Si el presidente Enrique Peña Nieto y su grupo político, que buscan a toda costa retener el poder, creen que su mayor problema se llama Andrés Manuel López Obrador, más les valdría voltear su atención al norte. Porque las pesadillas que le pueden quitar el sueño al mandatario vienen desde el vecino país y tienen que ver, más que con la complicada lucha electoral que enfrenta el grupo gobernante, con dos expedientes judiciales en manos de la justicia de los Estados Unidos que podrían resultar explosivos para Peña y varios de sus colaboradores cercanos justo en la recta final de su mandato.
El primer expediente tiene que ver con las declaraciones que realizó Luis Carlos Castillo, alías “El Rey de los Dragones”, en las cortes federales de Texas, sobre su relación de negocios, sobornos y financiamiento a una red de políticos mexicanos en donde aparece mencionado el nombre del entonces gobernador y candidato presidencial, Enrique Peña Nieto.
Fuentes que siguieron de cerca el juicio en contra de Luis Carlos Castillo en las Cortes de Texas y los interrogatorios conducidos por la fiscal Julie Hampton, afirman que “El Rey de los Dragones” habló “con lujo de detalles” sobre la forma en que operó en México con su empresa Immex durante la última década y en particular narró datos, nombres y motos específicos de su relación con el Grupo Atlacomulco, del que dijo su principal contacto y líder era el ex gobernador Alfredo del Mazo González, y en donde también habló de su relación con el entonces gobernador y luego presidente, Enrique Peña Nieto, con quien obtuvo contratos tanto en el gobierno estatal como en el federal.
“Al Dragón le tuvieron que dar una cachetada para que hablara y más de tres para que se callara”, dijo un periodista texano que ha seguido de cerca el caso en el que, afirma, ahora Luis Carlos Castillo se encuentra en Libertad Condicional, con una pulsera electrónica en sus extremidades para mantenerlo vigilado, pero libre por “la cantidad y calidad de información” que proporcionó a la justicia estadunidense, sobre sus nexos con políticos del Estado de México, entre otros, y que ya se encuentra integrada al expediente judicial abierto en la Corte federal de Texas.
La pregunta es si el gobierno estadunidense –que ha sido hasta ahora la fuente no oficial pero sí documentada de varios de los escándalos de corrupción más graves que han golpeado al gobierno de Peña Nieto a lo largo del sexenio– no podría darle un uso político a ese expediente sobre la relación del “Rey de los Dragones” y el presidente mexicano, en el contexto no sólo de la lucha electoral, sino de las presiones de Donald Trump por temas como el TLC, el muro fronterizo y la cooperación antidrogas del gobierno mexicano.
El otro tema que amenaza la tranquilidad de Peña Nieto y su gobierno, también desde una corte texana, es el juicio en contra del ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, actualmente preso en el penal de ese estado, acusado de corrupción y desvío de recursos estatales y federales. El priista Hernández, por cierto también amigo del “El Dragón” Castillo y que, según crónicas, acudía a las reuniones en su mansión de McAllen junto con el ahora presidente, está pedido en extradición por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, para que responda al juicio en Texas en el que “testigos protegidos” lo señalan como responsable de haber lavado 300 millones de pesos “provenientes del erario público” y que habrían desviado él y su cuñado Manuel Gómez Guerra a través de contratos falsos con un banco de alimentos, tecnologías y otros mecanismos ilegales.
Hernández es visto como por la justicia estadunidense como “pieza clave” en el entramado de corrupción y narcotráfico en México y por eso quieren su extradición. Pero el priista por su puesto no quiere ser entregado a las autoridades del vecino país y, según allegados al ex gobernador, ha mandado mensajes de que si lo entregan en extradición podría hablar de muchos temas, entre ellos un presunto financiamiento de cientos de millones que presuntamente entregó a la campaña del hoy presidente.
Tal vez por eso ayer el juez federal que lleva el caso de la extradición, Eucario Adame, emitió una opinión jurídica en la que consideró que “por su nacionalidad mexicana, el país no está obligado a entregar al ex gobernador por la naturaleza de los delitos por que es perseguido en territorio estadunidense”. Es decir, que el juez recomendó que, por tratarse de recursos estales y federales los que desvío el gobernador tamaulipeco, debe ser juzgado en México y dejó en manos de la Secretaría de Relaciones Exteriores la decisión de entregarlo o no a Estados Unidos. Y a juzgar por quién es el titular de la SRE, Luis Videgaray, es muy probable que decidan no entregar a Eugenio Hernández.
