El emporio de corrupción e impunidad que construyeron en Quintana Roo los gobiernos priistas tuvo dos protagonistas fundamentales en los últimos doce años: el ex gobernador y actual senador del PRI, Félix González Canto, y su sucesor Roberto Borge Angulo. Esa mancuerna política, respaldada y apoyada desde el centro por el presidente Enrique Peña Nieto, es lo que explica porque el paraíso ambiental quintanarroense se volvió un cacicazgo en el que florecieron el abuso de poder, el tráfico de influencias y el enriquecimiento de los funcionarios a partir de las riquezas estatales, mientras la población del estado se empobrecía.
Hoy el “padrino” Félix González Canto y su ahijado Roberto Borge están en medio de investigaciones judiciales por ese abuso de poder que los enriqueció brutalmente, mientras el saqueo y el desorden financiero que heredaron lo padecen los quintanarroenses. Curiosamente el pasado fin de semana los dos ex gobernadores recibieron noticias sobre su complicada situación legal: el 14 de septiembre el Gobierno de Quintana Roo inició una denuncia ante la PGR en contra de González Canto “por el remate de 165 predios patrimonio del estado entregados a funcionarios, empresarios y diversas personas a precios subvaluados durante su gobierno”, mientras que el 15 de septiembre a Borge Angulo le llegó la noticia de que el gobierno de Panamá había concedido su extradición al gobierno mexicano para ser juzgado por el delito federal de lavado de dinero y tres expedientes más del fuero común por peculado, aprovechamiento ilícito y ejercicio indebido de la función pública.
En los dos casos el lucro con terrenos del Estado, que en muchos casos eran patrimonio ambiental, y que eran vendidos a personas cercanas o incluso a prestanombres de los mismos gobernadores, aparece como uno de los principales modus operandi de la mafia que gobernó Quintana Roo en los últimos años y que se benefició de las riquezas y el valor de zonas de Cancún, Cozumel, Isla Mujeres, Playa del Carmen, Tulum y Puerto Morelos, en donde se hicieron de enormes extensiones de tierras.
No será fácil que el “Padrino” y su “ahijado” realmente paguen por el robo y el saqueo al patrimonio y el erario de Quintana Roo. A Félix González Canto lo protegen su fuero de senador y su partido, el PRI, que no se ha deslindado de quién fue la cabeza de la corrupción escandalosa de su ahijado. Y a Borge, entre la lentitud y la burocracia de la PGR de Raúl Cervantes, le falta todavía un tramo para que pueda ser juzgado y apresado en una cárcel mexicana, pues todavía la justicia panameña le permite “apelar” el fallo que concedió su extradición.
Veremos si Peña Nieto y su procurador “carnal” realmente quieren y pueden acabar con la mafia quintanarroense a la que, hace apenas cinco años, el entonces presidente electo defendían y presumían como “la cara del nuevo PRI”, que resultó ser la del priismo de siempre vinculado a la corrupción, el tráfico de influencias y el saqueo del presupuesto público.
NOTAS INDISCRETAS…Un intenso movimiento se registró el fin de semana en la sede nacional del PRI. “Algo se está cocinando en Insurgentes Norte”, nos dicen y desmienten rumores de que vaya a haber relevo en la dirigencia del partido. Lo que sea que preparen en el viejo partido lo va a encabezar su actual dirigente Enrique Ochoa Reza…El dicho de que “cae más pronto un hablador que un cojo” aplica bien en este momento para el flamante gobernador Alfredo del Mazo Tercero. Y es que apenas asumió la gubernatura, ya se echó para atrás en una de sus más emblemáticas y polémicas promesas de campaña: el salario “rosa” para todas las mueres amas de casa del Estado de México. Ayer Del Mazo corrigió su populismo de campaña: los 1,200 pesos prometidos en su respectiva “tarjeta rosa” no van a ser para todas las amas de casa mexiquenses “sólo para las mujeres que estén en condición de pobreza extrema” ¿Así o más habladores?..Donde sí cobran fuerza las versiones de un posible cambio, a la luz de los reacomodos en el gabinete con miras al 2018, es en Los Pinos. La Coordinación de Comunicación y la Vocería de la Presidencia, a cargo de Eduardo Sánchez, es una posición para la que el presidente ya estudia un relevo en un intento de “corregir” y “mejorar” lo que ha sido una de las grandes fallas del sexenio: su pésima comunicación. Y ya se barajan varios nombres para entrar al quite del “talón de Aquiles” del peñismo: desde Alfonso Navarrete Prida, actual secretario del Trabajo, hasta Mauricio Vázquez Ramos, de la OEM, pasando por el recién salido Eruviel Avila, el ya de casa Roberto Calleja o el experimentado Otto Granados. La lista de “posibles” voceros presidenciales la completan el eficiente Roberto Campa, el colmilludo Heriberto Galindo y el ex vocero zedillista, Liévano Sáenz. Se valen apuestas ¿Alguno de ellos podrían enderezar la maltrecha comunicación de este gobierno? Se valen apuestas…Serpiente mandan los dados. Caída libre.
