• PRI y PAN acusan al gobierno federal de frenar la extradición y generar riesgos internacionales
• Morena y autoridades federales defienden el debido proceso y esperan pruebas de Estados Unidos
• Analistas advierten que el caso podría abrir una serie de investigaciones contra políticos mexicanos
El caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ha escalado a un conflicto político, judicial y diplomático que enfrenta posturas encontradas dentro de México y presiones desde Estados Unidos, en medio de acusaciones por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Postura del PRI: denuncian violación a tratado y “pacto de impunidad”
La senadora Carolina Viggiano Austria acusó al gobierno federal de incumplir el Tratado de Extradición con Estados Unidos al no proceder con rapidez ante la solicitud contra Rocha Moya. Señaló que esta situación afecta la relación bilateral y coloca a México en una posición vulnerable frente a la revisión del T-MEC.
“Están violando un tratado de extradición que nosotros tenemos firmado desde 1978. Lo están violando”, afirmó. Añadió que la presidenta Claudia Sheinbaum prioriza intereses políticos internos sobre la relación internacional, lo que —dijo— genera incertidumbre económica y diplomática.
También sostuvo que la actual administración mantiene una línea de continuidad con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, a quien acusó de haber permitido acuerdos con grupos criminales. “La presidenta no está defendiendo a Rocha Moya, está defendiendo a López Obrador”, declaró.
Viggiano cuestionó la falta de acciones inmediatas contra los implicados y aseguró que el gobierno impulsa un entorno de impunidad, además de advertir sobre el debilitamiento de la presunción de inocencia en el sistema judicial.
PAN exige medidas cautelares y alerta impacto económico
Por su parte, la diputada Kenia López Rabadán planteó que se apliquen medidas como prisión preventiva y congelamiento de cuentas contra Rocha Moya, en congruencia con criterios que, afirmó, ya se aplican a otros ciudadanos.
Señaló que el caso representa una prueba para el Poder Judicial y para la credibilidad institucional del país. “El problema ético de este país, en este momento, es si los van a proteger o los van a sancionar”, sostuvo.
Advirtió que la respuesta del gobierno mexicano influirá en la renegociación del T-MEC y en la percepción internacional de México como socio confiable, con posibles efectos económicos negativos.
Acusaciones desde Estados Unidos y posible lista de políticos
El gobierno estadounidense acusa a Rocha Moya de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, particularmente con “Los Chapitos”, así como de delitos relacionados con narcotráfico y armas. Además, solicitó su detención provisional junto con la de otros nueve funcionarios.
De acuerdo con el especialista en seguridad David Saucedo, este caso podría marcar el inicio de una serie de procesos contra políticos mexicanos. “Sinaloa apenas es el principio de una serie de procesos de investigación y solicitudes de captura”, afirmó.
Según el análisis, existiría una lista de al menos 10 figuras políticas que podrían ser requeridas por autoridades estadounidenses, lo que incrementa la presión sobre el gobierno mexicano.
Respuesta del gobierno federal: proceso legal y soberanía
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Rocha Moya solicitó seguridad federal tras pedir licencia, aclarando que este tipo de protección se otorga tras un análisis de riesgo, como ocurre con cualquier funcionario o ciudadano.
Además, autoridades federales precisaron que Estados Unidos solo ha presentado una solicitud de detención provisional, no una solicitud formal de extradición, y que no se ha acreditado la urgencia requerida. Por ello, México solicitó información adicional antes de proceder.
El gobierno federal también aseguró que, en caso de existir pruebas, los implicados serán procesados conforme a la ley en territorio nacional.
Morena: sin sanciones sin pruebas
La dirigencia de Morena informó que esperará los resultados de la Fiscalía General de la República antes de iniciar cualquier procedimiento interno contra Rocha Moya.
La secretaria general del partido, Carolina Rangel, señaló que no se encubrirá a ningún militante, pero que las decisiones se tomarán únicamente con base en resoluciones oficiales. También defendió que las investigaciones deben realizarse dentro del marco institucional mexicano.
Debate político y críticas a la estrategia de seguridad
El caso ha generado confrontación entre fuerzas políticas. Legisladores de oposición han señalado inconsistencias en el discurso oficial y cuestionado la estrategia de seguridad del gobierno.
Desde Morena, se ha insistido en no politizar el caso y en esperar pruebas antes de emitir juicios. Sin embargo, la oposición ha advertido sobre un posible doble criterio en la aplicación de la ley.
Analistas cuestionan manejo del caso
El exconsejero electoral Luis Carlos Ugalde consideró que la licencia de Rocha Moya no resuelve el problema de fondo, sino que funciona como una medida para contener la crisis política.
“Es una simulación para poder atajar una crisis de esta magnitud”, afirmó, al señalar que no se ha producido un cambio estructural en el manejo del caso.
Opinión internacional reaviva debate sobre soberanía
Una columna de opinión en Estados Unidos planteó que México debería aceptar las acusaciones y colaborar con la justicia estadounidense, lo que reavivó el debate sobre soberanía y cooperación bilateral.
El texto también reconoció que el consumo de drogas en Estados Unidos es un factor clave en el financiamiento del crimen organizado, aunque sin profundizar en ese aspecto.
Escenario abierto y con implicaciones políticas
El caso de Rocha Moya se desarrolla en un contexto clave rumbo a las elecciones de 2027 y en medio de negociaciones comerciales con Estados Unidos y Canadá.
Su evolución dependerá de las pruebas que presenten las autoridades estadounidenses y de las decisiones que tomen las instituciones mexicanas, lo que podría tener impactos políticos, económicos y diplomáticos de gran alcance.
