- El delito aumentó en 20 estados durante 2025
- Cinco entidades concentran casi dos terceras partes de las víctimas
- Empresarios exigen fiscalías especializadas y acciones urgentes
Un delito que no cede y se expande
La extorsión continúa creciendo en México y se ha convertido en una presión estructural para la actividad económica, sin que las estrategias de seguridad logren contenerla, advirtió la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
El organismo empresarial señaló que, durante 2025, este delito registró incrementos en 20 de las 32 entidades del país, lo que evidencia una expansión sostenida que ya afecta a la mayor parte del territorio nacional.
Alta concentración territorial
Coparmex subrayó que la extorsión presenta focos críticos que reflejan deficiencias estructurales en su combate. Estado de México, Ciudad de México, Guanajuato, Nuevo León y Veracruz concentran 65.2% de las víctimas, mientras que solo las 10 entidades con mayor incidencia acumulan 81% del total nacional.
Al analizar las tasas de víctimas por cada 100 mil habitantes en los municipios más afectados, el organismo identificó una fuerte concentración regional: Guanajuato aporta ocho municipios, la Ciudad de México cuatro y Nuevo León dos entre los 20 con mayor incidencia.
Una década de crecimiento sostenido
El balance de los últimos diez años confirma que el problema no es temporal. Entre 2015 y 2025, el número anual de víctimas pasó de 6,223 a 11,081, lo que representa un aumento de 78.1%. Coparmex advirtió que estas cifras corresponden únicamente a los casos denunciados, por lo que la dimensión real del fenómeno podría ser mayor.
Impacto directo en inversión y empleo
El sector patronal afirmó que la extorsión encarece la operación diaria, frena la inversión y limita la expansión de las empresas, particularmente en regiones estratégicas. Además, alertó que 68.8% de los casos se realizan por vía telefónica y que 31.2% involucran a personas con apariencia de autoridad, lo que agrava la desconfianza institucional.
Llamado a acciones inmediatas
Aunque reconoció la aprobación de la Ley General contra la extorsión, Coparmex consideró indispensable que los gobiernos estatales constituyan unidades especializadas dentro de sus fiscalías, con capacidades reales de investigación y persecución del delito.
El organismo insistió en que colocar la extorsión como prioridad nacional de política pública es indispensable para proteger la inversión, preservar empleos formales y garantizar que las empresas puedan operar sin coerción.
