• Grupo de la ONU concluye que el arresto fue arbitrario y violó derechos humanos
• Pide su liberación inmediata, compensación económica y castigo a responsables
• Los activistas tseltales fueron condenados pese a graves fallas en el proceso legal
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió al gobierno de México liberar de inmediato a cinco activistas indígenas del pueblo maya tseltal, sentenciados a 25 años de prisión en Chiapas, al considerar que su detención fue arbitraria y violó el derecho internacional.
El pronunciamiento fue emitido por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, el cual determinó que el proceso legal contra Manuel Santiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Martín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar y Agustín Pérez Velasco presentó múltiples irregularidades.
Los cinco fueron arrestados entre mayo y junio de 2022, acusados del homicidio de una persona en San Juan Cancuc. Según los hechos, la víctima fue retenida por pobladores que le exigieron un pago para entrar a la comunidad. Al no poder cubrirlo, fue golpeada y murió horas después.
El 17 de mayo de 2023 fueron condenados a 25 años de cárcel. Tras una apelación, se repitió el juicio, pero el 19 de abril de 2024 recibieron la misma sentencia.
La ONU detectó fallas graves en el proceso, como la falta de presentación inmediata de los detenidos ante un juez y la desaparición forzada de algunos de ellos en las primeras horas de arresto. Por ello, señaló que su encarcelamiento violó la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El grupo de expertos solicitó que el Estado mexicano libere a los activistas sin demora, les otorgue una indemnización y garantice una reparación adecuada. También exigió que se investigue el caso y se sancione a los responsables de las violaciones.
Los cinco indígenas habían participado en movimientos de defensa de derechos humanos y del territorio en San Juan Cancuc. Manuel Santiz Cruz, uno de los encarcelados, presidía un comité comunitario que se oponía a la construcción de una carretera entre San Cristóbal de las Casas y Palenque, así como a la presencia del Ejército y la Guardia Nacional en la zona.
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria está presidido por la exjueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Ganna Yudkivska, y lo integran juristas de Nueva Zelanda, Ecuador y Zambia.
