El de ayer fue un día negro para el gobierno de la 4T en materia de seguridad. Porque si se evalúa al primer año del presidente Andrés Manuel López Obrador por sus cifras de inseguridad y violencia, el resultado es catastrófico: los primeros 12 meses de esta administración, a punto de cumplirse en 10 días, se perfilan ya como el año más violento de la historia reciente del país, a juzgar por las cifras oficiales de homicidios dolosos y de feminicidio que reportan, hasta el momento, 29 mil 547 asesinatos violentos tan solo de enero a octubre; algo que ya supera en casi mil ejecuciones, las 28 mil 868 registradas en todo el año 2018, el último de Peña Nieto, de acuerdo a los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Si ya es oficial que la violencia del primero año de López Obrador será la más grave de la historia, a eso hay que añadirle las declaraciones que ayer hizo el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, uno de los mandatarios panistas más incómodos para la 4T, quien puso el dedo en la llaga al definir como “narcoterrorismo”, la situación violenta que vive su estado, especialmente la frontera de Nuevo Laredo en las últimas semanas: “Hay situaciones de violencia que se están generando aquí y no vamos a tapar el sol con un dedo. Es el comportamiento de criminales que quieren de alguna manera provocar el caos, el pánico la inseguridad a través de actos de violencia, sobre todo promoviendo el miedo y el terror, su comportamiento es de narcoterrorismo es un tema muy delicado el que está habiendo y se tiene que actuar en consecuencia. Se tiene que actuar con toda firmeza y con toda determinación para asegurarnos poder pacificar, no solamente en Nuevo Laredo, sino cualquier acción que lleve a cabo cualquier grupo criminal”.
La palabra más evitada y temida para el gobierno mexicano en estos momentos, es precisamente la que invocó el gobernador Cabeza de Vaca. Y es tan incómoda y delicada, porque al equipar la violencia desbordada del narcotráfico con el terrorismo, lo que se hace es que la problemática de violencia y criminalidad en México, entren en el radar y en las prioridades del gobierno de los Estados Unidos, que según sus leyes de seguridad nacional, pueden y deben intervenir en aquellos países cuyos problemas por la acción de grupos “terroristas” representen una amenaza para la seguridad de los estadunidenses. Y si tomamos en cuenta que Nuevo Laredo es frontera con los Estados Unidos, y que el gobernador del estado fronterizo de Tamaulipas reconoce abiertamente que en su entidad hay violencia terrorista del narcotráfico, la declaración toma una dimensión mayor.
Por algo el canciller Marcelo Ebrard y el gobierno lopezobradorista se han negado una y otra vez a que se clasifique como “terrorismo” a sucesos de violencia en México, como las masacres recientes de la familia LeBaron y Langford en Sonora, en donde fueron brutalmente asesinados 6 niños y 3 mujeres con nacionalidad estadunidense, porque eso daría pie automáticamente a que, en el marco de la relación bilateral e invocando sus leyes y tratados con México, el gobierno de los Estados Unidos pidiera intervenir para combatir a grupos “narcoterroristas” en el territorio mexicano. Y ya sabemos que pasa en México cuando Donald Trump presiona y amenaza, como lo hizo con el tema de la migración, en el que convirtió a la Guardia Nacional y al gobierno mexicano, en sus policías migratorios y en su muro de seguridad para frenar la migración ilegal desde la frontera sur con Centroamérica.
Pero como Cabeza de Vaca ni tiene pelos en la lengua, ni ha recibido todo el apoyo que demanda para un problema tan grave como el que vive Nuevo Laredo en las últimas semanas, donde se percibe no solo una descomposición por el enfrentamiento violento entre cárteles, sino una afectación directa a la población civil y, sobre todo, un abandono y un desdén desde el gobierno de López Obrador para atender la emergencia en el puerto de entrada más importante no sólo de México sino de toda América Latina, el mandatario panista no dudó en decirlo con todas sus letras: “Esa actitud que vimos hace algunos días de bloqueos donde utilizaron vehículos y a los mismos ciudadanos como escudos, donde hubo violencia directa hacia ciudadanos que terminaron en el hospital, no es otro síntoma más que el que les acabamos de mencionar: narcoterrorismo. Y es por ello que el Estado Mexicano debe actuar en contra de aquellos violentos. Los enemigos de México no son los sectores productivos, los que están generando la riqueza, son los violentos, son los grupos que utilizan el tráfico de armas, el tráfico de drogas para tener sometidos a los ciudadanos”.
La declaración reconociendo que lo que pasa en México ya se convirtió en “narcoterrorismo”, proviniendo de un gobernador fronterizo como el de Tamaulipas –al que por lo demás en Estados Unidos conocen muy bien– tendrá un impacto sin duda del otro lado del Río Bravo y se convierte, por lo pronto, en una muy incómoda posición para el gobierno de López Obrador que, cuando se trata de seguridad y violencia desbordadas, no tiene muchos argumentos para defenderse porque las masacres y multihomicidios suman más de 663 víctimas en 149 ataques en este año, lo que significa que en cada mes en lo que va de este gobierno, se registran al menos un caso de masacres con un promedio de 9.9 víctimas en cada ataque. Y si se observa la crueldad cada vez mayor en la ejecución de civiles inocentes, niños, mujeres, jóvenes que son torturados, masacrados y baleados con armas de alto calibre y hasta quemados vivos, la pregunta y el tema que plantea Cabeza de Vaca es inevitable e ineludible ¿no es eso narcoterrorismo?