecnológicas para seguir los movimientos de un funcionario del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y rastrear a sus posibles informantes. Esta información fue presuntamente utilizada por el cártel para intimidar y, en algunos casos, asesinar a testigos clave.
El caso ocurrió en 2018, durante una investigación contra la organización criminal que entonces encabezaba Joaquín “El Chapo” Guzmán, extraditado en 2017 y condenado en 2019. De acuerdo con la auditoría, un individuo vinculado al cártel contactó al FBI para advertir que habían contratado a un hacker especializado en espionaje digital. Este logró observar a personas entrando y saliendo de la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México y localizó al Agregado Legal Adjunto del FBI. A través de su número de teléfono, accedió a registros de llamadas y datos de geolocalización.
Además, el hacker utilizó el sistema de videovigilancia capitalino para seguir al funcionario por la ciudad y documentar sus encuentros con posibles colaboradores. El informe no reveló las identidades del hacker, del agente ni de las víctimas.
La auditoría también advierte sobre los riesgos de la llamada “vigilancia técnica ubicua”, que implica la recolección masiva de datos —visuales, electrónicos, financieros, de desplazamientos o digitales— para establecer conexiones entre personas, eventos y lugares. Según el informe, esta práctica representa una amenaza creciente para las operaciones sensibles de agencias como el FBI y la CIA, calificándola incluso como un riesgo “existencial”.
El documento concluye que la preparación del FBI ante este tipo de amenazas es insuficiente. Aunque existen módulos de capacitación avanzada, estos no alcanzan a todo el personal que los requiere. Como respuesta, la Oficina del Inspector General emitió cuatro recomendaciones: documentar vulnerabilidades, finalizar un plan estratégico contra vigilancia técnica, definir líneas claras de autoridad para actuar ante incidentes, y ampliar el acceso a entrenamientos especializados. El FBI aceptó todas las recomendaciones.
