Detrás del repentino cambio de actitud del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y de su decisión de recular en el enfrentamiento abierto que él mismo abrió con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hubo amenazas directas contra el mandatario colombiano de investigar desde Washington las acusaciones que le hizo su propio hijo, Nicolás Petro, de recibir dinero en su campaña presidencial de 2022, de personajes vinculados al narcotráfico y a los paramilitares colombianos.
De acuerdo con información de fuentes estadounidenses, luego de que el presidente de Colombia se negara a recibir dos aviones del Pentágono, que ya habían despegado desde Estados Unidos con migrantes colombianos para ser llevados a su país y de que respondiera con amenazas de aranceles y acusaciones de intervencionismo y “golpe de estado” al presidente Trump, desde la Secretaría de Estado estadounidense se buscó al canciller colombiano y a su embajador en Washington para advertirles que si persistía la actitud negativa de Petro se activarían expedientes en poder del Departamento de Justicia sobre los financiamientos ilegales a su campaña obtenidos por su hijo Nicolás Petro.
En las 9 horas de tensión que duró el diferendo y las amenazas del presidente Petro que molestaron en Washington, lo que finalmente hizo cambiar al mandatario colombiano, aceptar los aviones y retirar sus amenazas y acusaciones contra el gobierno de Trump, fue la posibilidad de que su hijo fuera investigado y acusado en Estados Unidos a partir de sus propias confesiones a la Fiscalía de Colombia en agosto de 2023.
En aquella fecha, detenido por la justicia colombiana, el hijo mayor de Petro declaró ante el entonces fiscal del caso, Mario Burgos, que sí había recolectado dinero a nombre de su padre –tal y como lo declaró su expareja Day Vázquez que habló de “cientos de millones de pesos recibidos por Nicolás y gastados en lujos”– y que según las pruebas que presentó en aquella fecha el propio Nicolás Petro, habían ido a parar a la campaña del actual presidente colombiano.
El caso aún abierto en contra de Nicolás Petro se encuentra en un impasse, pero la Fiscalía de Colombia continúa documentando y engrosando las acusaciones de enriquecimiento ilegal y lavado de dinero en su contra, luego de que este admitiera haber recibido entre 400 y 600 millones de pesos, de empresarios y políticos de la Costa del Caribe, donde fungió como coordinador de la campaña de su padre, dinero que habría gastado en la compra de autos, casas y lujos junto a su entonces pareja Daysuri Vázquez, quien denunció al joven Petro tras su ruptura en 2023.
Entre los nombres que aparecen en el expediente judicial en poder de la Fiscalía de Colombia como los donantes que entregaron dinero a Nicolás son Samuel Santander Lopesierra, conocido como el “Hombre Marlboro”, un expolítico y exnarcotraficante colombiano muy conocido por el Departamento de Justicia porque tiene un largo historial de acusaciones, detenciones y extradiciones en Estados Unidos, donde fue sentenciado y purgó una condena de 25 años por tráfico de más dos toneladas de cocaína, de 2007 al 2021 cuando fue liberado y regresó a Colombia donde intentó ser candidato a alcalde al municipio de Maicao, pero el Consejo Nacional Electoral le revocó su candidatura.
Otro de los que según Nicolás Petro le entregó dinero para la campaña de su padre fue Gabriel Hilsaca, empresario e hijo de un famoso comerciante llamado Alfonso “El Turco” Hilsaca. El propio Gabriel reconoció a través de su abogado, en una carta que le entregó al diario “El Tiempo” de Bogotá, que sí entregó cerca de 400 millones de pesos colombianos para la campaña de Gustavo Petro en 2022 a su hijo Nicolás, pero que fue éste el que le dio un uso diferente a los recursos que él le entregó de buena fe.
Nicolás Petro fue detenido en 2023 mientras cenaba en un restaurante de Barranquilla y trasladado a Bogotá, en donde en principio negó las acusaciones que le hiciera su expareja Day Vázquez, luego de que él la engañara con su mejor amiga; pero luego de que la Fiscalía de Colombia tuviera acceso al contenido de su celular, en donde encontraron evidencias de mensajes, fotografías y otros documentos que probaban su papel de recaudador de dinero para la campaña de su padre, lo que hizo que meses después el propio Nicolás aceptara en agosto de aquel año que sí recibió esas cantidades millonarias y que fueron a parar a la campaña presidencial.
Pero luego de que empezó a colaborar con la Fiscalía y de incluso entregar pruebas en contra de su padre, Nicolás de pronto cambió sus declaraciones y su estrategia legal a finales de agosto de 2023, justo cuando la revista Semana revelo que el 21 de agosto el presidente Gustavo Petro visitó a su hijo en su casa de Barranquilla y sostuvieron una plática privada. A partir de ese encuentro Nicolás dejó de colaborar con los fiscales y se retractó de sus primeras declaraciones. Eso hizo que el caso se alargara y complicara a la Fiscalía la comprobación del presunto financiamiento ilegal y las acusaciones de enriquecimiento y lavado en contra del hijo del presidente.
El pasado 14 de enero se llevó a cabo la última audiencia preparatoria del caso Petro y en ella, Nicolás sorprendió a todo Colombia cuando, ante la pregunta del Juez que lleva el caso, se declaró “inocente” de los cargos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos de los que lo acusa la Fiscalía.
Ayer, para que no quedaran dudas de que al presidente de Colombia lo doblaron desde Washington y lo obligaron a aceptar las deportaciones de migrantes desde Estados Unidos, el presidente Donald Trump, se ufanó de que todos los países tendrán que aceptar el regreso de sus migrantes o de lo contrario pagarán un alto precio económico.
“Como vieron ayer, hemos dejado en claro a todos los países que deben de aceptar regreso a su gente. Estamos enviando de vuelta a los criminales, a los inmigrantes ilegales que vienen de sus países. Ellos los van a aceptar de regreso rápidamente y si no lo hacen pagarán un precio económico muy alto: vamos a instaurar aranceles masivos inmediatamente y se les aplicarán otras sanciones”, dijo en Florida en la reunión de invierno de la bancada republicana en la Cámara Baja. ¿Así o más claro el mensaje para el resto de los gobiernos de Latinoamerica y del mundo?
NOTAS INDISCRETAS… No sólo los gobiernos se están sometiendo ante las amenazas y la agresiva política de Trump. Ayer Google informó que actualizará en sus mapas satelitales el nombre del Golfo de México, para que aparezca ahora en sus plataformas como “Golfo de América”, justificando que lo hace porque su política es actualizar las “fuentes gubernamentales”, por lo que una vez que el Gobierno de Estados Unidos les informe de su decisión de renombrar el Golfo al que la ONU y todo el planeta reconoce como el “Golfo de México”, ahora el gigante tecnológico se allanará a la decisión de su gobierno y lo llamará “De América”. Para que tampoco queden dudas de quiénes son la nueva oligarquía tecnológica que acompaña al nuevo gobierno radical estadunidense… Y hablando de decisiones radicales, la orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de su presidenta, Mónica Soto, respaldada con la mayoría de tres que conforman ella, y los magistrados Felipe Fuentes y Felipe de la Mata, decidieron que ante el “incumplimiento” del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación, que se negó a continuar el proceso de selección de los candidatos a cargos judiciales, tendría que ser el Senado de la República el que retome el proceso correspondiente al Poder Judicial y concluya la selección e insaculación de los candidatos a jueces, magistrados y ministros que resulten “idóneos” para estar en la boleta electoral de los complicados comicios judiciales. La decisión de los magistrados que sostienen que ellos son “la máxima autoridad electoral” y por lo tanto pueden decidir por encima del amparo y de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, despertó ayer fuertes críticas y cuestionamientos de la comunidad jurídica, en donde se cuestiona la proclividad que, de unos meses para acá, tiene la mayoría del Tribunal Electoral para darle siempre la razón al Gobierno y a su partido en todo tipo de resoluciones que han sido impugnadas. Así que, mientras se destruye el Estado de Derecho para construir un “nuevo Poder Judicial por el voto popular”, hasta los propios integrantes de ese Poder que hoy agoniza, se allanan a los designios de la nueva mayoría y confirman lo que tanto se dice desde la oposición y la academia jurídica: las dos instituciones electorales en México que según la Constitución son autónomas, el INE y el Tribunal Electoral, ya fueron “colonizadas” y se alinearon al nuevo régimen… Se baten los dados. Repitió la Serpiente. Caída Libre.
