“A más de la mitad del sexenio de López Obrador, podría decirse que ha logrado pocos de sus objetivos anticorrupción y de justicia penal”, dice un informe del Congreso de los Estados Unidos fechado el pasado 7 de mayo. “El presidente mexicano, elegido en 2018, ha abogado por políticas que se centren en las causas profundas del crimen pero su gobierno no ha llevado operaciones antinarcóticos de manera constante… Después de tres años en el cargo, a partir de enero de 2022, López Obrador ha evitado acciones policiales a gran escala contra los cárteles y la cooperación entre Estados Unidos y México en materia de aplicación de la ley ha disminuido”, concluye el documento oficial.
Se refiere a la política de “abrazos no balazos” definida así por el presidente López Obrador y cuestiona su falta de resultados a partir de las promesas de abordar los altos niveles de impunidad criminal, la corrupción oficial y pacificar al país. Lejos de esas promesas, el documento del Congreso de Estados Unidos consigna que la violencia del narcotráfico ha impactado la seguridad en la frontera sur de su país y contribuye a la “crisis de los opiáceos” que vive ese país y que provocó en 2021 la muerte de 106 mil estadunidenses por sobredósis, sobre todo de fentanilo producido en México, algo de lo que también responsabiliza a la actual administración lopezobradorista: “Muchos analistas evalúan que el papel de las TCO mexicanas (Transnational Crime Organizations) en la producción y el tráfico de opioides sintéticos hacia los Estados Unidos se ha ampliado significativamente desde 2018”.
“Además, algunos miembros del Congreso están preocupados por la corrupción y las fallas del sistema de justicia de México que conducen a la impunidad y a juicios fallidos, lo que podría decirse que permite que el poder criminal quede sin control”.
Elaborado por el Congressional Research Service o Centro de Investigación del Congreso estadunidense, el informe que ya circula entre congresistas del vecino país y cuya copia tiene esta columna, se titula “México: Crimen Organizado y Organizaciones de Tráfico de Drogas” y en 42 páginas aborda toda la problemática de los cárteles de la droga mexicanos a los que denomina en inglés “Transnational Crime Organizatios” o TCO, de los cuales ubica actualmente a 9 organizaciones activas y operando en los territorios de México y Estados Unidos: Crtel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel de Sinaloa (CDS) Cártel del Golfo (CDG) Los Zetas, Noroeste, Organización de los Beltrán Leyva, Caballeros Templarios, Los Viagras, la Familia Michoacana, Los Rojos, Tijuana-ArellanoFélix y Juárez Carrillo Fuentes.
“Los grupos del crimen organizado se han fragmentado y diversificado sus actividades delictivas, recurriendo a la extorsión, el secuestro, el robo de petróleo, el contrabando de personas, el tráfico sexual, la venta minorista de drogas y otras empresas ilícitas”, dice el informe elaborado y firmado por Julien S. Beittel, Analista en Asuntos Latinoamericanos del citado Centro de Investigación del Congreso estadunidense.
El principal daño a los Estados Unidos identificado por varios analistas de seguridad y formuladores de políticas causado por las TCO es el control del movimiento de drogas ilícitas por parte de las organizaciones. La DEA ahora identifica la producción y el envío ampliados de heroína, opioides sintéticos (Fentanilo) y metanfetamina de las TCO como la principal amenaza criminal para los Estados Unidos. “En mayo de 2022, en lo que se percibió como un golpe a la cooperación antidrogas entre Estados Unidos y México, México negó a la DEA los derechos de aterrizaje de su avión para realizar operaciones antinarcóticos dentro de México. Como resultado, la DEA retiró su aeronave, limitando su capacidad”, comenta.
La violencia de esos grupos, sigue el documento se ha extendido desde la frontera con Estados Unidos hacia el interior de México. La violencia relacionada con TCO ha estallado en los estados del Pacífico de Michoacán y Guerrero; en los centrales estados de Guanajuato, Zacatecas, Morelos y Colima; y en los estados fronterizos del norte de Tamaulipas, Chihuahua y Baja California, donde se encuentran las ciudades fronterizas más grandes de México. Menciona una evaluación anual realizada por un grupo de expertos mexicanos, en la que cinco ciudades mexicanas encabezaron la lista de las 50 ciudades más violentas del mundo en 2019.
Pero además, el informe del Congreso de Estados Unidos habla también de cómo la violencia del narcotráfico ha tenido implicaciones políticas en México y consigna como la violencia política se reflejó antes de las elecciones de mitad de mandato de México en 2021, cuando, según se informa, más de 100 políticos fueron asesinados y muchos más fueron amenazados. “Esta situación llevó a algunos analistas a afirmar que los cárteles mexicanos han llevado la interferencia electoral directa a nuevos niveles”.
En otra parte del informe sobre el Crimen Organizado y las Organizaciones de Tráfico de Drogas en México, se menciona que “el Congreso (de EU) ha considerado si los sindicatos del crimen deben ser designados como FTO (organizaciones terroristas trasnacionales), surge la pregunta de si la escala, el propósito y los tipos de violencia atribuidos a las TCO mexicanas se han transformado en terrorismo. Los grupos criminales no parecen tener motivaciones políticas o ideológicas, lo que es un elemento de una definición de terrorismo ampliamente reconocida. En diciembre de 2021, los informes anuales por países sobre terrorismo del Departamento de Estado sostuvieron que no había evidencia creíble de que los grupos terroristas internacionales tuvieran bases en México o “trabajaran directamente con los cárteles de la droga mexicanos, o enviaran operativos a través de México a los Estados Unidos en 2020”.
El documento que analiza también las acciones contra el narcotráfico en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, concluyendo que en ambos gobiernos las estrategias de confrontación y de detención de capos llevaron a una fragmentación peligrosa de las organizaciones del narcotráfico, termina cuestionando la falta de resultados de la estrategia del presidente López Obrador contra el narco: “A pesar de las promesas de reforma, el presidente parece basarse en una política de utilizar el ejército y una guardia nacional dirigida por militares para abordar las preocupaciones relacionadas con los narcóticos y las TCO. Hizo campaña para abordar los altos niveles de impunidad criminal y la corrupción oficial, problemas de larga data en México. Sin embargo, más de la mitad del sexenio de López Obrador, podría decirse que ha logrado pocos de sus objetivos anticorrupción y de justicia penal”.
