La primera condición que debe cumplir un juez, para poder serlo e impartir justicia es la imparcialidad. Si un juzgador no es imparcial y además no tiene independencia para dictar sus decisiones o fallos, su actuación coloca a los ciudadanos en la total indefensión y vulnera un principio primordial de la justicia que consagra el artículo 24 de nuestra Constitución: que todas las personas “tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”.
En el plelito legal que desde 2018 sostiene EL UNIVERSAL por la publicación del reportaje que reveló parte del patrimonio inmobiliario del entonces candidato presidencial Ricardo Anaya, el juez que hoy lleva el caso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el ministro Luis María Aguilar, ex presidente de la Corte, quien hoy es señalado por una de las partes de ese pleito como un juzgador que ha perdido la imparcialidad a la que le obliga la Constitución por tener motivaciones personales vinculadas a una denuncia periodística que se hizo en su contra en las páginas del mismo diario al que hoy pretende sancionar.
La insistencia del ministro Aguilar en proponer una sentencia que condene a EL UNIVERSAL por lo publicado en contra de Anaya, como lo ha hecho ya en tres proyectos de sentencia –los tres en contra del diario y dos de ellos ya rechazados por la mayoría de sus compañeros ministros– hace pensar que el ex presidente de la Corte no sólo perdió su imparcialidad, sino que con este caso está buscando venganza por la publicación que en abril de 2019 hizo el periódico sobre su gestión al frente del Poder Judicial, basado en un informe del Consejo de la Judicatura Federal que encontró inconsistencias en la construcción de un Centro de Justicia Penal Federal en su último año como presidente de la Corte.
Y es que la gestión de Luis María Aguilar ha estado siendo revisada con lupa por su sucesor en la presidencia de la Corte, Arturo Zaldívar, quien ha iniciado varios procedimientos y auditorías para fiscalizar el manejo de los recursos ante la sospecha, manifestada por el propio Zaldívar, de un “desorden administrativo y gastos excesivos e irregulares” que se realizaron en el periodo de su antecesor. Ese tema le incomoda bastante al ministro Aguilar y parece ser la razón que lo mueve al redactar sus proyectos de sentencia contra un medio de comunicación que difundió documentos sobre las auditorías y revisiones a su gestión.
Lo grave de este caso radica en que, más allá de como se resuelva un pleito legal entre una empresa periodística, como EL UNIVERSAL, y un político como Ricardo Anaya, un fallo como los tres proyectos de sentencia que hasta ahora ha intentado el ministro Aguilar dañaría la libertad de expresión de todos los mexicanos y al ejercicio periodístico, porque supone que el derecho de réplica al que ya tuvo acceso Ricardo Anaya, debió haber sido para que el diario dijera que su información era falsa, a pesar que ya se demostró la veracidad esa información, y no para que, como la misma Corte lo ha dicho en sentencia existentes sobre acciones de inconstitucionalidad, se difunda y publique la versión del aludido, cosa con la que hace tiempo cumplió el diario.
Si el tercer proyecto de sentencia del ministro ponente se llegara aprobar –cosa poco probable, pero no por ello menos peligroso– sentaría un presidente que atacaría la libertad de expresión al abrir la puerta para que los políticos utilicen el derecho de réplica para debilitar a cualquier medio o periodista que los critique o cuestione y hacer, a partir de que se obligue a los medios a decir que su información es falsa, propaganda política y personal de las figuras públicas. Eso, en tiempos en donde la crítica y el ejercicio periodístico son vistos como “ataques políticos” contra los poderosos, significaría acabar con la libertad de prensa y el periodismo libre en México.
Por esas razones y por desconfiar de su imparcialidad antes sus motivaciones personales, EL UNIVERSAL solicitó que el ministro Luis María Aguilar se recuse y no sea más el ponente en este caso y que la Suprema Corte nombre a un nuevo ministro que no tenga motivaciones personales o ánimos de venganza para redactar su proyecto de sentencia. La Constitución, al garantizar que todos los mexicano tengan acceso a un juez imparcial que no los deje en la indefensión, posibilita que cualquier juzgador, incluídos los ministros, se abstengan o recusen de un asunto cuando tienen en ello un tema personal, vínculos familiares, o conflictos de interés.
Y según la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su artículo 219, la recusación puede ser solicitada por uno de las partes en los asuntos civiles, como este, y podrán hacerlo por 16 causas, de las cuales, hay una que podría claramente aplicarse al ministro Aguilar en este pleito, es la número 5 y dice textual: “Haber sido sancionado disciplinariamente en virtud de expediente iniciado por denuncia o a iniciativa de alguna de las partes”. Luis María Aguilar no ha sido sancionado, todavía, por los manejos financieros de su gestión en la Corte, pero la denuncia que hizo EL UNIVERSAL, como parte de la cruzada contra la corrupción y la austeridad en el Poder Judicial del actual ministro presidente Artiro Zaldívar, sin duda afectó el ánimo y con ello el buen juicio del ministro que hoy insiste en condenar a la libertad de expresión con una interpretación torcida del derecho de réplica.
Si el tercer proyecto de sentencia del ministro ponente se llegara aprobar –cosa poco probable, pero no por ello menos peligroso– sentaría un presidente que atacaría la libertad de expresión al abrir la puerta para que los políticos utilicen el derecho de réplica para debilitar a cualquier medio o periodista que los critique o cuestione y hacer, a partir de que se obligue a los medios a decir que su información es falsa, propaganda política y personal de las figuras públicas. Eso, en tiempos en donde la crítica y el ejercicio periodístico son vistos como “ataques políticos” contra los poderosos, significaría acabar con la libertad de prensa y el periodismo libre en México.
