- Un juez federal concedió medidas de protección a la diputada local Paola Gárate y a su familia.
- La resolución obliga a diversas dependencias federales a implementar acciones de seguridad y vigilancia.
- La legisladora promovió un amparo después de denunciar amenazas e intimidaciones en Culiacán.
Juez concede amparo y medidas de seguridad
Un juez federal ordenó a distintas autoridades del Gobierno de México brindar protección a la diputada local de Sinaloa, Paola Gárate Valenzuela, así como a integrantes de su familia, luego de que denunciara amenazas en su contra, entre ellas la colocación de una corona fúnebre en el acceso de su domicilio.
La medida fue otorgada como resultado de una suspensión derivada de un juicio de amparo indirecto promovido por la legisladora y su equipo jurídico, quienes solicitaron acciones urgentes para salvaguardar su integridad ante los actos de intimidación que ha reportado en los últimos días.
Dependencias federales deberán garantizar su seguridad
De acuerdo con la información difundida por la propia diputada, la resolución judicial involucra a la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación (Segob), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
La legisladora explicó que todas las instituciones señaladas fueron notificadas formalmente sobre el amparo y están obligadas a cumplir las medidas dictadas por la autoridad judicial.
Además de la protección personal, el fallo contempla la posibilidad de realizar rondines de vigilancia en los alrededores de su vivienda ubicada en Culiacán, Sinaloa, cuando las circunstancias así lo requieran.
Diputada denunció amenazas e intimidaciones
Paola Gárate señaló que recurrió a instancias judiciales debido a las amenazas recibidas y a la necesidad de contar con medidas de protección permanentes.
A través de un video, relató el proceso que siguió para obtener apoyo institucional y explicó que fue necesario presentar recursos legales para que se le concediera la suspensión de plano y de oficio que derivó en la implementación de medidas de seguridad.
Según indicó, la solicitud de protección se fundamentó en las amenazas e intimidaciones de las que ha sido objeto en el estado.
Acusa retiro de escolta otorgada por la Guardia Nacional
La legisladora recordó que, tras denunciar la colocación de una corona fúnebre en su domicilio el pasado 10 de junio, recibió vigilancia temporal por parte de elementos de la Guardia Nacional.
Sin embargo, afirmó que la protección fue retirada apenas dos días después de haber sido asignada, situación que la llevó a buscar respaldo judicial para garantizar su seguridad.
La representante priista sostuvo que, luego de denunciar los hechos ante las autoridades correspondientes, la vigilancia inicial resultó insuficiente frente al nivel de riesgo que considera enfrentar.
La amenaza ocurrió en su domicilio de Culiacán
Los hechos que motivaron la solicitud de protección ocurrieron la noche del 10 de junio, cuando una ofrenda fúnebre fue colocada frente a la puerta de entrada de su vivienda en la capital sinaloense.
La diputada, quien también fue dirigente estatal del PRI en Sinaloa, interpretó el acto como una amenaza directa y posteriormente inició las acciones legales correspondientes para solicitar medidas de protección para ella y su familia.
