En un mismo día los mexicanos pudimos atestiguar por qué es tan importante tener poderes autónomos e independientes uno del otro y porque, por más presión y autoritarismo que haya, hay que seguir defendiendo y exigiendo que prevalezca la división de poderes.
Por diferencia apenas de un par de horas, dos actores fundamentales de la vida institucional anunciaron su intención de apelar a la Suprema Corte; uno, el INE para hacer valer su autonomía y obligar al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo a cumplir con la ley y otorgarle recursos presupuestales suficientes para organizar la Consulta Popular de Revocación de Mandato; otro, la presidenta del Senado, para abdicar de su resposanbilidad y facultad de impugar, ante la misma Corte, un decreto a todas luces inconstitucional y autoritario del Poder Ejecutivo al que, se supone, el legislativo debe moderar y equilibrar.
En el primer caso, el anuncio del Consjeo General del INE, de ir a una controversia Constitucional en contra de la Cámara de Diputados y acusarla de violentar su autonomía y “desfondar a la Constitución misma” al atentar contra su autonomía presupuestaria y desconocer sus facultades de presupuestación para cumplir sus encomiendas constitucionales, en este caso la organización de una Consulta Popular para la Revocación de Mandato, representa una acción legítima y completamente legal de los consejeros electorales para defender el mandato ciudadano de ser un órgano que vigile por la correcta realización de los derechos humanos y político-electorales de la ciudadanía.
El INE no hace sino exigir, con la Constitución y sus mecanismos de impugnación en la mano, que la Corte se pronuncie sobre si debe o no aceptar una “reducción abritaria e injustificada” de su presupuesto, sobre todo cuando los consejeros sustentaron con argumentos técnicos y de costos reales, los recursos que necesitaban para el adecuado ejercicio de participación ciudadana a la que los mandató la misma Cámara de Diputados con la citada consulta de Revocación. El instituto argumenta un “trato diferenciado” con respecto al que dieron los mismos diputados a otros organos autónomos a los que no les practicó un recorta tan grande como los 4,913 millones de pesos que le redujeron a ellos, a pesar de la solicitud puntual de recursos extraordinarios para el 2022.
Hasta ahí bien el INE y su ejercicio democrático y constitucional. En sentido totalmente inverso a la democracia y la división de poderes, la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, que además fue ministra de la Suprema Corte, renuncia públicamente a la facultad que tiene esa cámara para impugar un decreto, disfrazado de “Acuerdo”, con el que clarmaente el Ejecutivo, y en particular el presidente López Obrador, se excedio en todas sus funciones constitucionales al ordenar reservar y clasificar “como de interés y seguridad nacional” todas las obras públicas que realice su gobierno con el dinero de los contribuyentes, a las cuales busca con eso evitarles trámites, estudios y licitaciones transparentes, además de blindar la información de los contratos públicos para mantenerlos en la opacidad y no informar a los ciudadanos.
Todo eso que contraviente claramente varias leyes, artículos constitucionales y hasta las obligaciones de transparencia y combate a la corrupción a las que publicamente se comprometió este gobierno, a la e ministra Sánchez Cordero le pareció que no eran suficientes para que el Senado de la República iniciara una controversia o accion de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte para que esta se pronuncie sobre la muy posible extralimitación de facultades y violaciones constitucionales graves en las que incurrió López Obrador y su gabinete con el llamado “decretazo”.
En un oficio que le dirigió ayer a todos los coordinadores parlamentarios, la presidenta de la Mesa Directiva argumentó que “es inexistente el principio de agravio respecto del Senado”, y sostuvo que esa cámara no tiene motivos ni interés que defender en contra de semejante decreto del Ejecutivo. “Conforme a los criterios de la SCJN se concluye que el Senado carece de interes legítimo para promover una controversia constitucional en contra del acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador, como lo solicitaron diversos senadores y senadoras”, dijo Sánchez Cordero en respuesta a la solicitud que le plantearon 53 legisladores de las bancadas de la oposición.
Aún así, y en lo que claramente confirma que la ex ministra y ahora presidenta del Senado no quiso contriar ni controvertir a su ex jefe el presidente, la misma Sánchez Cordero dejo abierta la puerta para que “otros poderes y órganos autónomos” pudieran encontrar motivos de agravio “bajo la perspectiva del principio de interés legítimo y de afectación” podrían interponer controversias de constitucionalidad contra el referido decreto.
Es decir, doña Olga Sánchez Cordero, que fue por 15 años ministra de la Corte y que ahora representa y preside a otro poder del Estado ¿no encontró motivos de agravio en el decreto autoritario y violatorio de la Constitución o simplemente no quiso encontrarlas para no confrontar al titular del Poder Ejecutivo donde ella misma estuvo por los últimos tres años?
Como sea, ayer quedo claro que mientras una parte de los mexicanos y de las instituciones democráticas ya se rindió ante la abyección, la sumisión y el fanatismo de un poder presidencial desbordado y que quiere abarcarlo todo y violentar no solo a otros poderes, a organos autónomos sino también a los derechos constitucionales de los ciudadanos, otra parte de la sociedad y de las instituciones se resiste a dejar que el presidente vuelva a controlarlo todo, como ya pasó en este país por más de 7 décadas, y para evitarlo están dispuestos a recurrir a todo tipo de estrategias legales y políticas que contengan las ambiciones y delirios de autoritarismo que hoy existen en la Presidencia.
¿De cuál de los dos lados se va a colocar la Suprema Corte de Justicia? ¿Será el poder que defienda el último reducto contra el autoritarismo presidencial y equilibre a la vida política y democrática de este país? ¿O también se rendirán los ministros ante la fuerza de la nueva presidencia imperial en la versión 4T?
