- El Gobierno federal reformó la Ley de Inversión Extranjera para evaluar proyectos de capital extranjero en sectores considerados estratégicos.
- La Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras ampliará su integración con dependencias como Defensa, Marina, Hacienda, Economía y Seguridad.
- Las solicitudes deberán resolverse en un máximo de 45 días hábiles y podrán imponerse sanciones a quienes incumplan las nuevas disposiciones.
Gobierno establece revisión de inversiones extranjeras
El Gobierno de México publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una reforma a la Ley de Inversión Extranjera que establece nuevos mecanismos para evaluar proyectos de capital extranjero que puedan representar riesgos para la seguridad nacional.
Las disposiciones entran en vigor el 20 de noviembre y contemplan la revisión de inversiones relacionadas con infraestructura estratégica, energía, transporte, telecomunicaciones, defensa y sectores tecnológicos.
Entre las actividades sujetas a evaluación se encuentran proyectos de inteligencia artificial, robótica, semiconductores, ciberseguridad, nanotecnología y biotecnología. También se revisarán inversiones vinculadas con el suministro de energía, materias primas, seguridad alimentaria y acceso a información sensible, incluidos los datos personales.
La reforma establece que los inversionistas extranjeros deberán obtener autorización cuando pretendan adquirir, directa o indirectamente, más del 49% del capital de una empresa mexicana, siempre que sus activos superen el monto que determine la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras.
Cuando no se rebase ese porcentaje, los inversionistas podrán solicitar voluntariamente la evaluación.
Hacienda y Economía encabezarán una comisión ampliada
La Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras contará con la participación de los titulares de 14 dependencias y organismos del Gobierno federal, entre ellos:
- Secretaría de Gobernación.
- Relaciones Exteriores.
- Defensa Nacional y Marina.
- Seguridad y Protección Ciudadana.
- Hacienda y Crédito Público.
- Bienestar y Medio Ambiente.
- Energía y Economía.
- Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
- Trabajo y Turismo.
- Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
Cuando se analicen asuntos relacionados con seguridad nacional, también podrán participar los titulares de la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Asimismo, podrán ser invitados representantes de los sectores privado y social, quienes tendrán derecho a voz, pero no a voto.
La Comisión tendrá la responsabilidad de establecer los lineamientos de inversión extranjera y determinar qué proyectos cumplen con las condiciones para operar sin comprometer la seguridad del país.
Solicitudes deberán resolverse en un máximo de 45 días
La reforma establece que las solicitudes de autorización deberán resolverse en un plazo máximo de 45 días hábiles, contados a partir de su recepción.
Además, la Comisión deberá entregar al Congreso informes estadísticos cada cuatro meses sobre el comportamiento de la inversión extranjera, incluidos los sectores económicos y las regiones donde se concentra.
También tendrá que presentar informes semestrales relacionados con asuntos de seguridad nacional.
Reforma responde a nuevas exigencias de Estados Unidos
Verónica Ortiz, integrante del Comité Nacional de Estudios Económicos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), consideró que los cambios responden a las nuevas exigencias de seguridad de Estados Unidos.
Durante la LIV Convención Nacional del IMEF, señaló que la ampliación de facultades de la Comisión refleja una mayor participación de las autoridades mexicanas en la revisión de inversiones vinculadas con sectores estratégicos.
La especialista sostuvo que Washington busca tener mayor participación en asuntos relacionados con México y advirtió que la integración económica dejó de ser exclusivamente comercial para incorporar factores políticos y de seguridad.
También explicó que las empresas ya no pueden basar sus decisiones únicamente en la cercanía geográfica, los costos de producción o la productividad. Ahora deben considerar los riesgos geopolíticos y las condiciones de seguridad que influyen en las cadenas de suministro.
T-MEC enfrentará mayores presiones políticas y comerciales
Ortiz señaló que México conserva una posición estratégica por su integración económica con Estados Unidos y Canadá, aunque esa relación también lo hace vulnerable a los cambios en la política estadounidense.
Advirtió que la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se desarrolla en un contexto donde los acuerdos comerciales están cada vez más relacionados con temas laborales, ambientales, políticos y de seguridad nacional.
También consideró que las diferencias sobre la reforma judicial, la independencia de los poderes y la regulación ambiental podrían influir en las negociaciones.
La especialista agregó que México debe prestar atención a las exigencias estadounidenses en materia de seguridad, incluido el combate a las organizaciones criminales y la revisión de posibles vínculos entre actores políticos y operaciones financieras.
Empresas podrían enfrentar sanciones y obligaciones de desinversión
La nueva legislación contempla sanciones para inversionistas que incumplan los procedimientos de autorización o las obligaciones de información.
Entre las conductas que podrían generar penalizaciones se encuentran:
- Realizar inversiones sin contar con la aprobación correspondiente.
- Operar en México sin obtener las autorizaciones necesarias.
- Presentar información falsa, incompleta o irregular ante el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.
- Simular operaciones para conseguir la aprobación de un proyecto.
- Transferir acciones a inversionistas extranjeros cuando la Comisión haya rechazado la operación.
Las sanciones económicas dependerán de la gravedad de cada incumplimiento.
Además, la Comisión podrá ordenar medidas de desinversión. En esos casos, los inversionistas extranjeros tendrán un plazo de hasta 90 días hábiles para desincorporar los activos adquiridos a una empresa mexicana.














