• El Consejo General del INE resolvió por unanimidad que no existen pruebas suficientes para sancionar a Morena, Martín López Obrador o David León Romero.
• La investigación surgió tras la difusión de videos donde se observa la entrega de dinero en efectivo ocurrida en 2015.
• La autoridad electoral concluyó que no pudo acreditarse que los recursos beneficiaran al partido o fueran utilizados con fines electorales.
Consejo General declara infundada la denuncia
El Instituto Nacional Electoral (INE) determinó concluir el procedimiento sancionador relacionado con la entrega de dinero en efectivo de David León Romero a Martín López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Durante sesión del Consejo General, las consejeras y consejeros aprobaron por unanimidad el proyecto presentado por el consejero Uuc-kib Espadas, mediante el cual se declaró infundada la denuncia presentada por partidos de oposición.
La resolución también exoneró al partido Morena y a David León Romero de cualquier responsabilidad en materia de financiamiento electoral indebido.
INE afirma que no encontró evidencia de beneficio para Morena
Tras varios años de investigación, la autoridad electoral concluyó que no fue posible demostrar que los recursos observados en los videos hubieran ingresado a las finanzas de Morena o que fueran utilizados para actividades partidistas o electorales.
En el documento aprobado se establece que no existieron elementos suficientes para acreditar que el dinero entregado terminó beneficiando al partido político o que existiera una relación comprobable entre los recursos y el financiamiento de campañas.
Asimismo, el INE señaló que tampoco logró demostrar una conexión directa entre las cantidades entregadas y una posible violación a la legislación electoral.
El origen del caso
La investigación tuvo su origen tras la difusión pública de videos en los que aparece David León Romero entregando dinero en efectivo a Martín López Obrador durante una reunión realizada en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Las imágenes muestran a León contando dinero y colocando parte de los recursos en un sobre que posteriormente entrega al hermano del entonces líder político Andrés Manuel López Obrador.
Los hechos ocurrieron en 2015, cuando Morena participaba por primera vez en una elección federal como partido político.
Posteriormente, en 2021, el entonces senador panista Juan Antonio Martín del Campo presentó una denuncia ante la autoridad electoral para que se investigara el origen y destino de esos recursos.
Investigación no acreditó irregularidades electorales
Como parte de las diligencias, la Unidad Técnica de Fiscalización realizó diversas acciones para obtener información relacionada con el caso.
El organismo revisó documentación, recopiló datos y trató de localizar a Martín López Obrador en varios domicilios ubicados en Yucatán, Chiapas, Tabasco y Sinaloa. Sin embargo, las notificaciones no pudieron concretarse debido a que no fue localizado en esos inmuebles.
Tras el análisis de las pruebas disponibles, el INE concluyó que los materiales audiovisuales difundidos no permitían establecer con certeza el destino de los recursos ni acreditar una conducta sancionable en materia electoral.
El documento aprobado señala que los elementos presentados carecían de información suficiente para demostrar circunstancias precisas de tiempo, modo y lugar que permitieran vincular el dinero con actividades de financiamiento político.
Prescripción fue planteada durante el proceso
Durante el desarrollo del expediente, Morena y David León Romero argumentaron que la denuncia había sido presentada varios años después de ocurridos los hechos, por lo que solicitaron que se aplicara la figura de la prescripción.
No obstante, el Consejo General centró su resolución en la falta de elementos probatorios para acreditar las conductas denunciadas y resolvió declarar infundado el procedimiento administrativo.
INE abrirá nuevas investigaciones por negativa de información
Además de cerrar este caso, el Consejo General aprobó por mayoría iniciar procedimientos oficiosos contra diversas personas físicas y morales que presuntamente se negaron a proporcionar información requerida durante investigaciones de fiscalización.
Estas nuevas indagatorias buscarán determinar si existieron incumplimientos a las obligaciones de colaboración con la autoridad electoral en distintos procedimientos relacionados con la supervisión de recursos y actividades partidistas.
