- Tribunal condena a 60 años de prisión a los tres responsables
- Colectivos feministas exigieron un castigo ejemplar
- El fallo sienta un precedente contra la violencia feminicida
Colectivos feministas y organizaciones de derechos humanos se concentraron en el Tribunal de Enjuiciamiento del penal de San Miguel, en Puebla, para exigir la pena máxima contra los responsables del feminicidio de la abogada y activista Cecilia Monzón, asesinada el 26 de mayo de 2022.
La movilización coincidió con la audiencia en la que el tribunal dictó sentencia contra Javier López Zavala, ex candidato del PRI a la gubernatura del estado, así como contra Jair Mauricio Domínguez y Silvestre Vargas Ramírez, señalados como coautores materiales del crimen.
Sentencia y responsabilidades acreditadas
El tribunal determinó imponer la pena máxima de 60 años de prisión a los tres sentenciados, al considerar plenamente acreditada la responsabilidad penal. En el caso de López Zavala, se estableció su papel como autor intelectual, al haber facilitado los medios y recursos para ejecutar el ataque armado contra la víctima.
Durante el proceso judicial quedó demostrado el uso de un arma de fuego calibre 9 milímetros con munición expansiva, lo que confirmó la intención directa de privar de la vida a la abogada.
Exigencia de justicia y postura de la familia
La hermana de la víctima, Helena Monzón, señaló que desde el inicio del juicio oral la exigencia fue clara: aplicar la pena máxima para enviar un mensaje contundente contra la violencia feminicida. Afirmó que la sentencia representa un paso clave para garantizar justicia a las mujeres y a las víctimas indirectas.
Impacto del caso y precedente legal
El feminicidio de Cecilia Monzón detonó movilizaciones sociales a nivel nacional y derivó en la aprobación de la llamada Ley Monzón en Puebla, que establece la pérdida de patria potestad para padres acusados o condenados por feminicidio o tentativa de feminicidio contra la madre de sus hijos.
El fallo fue celebrado por los colectivos que acompañaron el caso durante más de tres años y que consideran la sentencia un precedente relevante en la lucha contra la violencia de género en México.
