En sólo 7 días transcurridos del juicio más sonado en la historia del narcotráfico, las declaraciones de testigos y abogados en la Corte Federal de Nueva York han cimbrado a las más altas esferas de la política mexicana con señalamientos directos de pago de sobornos contra dos presidentes del país, un ex secretario de Estado y un ex funcionario de la administración capitalina en tiempos del actual presidente electo de la República. Y es cierto que ninguna de las acusaciones vertidas hasta ahora en el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán ha sido acompañada de pruebas y que los escandalosos señalamientos contra las máximas autoridades mexicanas son más estrategias, tanto de la Defensa como de la Fiscalía; pero en el imaginario colectivo y para la prensa nacional e internacional, los puros dichos de los declarantes confirman las dudas ya existentes sobre la complicidad de altas esferas del gobierno y la existencia de la narcopolítica en México.
Estamos apenas en los prolegómenos del largo juicio que se espera en Brooklyn y las primeras audiencias dan cuenta del enorme riesgo que representa para nuestro país el no tener un sistema de justicia real e independiente que juzgue aquí a los delincuentes y los delitos comentidos en nuestro territorio, lo que hace que se le de más valor y credibilidad a lo que se diga en un juicio desde el extranjero, que a lo que aquí nunca dirá el corrompido e inservible sistema de justicia.
Hasta ahora un solo testigo, Jesús “El Rey Zambada”, junto con las afirmaciones del abogado del Chapo, Jeffrey Lichtman, han sacado a relucir los nombres del actual presidente Enrique Peña Nieto, del ex presidente Felipe Calderón, y del ex secretario de Seguridad del sexenio pasado, Genaro García Luna, como presuntos receptores de sobornos millonarios a cambio de protección a capos del Cártel de Sinaloa, como Ismael “El Mayo” Zambada que pagaban para evitar su detención. Y los tres personajes salieron rápidamente a negar las acusaciones y en ninguno de los tres casos se han presentado pruebas, pero también en los tres hay un hecho incontrovertible que parece apuntalar tan graves señalamientos: ni en el sexenio pasado ni en el actual se capturó nunca al “Mayo”, principal dirigente del cártel sinaloense.
El eco nacional e internacional que están teniendo estas acusaciones representan de inicio un daño a la imagen no sólo de los personajes señalados, sino del gobierno mexicano en su conjunto. Para Peña Nieto, por ejemplo, que salió a decir en una entrevista televisiva que “es ridículo y nada creíble” que se le acuse de proteger al Chapo Guzmán –cuando en realidad lo acusaron de darle protección al Mayo Zambada– las acusaciones a su gobierno y a su persona llegan en el peor momento, justo cuando está a punto de dejar el poder y una vez fuera del cargo podría ser llamado a declarar en el juicio.
Lo mismo aplica para Felipe Calderón, cuya “guerra contra las drogas” no sólo fracasó en términos del crecimiento exponencial de la violencia y de la descomposición que dejó su sexenio, sino que ahora también es cuestionado y puesto en tela de duda desde una Corte estadunidense en sus verdaderos objetivos de haber lanzado al país a una conflagración que, lejos de acabar con el narcotráfico parece haber hecho un combate selectivo en el que se atacó a algunos cárteles pero se favoreció a otros.
Para Genaro García Luna, en cambio, aunque niega con carta y documentos haber recibido los 6.5 millones de dólares que el Rey Zambada dice haberle entregado “en un restaurante” y en dos generosos pagos, uno cuando era director de la AFI con Vicente Fox y otro como secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, las acusaciones en el juicio contra el Chapo podrían tener consecuencias de residencia y negocios para el ex titular de la SSP que desde el 2012 vive en Miami donde, según investigaciones periodísticas de Reporte Indigo en 2014, abrió una empresa GL & Asociates Consulting, que junto con el empresario estadunidense Samuel Weinberg de ICIT Security México, han hecho grandes negocios e inversiones inmobiliarias.
García Luna afirma que lo dicho por el testigo Jesús Zambada García “es mentira, difamación y perjurio a mí persona” y niega haber recibido “nunca a personas vinculadas a la actividad delictiva” e incluso acompaña su carta con documentos que mencionan reconocimientos que le entregó el Gobierno de Estados Unidos y de Colombia a su labor en el combate al narcotráfico. Pero a menos que esos documentos, entregados en la administración de Barack Obama, le sigan valiendo, el ex funcionario mexicano, responsable de la seguridad federal de 2006 a 2012 podría tener problemas para mantener sus negocios y residencia legal en los Estados Unidos si es que aún la tiene.
Y finalmente, está la mención también hecha ayer por El Rey Zambada sobre el presunto pago de sobornos en 2005 al ex subsecretario de Seguridad Pública del entonces Distrito Federal, Gabriel Regino, cuando el jefe de Gobierno era Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente electo a punto de asumir el poder. “Es falso que durante mi ejercicio del servicio público haya recibido soborno alguno por parte del testificante Jesús Zambada”, comentó ayer en una carta publicada en Twitter el abogado penalista. Regino asegura que durante su encargo en la SSP capitalina coordinó el combate contra el narcomenudeo en la ciudad y llama la atención que es el único funcionario mexicano aludido hasta ahora en la Corte de Nueva York que se ofrece a acudir a testificar en el juicio contra El Chapo. “Niego categóricamente tales aseveraciones y estaré en plena disponibilidad de testificarlo ante cualquier autoridad nacional o extranjera”, ofreció.
Así que al paso que vamos, cuando faltan meses desahogar pruebas, audiencias y declaraciones de una larga lista de testigos, se confirma que este juicio no sólo es para exhibir y enjuiciar a un narcotraficante mexicano; en Nueva York no sólo está en el banquillo de los acusados Joaquín Guzmán Loera, sino todo el sistema político mexicano y sus relaciones de complicidad y protección con los narcos.
NOTAS INDISCRETAS…Quién sabe si también sea un efecto de la Cuarta Transformación, pero de pronto asistimos al “mundo al revés” en la política mexicana: el presidente Andrés Manuel López Obrador ofrece “perdón a los corruptos” que no tengan abiertas investigaciones al inicio de su gobierno con lo que garantiza la impunidad a todos los que hayan robado en este sexenio, mientras que la dirigente nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu, dice que el PRI no acepta que se perdone a los corruptos “ni que se declaren amnistías que subviertan la ley”. ¿Entonces qué entendemos? ¿AMLO ofrece impunidad a Peña Nieto y sus colaboradores y amigos gobernadores mientras que el PRI nacional pide que se les castigue y no se les deje impunes? ¿Será acaso porque Peña los hizo perder el poder? Y eso que todavía no legalizan la marihuana…Los dados mandan Serpiente. Caída libre.
