- Familia lesionada presentó una denuncia penal por negligencia y omisiones en la obra ferroviaria.
- Tres empresas constructoras y funcionarios públicos son señalados por fallas en supervisión y mantenimiento.
- Las víctimas buscan acceso a peritajes y a la carpeta de investigación para esclarecer el accidente.
Denuncia penal por fallas estructurales
A poco más de una semana del descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido el 28 de diciembre en Oaxaca, víctimas del accidente presentaron este lunes una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República. La acción legal fue promovida por abogados de una familia lesionada, quienes acusan que el siniestro fue consecuencia directa de negligencias técnicas y falta de supervisión en la Línea Z del proyecto ferroviario.
La denuncia solicita que se investiguen posibles delitos de lesiones, abuso de autoridad y ejercicio indebido de funciones, tanto por parte de empresas privadas como de servidores públicos.
Constructoras bajo investigación
En el escrito presentado ante la FGR se señala directamente a tres compañías vinculadas con la construcción, el mantenimiento y el suministro de materiales del Tren Interoceánico. La defensa subrayó que las tres empresas cuentan con observaciones previas de la Auditoría Superior de la Federación, relacionadas con irregularidades y falta de evidencia sobre trabajos realizados.
Las empresas denunciadas son:
- COMSA Infraestructuras S.A. de C.V.
- Grupo Constructor Diamante S.A. de C.V.
- Daniferrotools S.A. de C.V.
Además, la querella incluye a los funcionarios que resulten responsables por permitir la operación del tren sin las condiciones de seguridad adecuadas.
Quiénes son las víctimas
Las personas representadas en la denuncia son Juan Manuel Iglesias López, así como Sintia y Alexis Iglesias Temích, integrantes de una familia originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua. Los tres resultaron lesionados cuando el vagón en el que viajaban cayó a un barranco durante el descarrilamiento.
Los afectados señalaron que han recibido atención médica por parte de las autoridades; sin embargo, denunciaron deficiencias en la logística y coordinación del sistema de salud, con traslados innecesarios y retrasos antes de recibir atención especializada acorde con la gravedad de sus lesiones.
Qué buscan con la denuncia
La defensa explicó que el objetivo principal no es únicamente la reparación del daño, sino garantizar transparencia total en la investigación. Al judicializar el caso, las víctimas buscan acceder legalmente a la carpeta de investigación, participar en los peritajes y conocer con precisión qué falló en la infraestructura ferroviaria.
“Queremos que se conozcan las irregularidades y las omisiones en la supervisión de la obra”, señalaron los abogados, quienes advirtieron que agotarán todas las vías legales para que se finquen responsabilidades.
Postura del gobierno federal
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que las víctimas están en su derecho de presentar denuncias penales y recordó que la FGR abrió de oficio una carpeta de investigación por el fallecimiento de 14 personas y las lesiones provocadas por el accidente.
Indicó que se realizan peritajes especializados con apoyo de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario para determinar las causas del descarrilamiento y deslindar responsabilidades. También aseguró que existen seguros vigentes y que habrá una reparación integral del daño conforme a la ley.
