Utilizando como bandera retórica la defensa de la soberanía y el discurso nacionalista, el régimen morenista, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y con el expresidente López Obrador como estratega desde las sombras, decidió cerrar filas para defender y negar la entrega del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y de los otros 9 políticos sinaloenses acusados de narcotráfico y solicitados en extradición por el gobierno de Estados Unidos, lo que significa una abierta violación del Tratado de Extradición entre los dos países y lleva la relación bilateral a una etapa de máxima tensión y posible ruptura.
Y mientras el presidente Donald Trump se dice listo para “tomar el control de Cuba” y prepara su respuesta a la negativa del gobierno mexicano, la presidenta Sheinbaum ya habla de escenarios de invasiones extranjeras y atiza el discurso de una “defensa popular” si eso sucede. “Ningún Gobierno extranjero puede entrar en nuestro territorio porque aquí habemos mexicanas y mexicanos que defendemos la patria. Cualquier gobierno extranjero se topa con principios, el principio de la defensa de la soberanía”, declaró ayer la mandataria desde Palenque, Chiapas, justo el lugar donde radica el expresidente López Obrador.
La presencia de la doctora en el municipio donde se ubica la residencia de su antecesor no fue de ningún modo casualidad. Versiones internas de la 4T confirman que el expresidente se ha activado para coordinar lo que el mismo llamó “la defensa de la soberanía de México”, en su última reaparición pública de noviembre de 2025 cuando, con el pretexto de su libro “Grandeza”, advirtió que regresaría a la actividad pública “si se presenta una amenaza que vulnere la soberanía nacional”.
El temor a una represalia del gobierno de Trump ante la negativa de las extradiciones solicitadas por su Departamento de Justicia es tan real que, más allá del discurso y la retórica, se han activado protocolos de emergencia entre las Fuerzas Armadas y del gabinete de seguridad y se ha ordenado reforzar la seguridad en torno al gobernador Rocha Moya y el resto de los extraditables, porque se prevé que desde Washington se dé la orden de un operativo para realizar una “extracción” a los políticos sinaloenses a través de comandos de élite del Ejército estadounidense, similares a los que entraron a Caracas por el dictador Nicolás Maduro el 3 de enero de este año.
La decisión de la Presidenta, respaldada y asesorada por López Obrador, es resistir cualquier presión o agresión estadounidense apelando a la “unidad del pueblo” al que ellos dicen representar y contar con su respaldo. Pero el uso de la retórica nacionalista y soberana, que ignora la existencia de un amplio sector de los mexicanos que no están de acuerdo con proteger a narcopolíticos, es en realidad un discurso demagógico que esconde lo que realmente le preocupa a Sheinbaum, a López Obrador y a todos los morenistas: que saben que si entregan a Rocha Moya y demás extraditables, provocarían un efecto dominó en el que la caída de esas 10 piezas llevaría a una reacción en cadena en la que caerían muchos más morenistas y eso acabaría con la credibilidad y la imagen de su movimiento político.
Porque Sheinbaum y su partido saben bien que el objetivo final de la operación contra la narcopolítica en México, que comenzó con estas extradiciones, sigue siendo Andrés Manuel López Obrador, quien es el escalón inmediato superior, por lo van a evitar a toda costa entregar a Rocha Moya, a sabiendas de que eso desatará una ofensiva mayor, incluso de tipo militar o táctica, de la administración Trump.
Rocha Moya es apenas la punta de una madeja que en Washington parecen decididos a desenredar, después de haberle solicitado en varias ocasiones al gobierno mexicano que investigara a los narcopolíticos. Lo que hundió al gobernador sinaloense fueron las declaraciones de Ovidio Guzmán, quien tras ser detenido por segunda ocasión en Sinaloa y extraditado a Estados Unidos, le dio toda la información al Departamento de Justicia sobre sus pactos y alianzas con el gobierno morenista a cambio de privilegios en su proceso judicial.
La lista final que tienen en Washington sobre narcopolítica rondaba los 100 políticos mexicanos, y aunque la gran mayoría son de Morena, se incluye a por lo menos dos gobernadores de la oposición, uno del PRI y otro de Movimiento Ciudadano. En esa lista se mencionan nombres como el del secretario de Educación, Mario Delgado, que apareció el jueves pasado junto a la presidenta Sheinbaum en Palacio Nacional y ayer le dio su respaldo a la nueva dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, además de dos gobernadores fronterizos de Morena, uno con un expediente radicado en un juzgado federal de San Antonio Texas, donde además del mandatario hay otros 17 funcionarios de su estado investigados, y otro expediente en San Diego de una gobernadora también morenista.
Así que, dirían los jugadores de poker, en esta nueva y tensa etapa de la relación entre México y Estados Unidos, las cartas están sobre la mesa de ambos lados. Del lado estadounidense la presión irá en aumento y no sólo será por la vía militar, sino que podrían venir declaraciones desde Washington que digan que su gobierno no puede tener tratados comerciales con gobiernos que apoyan a narcoterroristas o que varios bancos mexicanos serán sancionados por lavado de dinero; eso sin contar que si las sofisticadas unidades de élite estadounidense extrajeron a Maduro de su palacio en Caracas en cuestión de 40 minutos, una posible extracción de Rocha Moya sería como un día de campo.
Del lado mexicano está también muy claro que el régimen, conformado por el gobierno de Sheinbaum y su movimiento político, no cederán a la entrega de los extraditables como medida de autoprotección y supervivencia de su máximo líder López Obrador. Y ante la apertura del juego, la pregunta es ¿para cuántos días o semanas, o para cuántos anuncios desde Washington, alcanzará la reserva de la retórica nacionalista y de la soberanía? Antes de que, con un toque de Trump, empiece el tan temido efecto dominó.
NOTAS INDISCRETAS…
El discurso sobre la narcopolítica en México en el gobierno de Trump no es algo nuevo. Desde la época del asesinado gente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena, los republicanos de la era Reagan ya apuntaban al tema de la vinculación entre los políticos y los capos mexicanos como el origen y al mismo tiempo la solución del problema del narcotráfico. De aquella época es el libro “The Next War” escrito por Gaspar Weinberguer y Peter Schweizer, con prólogo de la exprimera ministra del Reino Unido, Margaret Tacher, en el que, entre el análisis de datos y la ficción, ya se hablaba de que el fenómeno del narcotráfico en México y su impacto en los Estados Unidos no se podría erradicar sin acabar con el poder político que lo auspicia. En 1996 fue editado ese libro, hace 30 años, y en él Weinberguer, general del Ejército que fue 7 años secretario de la Defensa estadounidense, pronosticaba la intervención militar de los Estados Unidos en territorio mexicano como la única forma de poner fin al narcogobierno que ubicaba en el país vecino. En su texto, que hoy parece premonitorio, el general y el periodista estadounidense hablan de “7 riesgos que enfrentaría Estados Unidos en el siglo XXI”, provenientes de 7 países: el primer riesgo que preveían eran NorCorea y China, luego Irán y el tercer riesgo era México, al que le seguían otros como Rusia y Japón. En el caso de México los autores del libro hablan, entre la prospectiva y la ficción, del asesinato de un presidente de México a manos de los cárteles de la droga, para poner en su lugar a un presidente de izquierda que llegaría para instaurar un narcoestado en el país. Ese presidente de izquierda hipotético se llama en el libro “Juan Ruiz” y estaría vinculado a un cártel liderado por un tal “Ávila Ortiz Mena” cuyos operadores principales tenían nombres como David Contreras, Lázaro Paz, Jesús Herzog, Carlos Portillo y los hermanos Juárez, Juan y Lázaro. En su narración, Weiberguer y Schweizer describen una invasión armada de Estados Unidos a México y hasta publican un mapa en el que el ejército estadounidense entraría por tierra desde Arizona y Texas para tomar el control de la ciudad de Guadalajara, y por mar desde el Golfo de México vía Tampico para llegar a tomar la Ciudad de México. En el desenlace del libro, el narcopresidente Juan Ruiz sale huyendo de México con rumbo al sur y el Ejército estadounidense es aclamado en las calles por la población mexicana que sale a recibirlos un 7 de marzo de 2003, cuando liberan a México de la narcodictadura izquierdista. Ese libro se escribió y publicó hace 30 años. Y hasta ahora es solo ficción que confirma que el discurso republicano sobre la narcopolítica mexicana y su solución no son algo nuevo…Se lanzaron la dados y tocó Doble Serpiente.
