Un juez federal ratificó el bloqueo a las cuentas bancarias de la madre del ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y de las empresas Desarrolladora Cava SA de CV y Productora Rural y Agropecuaria Regional Cava SPR de las que el panista es socio junto con sus hermanos Ismael y José Manuel García Cabeza de Vaca.
En el 2021, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, solicitó al gobierno de México cooperación en la investigación de irregularidades bancarias relacionadas con las empresas de Cabeza de Vaca.
El 18 de mayo de ese año, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el bloqueo de las cuentas bancarias de María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattembarger, así como a las empresas Desarrolladora Cava y Productora Rural y Agropecuaria Regional Cava
Inconformes con el bloqueo, Cabeza de Vaca Wattembarger y los representantes legales de las empresas d ellos hermanos Cabeza de Vaca promovieron un Juicio de Amparo para oponerse a la decisión.
El pasado 29 de mayo, el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, negó el amparo y protección de la justicia federal en contra de del bloqueo de sus cuentas bancarias y su inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas de la UIF.
Los socios de las empresas CAVA, son Francisco Javier García Cabeza de Vaca y sus hermanos, Ismael y José Manuel.
La resolución concluyó que la medida fue legal, ya que se originó en una solicitud de colaboración internacional presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en el marco de una investigación relacionada con presuntas operaciones de lavado de dinero y por movimientos financieros detectados en ese país y en otros.
De acuerdo con la sentencia, el bloqueo de cuentas busca evitar que recursos posiblemente vinculados con actividades ilícitas sean transferidos u ocultados mientras las autoridades realizan las investigaciones correspondientes.
Asimismo, destacó que México y Estados Unidos forman parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo que promueve la cooperación entre países para prevenir y combatir el lavado de dinero y otros delitos financieros.
En ese contexto, el juez consideró que la actuación de las autoridades mexicanas respondió al cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por el Estado Mexicano.
