Alejandro del Valle, empresario que trabaja ahora muy cerca de Gabriel García, el coordinador de los Programas Federales para el Desarrollo y operador electoral de la 4T y que, junto con el banquero salinista Carlos Cabal Peniche se encargarán de montar las sucursales y cajeros del Banco del Bienestar para dispersar los programas sociales de López Obrador en toda la República, tiene toda la experiencia en el manejo electoral de los apoyos sociales: fue operador directo del ex gobernador Arturo Montiel en el Estado de México y, de la mano del polémico ex dirigente del PRI, Isidro Pastor, ayudó al priismo a ganar elecciones operando con su empresa de call center Telmark-Contac Line un sofisticado programa de ubicación y afiliación de beneficiarios de programa sociales de aquella época para que votarán por el PRI.
Del Valle Vega fue contratado en 2003 para las elecciones intermedias de aquel año en el Edomex por Isidro Pastor, quien lo recomendó directamente con Montiel porque tenía un método preciso, difícil de detectar y tecnológicamente desarrollado para convertir en votantes del partido oficial a todo aquel que recibiera un apoyo del gobierno. A través de su empresa Telmark-Contac Line desarrollo un sistema que georeferenciaba e identificaba con precisión a todos los beneficiarios de programas del gobierno y, una vez ubicados con base en el Padrón Electoral eran credencializados y afiliados al PRI para poder llevarlos a votar el día de las elecciones, sin tener que utilizar los padrones sociales. Con ese sistema Montiel y el priismo arrasaron en aquellas elecciones de 2003 y también operaron el triunfo de Enrique Peña Nieto como gobernador en 2005.
Hoy ese mismo empresario, que se volvió millonario vendiéndole su modelo sofisticado y tecnológico de coptación del voto al Grupo Atlacomulco del PRI y que, según fuentes del gobierno de Arturo Montiel cobró en aquella época hasta 6 millones de dólares por sus servicios y softwares para el uso electoral de los programas sociales, trabaja muy de cerca con el operador de todos los programas sociales de la 4T, y uno de los hombres de mayor confianza del presidente López Obrador, Gabriel García Hernández. De hecho, el propio Alejandro Del Valle Vega se autonombra como “operador de la 4T” y presume y alarde de su cercanía y servicios al gobierno lopezobradorista, al que le vendió un contrato con la empresa coreana para la compra de 8 mil cajeros automáticos que se instalarán en las sucursales del Banco del Bienestar para dispersar los pagos de apoyos sociales del gobierno.
Además de su call center, Del Valle es dueño, junto con su hijo Carlos Del Valle Guerrero, de Penny Money, una compañía que se dedica a la operación de remesas de los paisanos en Estados Unidos, servicio que también le ofrecerá al Banco del Bienestar que dirige Rabrindanath Salazar. Actualmente, el ex operador montielista, también preside la Intercontinental Chamber of Comerce, organismo que dice representar a empresarios de Houston, Texas, pero que también se presenta como “consultora del gobierno de México en la implementación de Programas Sociales”.
Gabriel García, desde la Coordinación de Programas para el Desarrollo, que depende directamente del presidente López Obrador, controla fondos públicos por cerca de 75 mil millones de pesos, destinados a los distintos apoyos sociales que otorga el gobierno federal. Su cercanía con el presidente data de 2006, cuando se le ubica como operador financiero y electoral, creador de la fundación Honestidad Valiente, que recaudaba fondos financieros para la operación de la campaña presidencial de aquel año. Desde entonces es el operador de todas las confianzas de López Obrador y a él le encargó no sólo la creación y operación de los “Siervos de la Nación”, una estructura paralela a Morena que operó la campaña de tierra del 2018 y que luego fueron transformados en operadores de los programas sociales prioritarios de la 4T.
A Gabriel García lo acusaron hace unos meses candidatos a la dirigencia nacional de Morena como Mario Delgado y Alejandro Rojas, de operar con las estructuras oficiales de los delegados federales a favor de Bertha Luján para la presidencia del partido. Y hoy, a unos meses de que se inicie el estratégico proceso electoral de 2021, donde Morena y López Obrador se juegan la mayoría de la Cámara de Diputados y 15 gubernaturas, se convierte en un operador estratégico para la permanencia de la 4T.
Por eso llama tanto la atención que una figura como la del empresario Alejandro del Valle, que fue operador directo del priista Arturo Montiel y que, según confirman ex colaboradores cercanos del ex gobernador mexiquense, operaba el uso electoral de los programas gubernamentales a través de sus sofisticados servicios de ubicación, georeferencia y credencialización de beneficiarios de apoyos sociales como votantes del PRI, esté ahora tan cercano a Gabriel García Hernández y al director del Banco del Bienestar, Rabrindath Salazar.
¿Será que en el objetivo prioritario y de supervivencia para el proyecto de López Obrador de ganar las elecciones de 2021 y mantener el control mayoritario de la Cámara de Diputados y por tanto del Presupuesto federal están utilizando el mismo método y los mismos servicios de Telmark-Contac y de Alejandro del Valle para ubicar a los cerca de 22 millones de mexicanos que reciben pagos en efectivo de los programas sociales, credencializarlos y llevarlos a votar por Morena sin tener que usar el Padrón Unico de Beneficiarios el próximo 6 de junio de 2021?
Tal vez a eso se refería Gabriel García en la entrevista que le concedió ayer al periodista Paco Nieto de El Heraldo de México, en la que el operador más cercano y efectivo de López Obrador le decía que la oposición jamás encontraría una razón para afirmar que el Padró Unico de Beneficiarios puede ser manipulable electoralmente: “(La oposición) debe comprender que no somos iguales y si encontraran algo que les diera la razón que lo denuncien. Si se usa esto electoralmente y si hay algún tipo de manipulación por parte de los Servidores de la Nación, que es a los que más les atribuyen esto, no tendríamos ni siquiera derecho a fianza porque el fraude electoral se castiga con cárcel”, dijo el Coordinador de los programas sociales del lopezobradorismo. ¿Para que entonces contrataron los servicios de Alejandro del Valle y sus empresas que operaban votos clientelares para Arturo Montiel y para el PRI mexiquense?
NOTAS INDISCRETAS…La investigación contra Yeidckol Polenvsky que aquí le revelamos hace unas semanas dio un giro radical con el anuncio del dirigente Alfonso Ramírez Cuellar de que Morena procedería legal y penalmente ante la falta de comprobantes y explicaciones por parte de su antecesora. De la cantidad total que le habían observado en la compra de inmuebles y contratos de remodelación, que era de más de 900 millones de pesos, al final después de la auditoría quedan dudas fundadas sobre 395 millones de pesos por “servicios inexistentes”. Ayer durante una reunión virtual, Ramírez Cuellar dijo que las denuncias se harían para evitar “daño patrimonial” a las cuentas del partido porque “se hicieron pagos de contratos que no se sabe que obras amparan ni donde se van a realizar, mismos que sólo firmó Polenvsky y no se conoce la firma de la parte obligada ni del Secretario de Finanzas”. Es decir, que el dirigente de Morena ya exculpa Joel Frías, quien fuera secretario de Finanzas de Yeidckol y a quien Ramírez Cuellar ratificó en el mismo cargo, por lo que las denuncias serían solo contra la ex dirigente morenista que hoy es secretaria general y delegada especial en Jalisco. Todo indica que Joel Frías cooperó y le dio toda la información a la actual dirigencia y que, ante la negativa de Yeidckol para acudir a dar explicaciones en al menos tres ocasiones que la citaron, decidieron elevar el asunto a la denuncia penal. Veremos cómo se defiende ahora Polenvsky que había negado manejar esos recursos y haber firmado documentos…Los dados mandan Serpiente doble. Caída libre
