• Colectivos acusan que el gobierno reduce la crisis a trámites administrativos
• Más de 132 mil personas continúan desaparecidas en México, según cifras oficiales
• Señalan fallas en metodología, exclusión de víctimas y riesgo de subregistro
Organizaciones civiles y colectivos de búsqueda cuestionaron la forma en que el gobierno federal está abordando la crisis de desapariciones en México, al considerar que el enfoque oficial minimiza la magnitud del problema y excluye a las víctimas del análisis.
Señalan reducción de la crisis a cifras administrativas
Diversas organizaciones, encabezadas por Fundar, advirtieron que el tratamiento oficial se centra en registros y carpetas de investigación, lo que, a su juicio, invisibiliza a las personas desaparecidas.
Indicaron que condicionar el registro de un caso a la apertura de una carpeta ministerial no solo es una práctica incorrecta, sino que puede ocultar la dimensión real del fenómeno, especialmente ante deficiencias en fiscalías.
También criticaron que se presente como novedad la obligación de iniciar investigaciones, cuando esta disposición ya existe desde 2017 con la legislación vigente.
Cuestionan narrativa sobre desapariciones forzadas
Los colectivos expresaron preocupación por la postura oficial que atribuye la mayoría de las desapariciones a la delincuencia organizada, dejando de lado la posible participación de agentes del Estado.
Aseguraron que esta interpretación limita el reconocimiento integral del problema y reduce la responsabilidad institucional en algunos casos.
Falta de transparencia y participación
Otro de los señalamientos centrales es la ausencia de una metodología clara en la revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
Las organizaciones indicaron que este proceso no fue abierto ni incluyente, ya que no se convocó de manera amplia a familias, especialistas y colectivos para participar en el análisis.
Además, destacaron que en México la cifra de delitos no denunciados es elevada, por lo que basar la medición únicamente en registros oficiales puede generar distorsiones.
Datos oficiales y clasificación de registros
El gobierno federal informó que actualmente hay 132 mil 534 personas desaparecidas en el país, dentro de un registro acumulado de 394 mil 645 casos desde 1952.
De ese total, el 66% ha sido localizado, y la mayoría fue encontrada con vida.
Las autoridades agruparon los casos en tres categorías: registros con datos insuficientes, casos con actividad posterior a la desaparición y expedientes con información completa para su búsqueda.
Sin embargo, organizaciones como el Centro Prodh señalaron que esta clasificación podría reducir artificialmente la dimensión del problema.
Obstáculos en las investigaciones
Los colectivos también subrayaron que una proporción limitada de los casos cuenta con carpetas de investigación, lo que refleja barreras para acceder a la justicia.
Denunciaron prácticas como la negativa a recibir denuncias o la reclasificación de casos para evitar investigaciones formales.
Asimismo, afirmaron que muchas localizaciones no son resultado de acciones institucionales, sino del trabajo directo de las familias.
Llamado a fortalecer la estrategia
Por su parte, Amnistía Internacional exhortó al Estado mexicano a reforzar sus esfuerzos y garantizar la participación de víctimas, especialistas y organizaciones en el diseño de políticas públicas.
También destacó la importancia de aplicar metodologías rigurosas y análisis de datos para dimensionar correctamente la crisis.
