- La Suprema Corte dejó firmes los créditos fiscales por adeudos acumulados desde 2008
- Las empresas podrán solicitar reducciones conforme al Código Fiscal, hasta por 39%
- Sheinbaum afirma que es un proceso legal y que los recursos se destinarían a programas sociales
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) notificará en enero de 2026 a empresas de Grupo Salinas el requerimiento formal de pago por 51 mil millones de pesos, luego de que concluyera de manera definitiva el litigio fiscal tras resoluciones firmes del Poder Judicial.
Fallo definitivo y procedimiento de cobro
El titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, explicó que, una vez desechados los últimos recursos legales por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la autoridad fiscal procederá a emitir el requerimiento conforme a lo establecido en el Código Fiscal de la Federación.
Precisó que, tras la notificación, se abrirá el periodo de pago voluntario y, en caso de incumplimiento, se activarían los mecanismos previstos en la ley.
Origen y evolución de los adeudos fiscales
Martínez Dagnino detalló que los créditos fiscales se originaron a partir de resoluciones administrativas emitidas entre 2013 y 2018, cuando el SAT determinó que diversas empresas del grupo utilizaron de manera improcedente pérdidas fiscales para el pago del Impuesto sobre la Renta correspondiente a los ejercicios de 2008 a 2013.
Posteriormente, entre 2019 y 2023, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa confirmó la validez de dichos créditos. Más adelante, en 2024 y 2025, tribunales colegiados del Poder Judicial de la Federación negaron los amparos promovidos por las empresas, hasta que la Suprema Corte desechó las últimas impugnaciones, dejando firme la obligación de pago.
Ajustes y beneficios previstos en la ley
El titular del SAT indicó que, conforme a la legislación vigente y a las sentencias judiciales, los contribuyentes pueden solicitar ajustes a la baja de hasta 39%, dependiendo del orden y esquema de pago que elijan.
Subrayó que este procedimiento se apega al principio constitucional que obliga a personas físicas y morales a contribuir de manera proporcional y equitativa a los gastos públicos.
Sheinbaum: no es un tema político
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el caso es estrictamente legal, jurídico y administrativo, y descartó que tenga un trasfondo político. Señaló que el gobierno federal se limita a aplicar lo que marca la ley tras la resolución definitiva de la Suprema Corte.
Indicó que solicitó a la Secretaría de Hacienda y al SAT mantener informada a la ciudadanía sobre el avance del proceso una vez que se emita la notificación formal en enero.
Destino social de los recursos
Sheinbaum añadió que, en caso de que el adeudo sea cubierto, los recursos podrían destinarse a fortalecer programas sociales, como pensiones y becas, al tratarse de ingresos públicos que deben utilizarse en beneficio de la población.
Asimismo, señaló que la Procuraduría Fiscal y la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno han dado seguimiento institucional al caso para garantizar transparencia y cumplimiento de la ley.
