• La Corte Suprema declaró inconstitucional la prórroga del contrato a Panama Ports Company.
• El Estado operará Balboa y Cristóbal durante una transición de hasta 18 meses.
• Se abre un arbitraje internacional y aumenta la tensión geopolítica con China.
El Gobierno de Panamá tomó este lunes el control administrativo y operativo de los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en las entradas del canal, luego de que quedara en firme el fallo que anuló la concesión otorgada a Panama Ports Company (PPC), filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison Holdings.
La medida fue ejecutada por la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) mediante un decreto de ocupación, tras la publicación oficial de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que declaró inconstitucional la prórroga automática del contrato.
Decreto de ocupación y transición operativa
El director general de Puertos de la AMP, Max Flórez, informó que la entidad “tomó posesión de sus puertos y garantizará” la continuidad de las operaciones en ambas terminales.
El decreto establece un periodo de transición de hasta 18 meses, durante el cual se definirá un nuevo modelo de licitación internacional para adjudicar la operación a largo plazo.
Mientras tanto, la administración transitoria quedará en manos de dos operadores globales:
- APM Terminals, filial del grupo danés Maersk, asumirá Balboa en el Pacífico.
- Terminal Investment Limited (TiL), brazo logístico de MSC, operará Cristóbal en el Atlántico.
Las autoridades aclararon que la medida no implica expropiación de equipos ni activos, que continúan siendo propiedad de PPC, sino una ocupación para garantizar la continuidad del servicio.
Argumentos constitucionales y revisión del contrato
El fallo judicial determinó que la prórroga vulneraba principios constitucionales al limitar la capacidad del Estado para administrar bienes de dominio público y restringir futuras concesiones. También anuló actos administrativos vinculados a dicha extensión contractual.
El Gobierno ordenó levantar inventarios, revisar contratos vigentes y coordinar con entidades de seguridad y aduanas para asegurar la estabilidad del sistema logístico.
La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, aseguró que no habrá despidos entre los aproximadamente 1,200 trabajadores de ambas terminales.
Arbitraje internacional y tensiones diplomáticas
Panama Ports Company inició un arbitraje contra el Estado panameño ante la Cámara de Comercio Internacional (ICC), con sede en París, en el que reclama alrededor de 2,000 millones de dólares por la anulación del contrato.
El caso ha adquirido dimensión geopolítica. Autoridades vinculadas a China advirtieron posibles repercusiones económicas, mientras el presidente José Raúl Mulino defendió la decisión judicial como parte del Estado de derecho y la soberanía nacional.
La controversia ocurre en un contexto de creciente tensión entre China y Estados Unidos por la influencia en infraestructura estratégica, incluido el canal, por donde transita aproximadamente el 5% del comercio marítimo mundial.
Impacto en el sistema portuario
Los puertos de Balboa y Cristóbal concentran una parte significativa del movimiento de contenedores del país. En 2025 movilizaron 3.77 millones de contenedores, equivalentes al 38% del sistema portuario panameño.
Analistas señalan que la transición deberá ejecutarse con cautela para evitar interrupciones operativas y afectaciones a la reputación logística de Panamá.
El Gobierno sostiene que la decisión abre la puerta a un modelo de concesiones más transparente y competitivo, con mayor participación estatal en infraestructura considerada estratégica para el comercio internacional.
