- Multa de 189 mil 170 pesos e inhabilitación por cuatro meses
- Presentó un certificado apócrifo para acreditar igualdad laboral
- Quedó inscrita en el padrón federal de proveedores sancionados
Sanción administrativa
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno impuso una multa económica de 189 mil 170 pesos y una inhabilitación por cuatro meses a Lax Constructora, S.A. de C.V., tras acreditar que proporcionó información falsa en dos procesos de contratación vinculados al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
La medida fue determinada por el Órgano Interno de Control del AIFA, luego de una investigación que concluyó que la empresa incurrió en irregularidades para participar en licitaciones de servicios de mantenimiento.
Irregularidades detectadas
Las indagatorias establecieron que Lax Constructora presentó un certificado falso con el que buscó acreditar el cumplimiento de la norma NMX-R-025-SCFI-2025, relativa a igualdad laboral y no discriminación, requisito indispensable dentro de los procedimientos de contratación pública.
Esta documentación fue utilizada en dos Licitaciones Públicas Nacionales Electrónicas para el Servicio de Mantenimiento a Instalaciones Arquitectónicas, identificadas con los números LA-07-HZI-007HZI999-N-64-2025 y LA-07-HZI-007HZI999-N-79-2025.
Alcances de la sanción
Como consecuencia de la resolución, la empresa quedó impedida para participar en licitaciones o celebrar contratos con la Administración Pública Federal durante el periodo de inhabilitación. Asimismo, fue incorporada al Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, registro que permite a las dependencias federales identificar a proveedores con antecedentes de incumplimiento.
Notificación y defensa legal
La notificación de la sanción se realizó el 27 de enero de 2026 y su publicación oficial se efectuó el 6 de febrero en el Diario Oficial de la Federación, con lo que la medida adquirió plena validez jurídica.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno precisó que la sanción se impuso conforme al marco legal vigente, atendiendo la gravedad de la falta y la protección del interés público. Indicó también que la empresa cuenta con el derecho de impugnar la resolución, aunque la dependencia federal adelantó que defenderá la sanción con apego a derecho.
