La descomposición y recomposición del Cártel de Sinaloa, la organización del narcotráfico más poderosa y antigua de México, podría ser una de las primeras consecuencias del juicio contra “El Chapo” Guzmán que arrancó ayer en los Estados Unidos. Si, como todo apunta, Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán Loera, los dos compadres y capos sinaloenses, cabezas visibles de ese grupo delincuencial comienzan una guerra entre ellos, el resultado podría ser el incremento de la violencia en el occidente y norte del país, donde tiene su mayor influencia el también llamado “Cártel del Pacífico”.
Las declaraciones hechas ayer por los miembros de la defensa del Chapo, en los primeros alegatos ante el juez, en las que ubican como “líder principal” del Cártel sinaloense al Mayo Zambada y aseguran que Ismael se confabuló con los gobiernos de México y Estados Unidos “para incriminar a Joaquín Guzmán como líder del Cártel”, además de los señalamientos del abogado Jeffrey Litchman de que “el actual y el previo presidente de México (Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón) recibieron millones de dólares en sobornos” de parte de Zambada para evitar su captura durante los dos últimos sexenios, representa la confirmación de que la estrategia principal para la defensa del Chapo será acusar a su compadre de ser la cabeza principal del grupo sinaloense.
Eso hace pensar que El Chapo y sus abogados saben ya que el hijo de Ismael Zamada, Vicente Zambada Niebla “El Vicentillo”, será uno de los principales testigos que acusarán a Joaquín Guzmán, además de Dámaso López “El licenciado”, antiguo lugarteniente del Chapo y quien lo ayudara a escapar del Penal de Puente Grande, Jalisco, en el 2004. Si los Zambada se acogieron al programa de “testigos protegidos” como se especula por la condena mínima de 10 años que recibió “El Vicentillo” que incluso podría salir libre bajo fianza, entonces es un hecho que la antigua alianza entre los socios y compadres de Badiraguato, El Mayo y El Chapo, se terminó y que a la guerra judicial en la Corte de Brooklyn podría venir otra por los territorios y negocios de cultivo y trasiego de drogas que maneja el Cártel sinaloense.
Y en esa guerra, sobre todo en los testimonios y alegatos que se escucharán durante el juicio, los nombres de políticos mexicanos no van a faltar. La mención ayer de dos presidentes, Peña y Calderón, como receptores de “sobornos millonarios” del Mayo, fue hecha por el abogado Litchman sin ninguna prueba y de inmediato desmentida tanto por el vocero presidencial Eduardo Sánchez, como por el propio Calderón personalmente, aduciendo en ambos casos la falsedad de las acusaciones y negando ambos mandatarios haber recibido soborno alguno.
Sin embargo, aunque fuera solo por estrategia y sin pruebas que la defensa del Chapo comenzó sus alegatos mencionando a dos de las figuras más altas del gobierno mexicano, lo que sí es un hecho irrebatible es que ni en el sexenio de Felipe Calderón, ni en el actual de Peña Nieto, se capturó jamás a Ismael “El Mayo” Zambada, ni se supo de operativos o labores de inteligencia para lograr su detención. ¿Por qué a Joaquín Guzmán sí lo pudieron recapturar dos veces en el gobierno peñista, tras sus dos fugas espectaculares en 2004 y 20015, y por qué a Zambada o a otro misterioso y difuso líder del Cártel de Sinaloa como Juan José Esparragoza “El Azul”, cuya muerte nunca ha sido confirmada oficialmente, nunca estuvieron ni siquiera cerca de atraparlos?
Por ahora, en plena transición de gobierno, donde ya se ha demostrado que a la administración peñista que ya se va poco le interesan los temas de seguridad, mientras la de López Obrador que llega aún ni siquiera presenta su plan para combatir la violencia y pacificar al país, la posibilidad de que la guerra entre El Mayo y El Chapo pase de las audiencias judiciales en Brooklyn, a varias ciudades y estados del territorio mexicano es real, y no se ve cómo, al menos en estos 15 días que restan para el cambio de gobierno, alguien active un plan de alerta en Sinaloa, Sonora, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango y Coahuila, que son los estados en donde según informes oficiales de la PGR operan las 10 células y pandillas ligadas al Cártel de Sinaloa, eso sin contar su presencia en otras regiones del país donde disputan plazas a otras organizaciones. ¿Estamos preparados para una guerra entre los compadres?
