La revelación periodística de que recibió apoyos económicos del gobierno de Enrique Peña Nieto por 900 millones de pesos para su Fundación “Juntos Podemos”, fue un duro golpe para la imagen de Josefina Vázquez Mota al exhibir sus vínculos ocultos con una administración priista y su cercana relación política y de amistad con el presidente y su grupo, que además deslegitimó cualquier aspiración de la panista para ser candidata de su partido a la gubernatura del Estado de México, al poner en duda su condición de “opositora” al PRI y al grupo político que controla la entidad mexiquense.
El efecto político de la publicación de los documentos, en el impecable golpe periodístico de la organización civil Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad, resultó tan certero como demoledor para Vázquez Mota y su pretendida candidatura aliancista. Y significa, ante la contundencia de las evidencias del reportaje, la constatación de una práctica ilegal y discrecional en el manejo de los recursos públicos, tanto de quienes, desde altas esferas del gobierno federal diseñaron y otorgaron el financiamiento público a una supuesta “fundación privada”, como de la ex candidata presidencial del PAN que simuló y ocultó el origen público de los recursos con los que realizaba su labor con los migrantes mexicanos en Estados Unidos.
Y ahí entra la pregunta obligada que, sin menoscabo de la investigación periodística y el interés público de su contenido, respondería quién estuvo detrás de lo que la propia Josefina, en su trastabillante respuesta, calificó como “campaña de desprestigio y lodo” en su contra. La respuesta, dicen en el entorno cercano de la panista, lleva a dos instancias de donde pudo salir la información y los documentos que dieron pie a la investigación periodística: por un lado la Secretaría de Hacienda y por el otro el Palacio de Gobierno de Toluca.
El único que sabía y tuvo acceso al otorgamiento de esos fondos, desde que comenzaron a entregarse a la fundación, es el poderoso ex secretario, Luis Videgaray Caso. Los acuerdos y los mecanismos para financiar “Juntos Podemos”, a través de instancias como el Instituto de Mexicanos en el Exterior, dependiente de la cancillería, y a la Red de Empresarios Mexicanos en Estados Unidos, fueron diseñados en la oficina de Videgaray y pactados con la propia Josefina desde finales de 2014 y comenzaron a fluir desde en 2015. “Sólo Videgaray sabía de ese manejo y de las aportaciones porque él diseñó el esquema ofrecido a Josefina en uno de sus múltiples encuentros con el presidente en Los Pinos”, dijo una fuente cercana a la ex candidata panista.
Por eso Vázquez Mota, a decir de sus cercanos, se dice “traicionada” por quienes le ofrecieron apoyo para una labor a la que ella impulsó primero como titular de Sedesol y retomó como su proyecto personal tras perder la elección presidencial en 2012.
La amistad de Josefina con Peña Nieto y Videgaray data de finales de la campaña presidencial de aquel año. Abandonada entonces por el presidente Felipe Calderón que ya había pactado con Peña, en su obsesión por impedir el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, según relata el periodista Alvaro Delgado en su libro “El Amasiato” publicado en mayo de esta año, Vázquez Mota quedó prácticamente a la deriva y en una campaña sin recursos y rodeada de calderonistas que jugaban en su contra para garantizar su derrota y cumplir así el pacto entre Los Pinos y el grupo mexiquense del PRI que arribaría al poder.
Pasada la elección, tras un obligado retiro de casi un año –por crisis nerviosas y de salud, por desórdenes alimenticios que le dejaron los meses de proselitismo– la ex candidata del PAN reapareció públicamente en mayo de 2013. Por esas fechas tuvo uno de sus primeros encuentros en Los Pinos con el ya presidente Peña Nieto, que desde los días posteriores a la elección presidencial envió a un mensajero para ofrecerle a la panista “todo el apoyo y la ayuda que necesitara” en su recuperación. Ese mensajero fue Luis Videgaray que desde entonces trabaría una cercana “amistad” con Vázquez Mota y que después le armaría y ofrecería el “esquema financiero” para ayudarla en su “noble labor”.
Lo que vino después remite al gobierno priista del Estado de México y a una clara estrategia de operación política del gobernador Eruviel Avila –aliado cercano del ex secretario de Hacienda– para garantizar que la candidata alianciasta que resultaba más competitiva y que podría poner en jaque el histórico dominio del PRI en el Estado de México, quedara noqueada y sin poder levantarse. Se despejaba así el camino para un, no seguro, pero sí más probable triunfo priista en los comicios de gobernador en 2017. Fue el holocausto de Josefina; y ella ardió en el sacrificio político que le tendieron sus “amigos”.
